La diputada nacional y exconsejera de la Magistratura Graciela Camaño, que integra el Interbloque Federal junto a otros diputados bonaerenses, schiarettistas y socialistas, confirmó que está en contra del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y advirtió: “No tenemos que entrar en el circo que promueve el Ejecutivo”.
“Los argumentos que se esgrimen para atacar a los miembros de la Corte no me permiten inferir que las decisiones que tomaron sean impropias, irrazonables o arbitrarias”, analizó la legisladora en diálogo con este medio.
Además, Camaño sostuvo que “meter todo en la misma bolsa y querer utilizar el Poder Legislativo para generar opinión pública o para tener un mejor posicionamiento electoral es impropio, porque lo que se está cuestionando es a otro poder del Estado”.
¿Corresponde el juicio político a la Corte?
La presentación del Poder Ejecutivo es un escrito ambiguo con un déficit metodológico importante. Por ejemplo, habla de unas declaraciones del titular de la Corte frente a camaristas, comentadas por un periodista de La Nación, donde refiere a la necesidad de que una reforma judicial sea realizada con consenso, incluyendo al Poder Judicial.
Hablan de que (Horacio) Rosatti hizo una suerte de amenaza solicitando la aquiescencia del Poder Judicial para la reforma. Es absolutamente improcedente. Todos los poderes debemos contribuir al buen funcionamiento de la Justicia.
El Ejecutivo también hostiga muchísimo con lo que denomina el “rol de co-legislador” del Poder Judicial. Hay una ignorancia supina del derecho constitucional. Muchas veces las decisiones pretorianas de la Corte generan jurisprudencia cuando hay vacíos legales.
Pero en el fallo sobre el Consejo de la Magistratura que restituyó una ley derogada, ¿la Corte no está asumiendo facultades legislativas?
Ese fallo no fue de mi agrado, porque ha impedido el buen funcionamiento del Consejo. Hasta el fallo el Consejo funcionaba, después del fallo dejó de funcionar. Pero me parece que el fallo está logrado.
Declara la inconstitucionalidad de la ley por un reclamo del Colegio Público de Abogados a raíz de la ineficiencia de la Ley 26.080 en cuanto a la representatividad equitativa que debía tener el estamento de los abogados. Y efectivamente, si se miran los números, el estamento de los abogados se vio perjudicado en la norma.
El Congreso también tiene la obligación de observar la constitucionalidad política. La imposición de las mayorías a veces hace que se saquen normas inconstitucionales. Precisamente para eso es que se crea el Poder Judicial como un poder contrafáctico.
¿Le parece que esta Corte actúa con independencia?
Nosotros necesitamos una reforma judicial. Y el meollo de la futura reforma judicial es la aplicación del proceso acusatorio, que es lo que va a resolver, en parte, muchas de las irregularidades de poder excesivo que a veces tiene en la práctica el Poder Judicial argentino.
Si logramos poner en marcha el proceso acusatorio por sobre el inquisitivo, que es el que tenemos actualmente (salvo en Salta y en trámite en Santa Fe y Mendoza), estaríamos frente a otro Poder Judicial. Llevamos cuatro años de gobierno de Macri y tres de Alberto Fernández donde venimos perdiendo tiempo en la puesta en marcha del proceso acusatorio.
El tema pasa por ahí y por tener una ley del Consejo de la Magistratura donde haya un equilibrio y una interpretación acabada de lo que dice la Constitución.
A esta Corte también se le cuestiona el fallo sobre la coparticipación que favoreció a CABA, y, en el caso puntual de Rosatti, presuntos nexos con el Gobierno porteño…
Se mezclan una serie de cuestiones para hacer una imputación a un poder del Estado, algo que es absolutamente incorrecto. No se puede decir “el Poder Judicial no funciona”.
Hay jueces que funcionan, hay instancias y fueros que hacen un gran sacrificio y aportan muchísimo al servicio de Justicia. Y hay instancias y fueros cuyos integrantes tienen cuestionamientos. Pero una cosa son los cuestionamientos que puedan tener los integrantes, y otra cosa es intentar ametrallar al Poder Judicial. Yo eso no lo comparto.
En este caso y por lo que menciona el escrito, los argumentos que se esgrimen para atacar a los miembros de la Corte no me permiten inferir que las decisiones que tomaron sean impropias, irrazonables o arbitrarias. Estas cuestiones no están dadas en los casos que se tomaron de ejemplo para solicitar el juicio político.
¿Las conversaciones que se filtraron no merecen ser investigadas?
El caso de las escuchas ilegales y el contenido en el caso de las grúas es un escándalo muy grande que el Gobierno de la Ciudad debe responder adecuadamente. Pero meter todo en la misma bolsa y querer utilizar el Poder Legislativo para generar opinión pública o para tener un mejor posicionamiento electoral es impropio, porque lo que se está cuestionando es a otro poder del Estado.
Se habla de un ataque del Poder Judicial al Legislativo y al Ejecutivo, pero cuando el ministro (de Justicia) vino al Congreso dijo barbaridades contra el Poder Judicial. Se tiran con espinas y pretenden que la opinión pública y la dirigencia política estén atrás de estas cuestiones, que ni siquiera tienen solidez en el planteo.
Nosotros no tenemos que entrar en el circo que promueve el Ejecutivo. Esto de pararse ante una tribuna para pregonar constantemente frente a la sociedad la destrucción del Poder Judicial no es sano para las instituciones ni para el país. Todo esto surge por parte del presidente frente a su propia interna.
¿Cree que es un intento del presidente de congraciarse con Cristina?
Indudablemente. Todo esto está ocurriendo una vez que ella es condenada. ¿Qué es esta locura de pretender hacer funcionar un Congreso que no funcionó con anterioridad porque no se tuvo la capacidad o porque no se quiso, en temas importantísimos que quedaron pendientes, y de repente tener tanta vocación de trabajo para el mes de enero?
Es muy grave que el presidente de la Nación, que es el Poder Ejecutivo y que nuestra Constitución ordena que no debe inmiscuirse en temas del Poder Judicial, haya hecho de esto el “tachín tachín” de su vida.
