Pese al cimbronazo político que significó el rechazo del DNU 70/2023 en el Senado Nacional, el mercado financiero se mantuvo en calma apoyado en el resultado fiscal que confirmó la continuidad del superávit en las cuentas públicas y en una mejora en la calificación de la deuda.
La jornada se había iniciado con una caída en los bonos que impulsó al presiente, Javier Milei, a montarse en una imagen de pantalla con cotizaciones en rojo y adjudicarle a los “orkos” (como denomina a su más férrea oposición) la destrucción de valor en la Argentina.
Pero con el correr de la jornada la tendencia fue variando y el saldo resultó positivo a contramano de lo que podía inferir a causa del escenario político.
Este cambio tuvo se apoyó en dos noticias relevantes para el sector financiero: la difusión de las cuentas públicas de febrero con saldo superavitario y la mejora en la calificación de deuda otorgada por la firma Standard and Poors.
Con la necesidad de retomar la iniciativa luego del traspié legislativo, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó el resultado fiscal de febrero, que habitualmente se da a conocer cerca del 20 de cada mes.
Cinco días antes, Caputo anunció que logró un resultado primario (ingresos versus ingresos) positivo de $ 1,2 billones, que luego del pago de intereses de la deuda dejó un saldo financiero de $ 338.112 millones.
De esta forma, en el primer bimestre el balance primario es superavitario en $3,2 billones (equivalente a 0,5% del PIB), mientras que el financiero es de $ 856.520.
Al respecto de este resultado cabe una aclaración: los números corresponden al balance “base caja” que es lo que efectivamente se pagó. A principios de mes, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) emitió un informe en el que indicó que en febrero las cuentas públicas habían incurrido en un déficit de $ 300 mil millones. Este trabajo toma en cuenta el “devengado”, o sea lo que el Estado computó que tiene que pagar, pero aún no lo efectivizó. Por tanto, se infiere que Caputo “pateó” pagos para llegar al superávit financiero en febrero, artilugio habitual en las cuentas del Estado.
De todas maneras la persistencia de saldos positivos es muy bien leído por los inversores, que además siguen confiando en la palabra del presidente sobre que el equilibrio fiscal “es innegociable”.
Por su parte, la calificadora Standard & Poors elevó la nota de la deuda argentina de CCC- a CCC con perspectiva estable. Si bien aún “es una mala nota” la reversión de la tendencia dentro del actual contexto aporta confianza a la plaza financiera.
Con este escenario el dólar blue cerró la semana retrocediendo a $ 1.020, sumando apenas $ 30 desde la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés.
Por su parte, el MEP avanzó levemente a $ 1.027, mientras que el CCL lo hizo a $ 1.067.
Los bonos soberanos operaron en alza, con uno de ellos, el GD30 con legislación extranjera que superó la cotización de U$S 50.
Por su parte, el Banco Central compró este viernes U$S 229 millones, sumando en el mes U$S 2.118 millones.
En la plaza accionaria también predominaron las tildes verdes con el MERVAL avanzando 2,9%. Los ADRs de papeles argentinos en Nueva York se comportaron de igual manera.
Milei consideró que todo este movimiento positivo en el mercado financiero antecede a una recuperación de la economía real.
En una entrevista radial sostuvo que “estamos transitando los días más duros” del plan económico y anticipó que se extenderá “hasta los primeros días de abril”.
Con la intención de consolidar el frente financiero, Milei reiteró que está negociando un crédito por U$S 15.000 millones para adelantar la salida del cepo cambiario. Pero en esta oportunidad agregó algunos datos adicionales. El dinero no vendría solo del FMI –con limitaciones para ampliar su capacidad de préstamos al país- sino que indicó que está negociando con otras agencias internacionales, países (¿Estados Unidos?) y añadió “inversores privados”.
De todas maneras insistió en que en caso de no poder cerrarse este pool de préstamos su objetivo es levantar el cepo a mitad de año con los dólares de la cosecha. En este caso cabe preguntarse la necesidad de tomar nueva deuda por U$S 15.000 millones cuando la solución propia está apenas a 90 días vista.
