Tras intensas negociaciones, la oposición llegó a un acuerdo y se impuso este miércoles en la Cámara de Diputados con un dictamen de mayoría para reformar la ley que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de empoderar al Congreso y limitar el poder del presidente Javier Milei y quienes lo sucedan.
La derrota oficialista se dio en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Ahora, la oposición trabajará para pedir una sesión especial antes de que termine el período ordinario, el 30 de noviembre, con el fin de darle media sanción al texto y girarlo al Senado.
Unión por la Patria, al mando de Germán Martínez; Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto; y Democracia para Siempre, el nuevo bloque radical, se unieron en un texto consensuado que fija un plazo de 90 días para el tratamiento de los DNU y establece que, si no se aprueban en ese lapso, pierden vigencia automáticamente.
La oposición logró un dictamen de mayoría para ponerle un límite a los DNU
El dictamen de mayoría, que recibió 36 firmas, plantea para los DNU el mismo criterio que una ley: que sean aprobados con el voto de ambas cámaras, y rechazados por una sola. Hoy ocurre exactamente al revés, según la Ley 26.122 sancionada en 2006 a instancias de la expresidenta Cristina Kirchner.
El mecanismo actual dificulta la posibilidad de que el Congreso derogue un DNU. De hecho, este año se dio el primer rechazo total en la historia, cuando la Cámara de Diputados y el Senado anularon el decreto que otorgó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia en concepto de fondos reservados.
El dictamen de mayoría también indica que si un DNU es dictado mientras el Congreso se encuentra en receso, “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento”. Y agrega finalmente que, si un decreto es rechazado, el Poder Ejecutivo “no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.
El texto final fue fruto de un fuerte trabajo de articulación entre Martínez, Oscar Agost Carreño y Carla Carrizo, en nombre de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. De todos modos, los radicales firmaron en disidencia parcial, al igual que Margarita Stolbizer, del bloque de Pichetto.
En Democracia para Siempre había quienes, como Carrizo, pugnaban por mantener el rechazo bicameral de los DNU. Stolbizer, en tanto, cuestionó que el voto negativo del Congreso implique solamente la derogación de un DNU y no la declaración de nulidad.
Además del dictamen de mayoría, hubo tres de minoría: uno de la UCR de Rodrigo De Loredo (dos firmas); otro de la Coalición Cívica (dos firmas); y otro de La Libertad Avanza, con nueve firmas, por el rechazo. La posición de los libertarios significó, paradójicamente, la defensa de una ley de Cristina Kirchner. El PRO, que años atrás presentó proyectos sobre el tema, no firmó ningún despacho.
El dictamen de la UCR, presentado por Karina Banfi, coincide en que el rechazo de una cámara sea suficiente para voltear un decreto, pero no fija un plazo para el tratamiento. Además, abre la posibilidad de abordar los DNU en partes y aprobar rechazos parciales, a raíz del caso del DNU 70/23 de Milei, que tiene 366 artículos y abarca múltiples áreas.
La propuesta de la Coalición Cívica, encabezada por Juan Manuel López, es casi idéntica a la de la UCR, con la salvedad de un agregado que hizo el radicalismo para que el presidente de la comisión bicameral que analiza los DNU tenga que convocar de manera inmediata al tratamiento. Si no lo hace, podrán obligarlo cinco integrantes.
La jugada opositora nació en la sesión donde se ratificó el veto a la ley de presupuesto universitario. Allí se había aprobado una moción de Agost Carreño para emplazar a las comisiones a dictaminar este miércoles, lo que finalmente se cumplió. Milei ya amenazó con vetar la ley y denunció un intento de “golpe de Estado”. Ante ese escenario, hay quienes ya imaginan un destino de judicialización.
