Luego de la fuerte polémica y el revuelo que se armó en la Cámara de Diputados por el fallido intento para lograr el cuórum para tratar el proyecto de ficha limpia impulsado por el PRO, el Gobierno de Córdoba cambió de postura y decidió ahora acelerar el debate y buscará que la Legislatura provincial apruebe una normativa similar en alguna de las dos últimas sesiones programadas para diciembre o, a más tardar, en las primeras semanas de febrero.
En los últimos tres años, el oficialismo provincial evitó que el tema sea debatido en el recinto de la Unicameral.
Hubo varios intentos, con pedidos sobre tablas por parte del exlegislador radical Marcelo Cossar, para que se aprobara un proyecto que limite el acceso a toda candidatura a cargos electivos de aquellas personas con condena en la Justicia.
Incluso, el justicialista Juan Manuel Cid también presentó un proyecto que impedía candidatearse solo a aquellos con condena firme. Sin embargo, en la última gestión de Juan Schiaretti ficha limpia no logró avanzar más allá de esos intentos.
“Que la lucha de tantos años de miles de cordobeses que adhirieron y empujaron ficha limpia se concrete es una buena noticia. Es empezar a saldar un pedacito de la agenda de la gente y no la agenda del poder. Esperemos que no suceda lo de años anteriores y que realmente ficha limpia sea ley”, dijo el exlegislador radical.
“En mis cuatro años como legislador provincial (2019-2023), y actualmente director ejecutivo de la Fundación Ciudadanos he sido un impulsor y un militante a tiempo completo de la propuesta de una ley de ficha limpia para Córdoba, proyecto que presenté, defendí y empujé sin ahorrar esfuerzos frente a una incomprensible negativa a tratarlo por parte del oficialismo provincial”, agregó.
“Hoy no me ofende ni me molesta que se hayan apropiado del proyecto y de los argumentos para defenderlo. Todo lo contrario. Me reconforta saber que señalamos hace cinco años una hoja de ruta adecuada para debatir la calidad institucional en la provincia, y espero que esta ley sea después acompañada por otras, como acceso a la información pública... ficha limpia es una norma necesaria para que la política pueda poner límites y barreras para que los corruptos no tengan más espacio para esconderse en las listas partidarias y, por eso, se sitúa en el lado correcto de la historia”, insistió.
La UCR insistió el año pasado, pero tampoco consiguió el apoyo del oficialismo. Este año, cuando en Diputados el debate parecía inminente, el tema se volvió a agitar en Córdoba, aunque sin avances.
La radical Brenda Austin planteó en junio nuevamente la incorporación del artículo 49 bis al Código Electoral de la Provincia de Córdoba (ley 9.571). Allí se detalla que “no podrán ser candidatas las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
También Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, presentó otro proyecto que apunta a limitar el acceso de candidaturas de cargos a quienes tengan condena y que pretendan ocupar puestos en instituciones sociales.
En octubre de este año, fue la oficialista María Victoria Busso, con la firma de las legisladoras Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino quien presentó un proyecto que también establece que “la inhabilitación se extienda desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena”.
Y que fija que no podrán ser candidatas a cargos públicos “los que hayan solicitado la realización del procedimiento de juicio abreviado siempre que haya mediado conformidad del juez de Control y no se haya producido retractación por parte del imputado”.
Ambas propuestas avanzaron en comisión hasta octubre pasado con una clara intención de ser compatibilizadas, aunque siempre a la espera de una decisión política.
Ahora y tras el impacto que tuvo en Diputados la falta de cuórum y la decisión del PJ cordobés de avalar la propuesta a nivel nacional hizo que cambiar los planes. “Está la voluntad política para que ficha limpia quede aprobada en el corto plazo”, dijeron a La Voz desde el entorno del gobernador Martín Llaryora.
“Estamos con muchas ganas de avanzar”, confió un ministro de la mesa chica. Si bien no puso una fecha, comentó que no se descarta que sea antes de que termine el año legislativo.
Si el PJ acelera y logra un acuerdo con la UCR, la intención de las espadas llaryoristas en la Legislatura es aprobarlo por unanimidad. Las fechas son aún tentativas, pero se barajan las últimas dos sesiones de diciembre o en las primeras de febrero.
Miguel Siciliano, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, confirmó a La Voz la decisión: “Todo hace presumir que el tema será parte de las próximas sesiones. Entendemos que hay voluntad política de compatibilizar los dos proyectos nuestros con los de la UCR. Entendemos que el del oficialismo es más abarcativo en cuanto a contemplar los delitos, siempre pensando que sea impedir las candidaturas de quienes tengan sentencia en segunda instancia”.
Desde el bloque oficialista advirtieron que se retomará el debate en comisión con la invitación de representantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Córdoba. “Si es necesario, tras este debate, lo vamos a pedir sobre tablas porque hay voluntad, está la coyuntura dada y es un proyecto que puede salir por unanimidad”, confiaron desde la bancada oficialista.
Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Córdoba (Encuentro Federal), fue el primero en advertir, el viernes pasado, la aceleración del PJ. “Es momento de acelerar con ficha limpia y esperemos que esto se haga”, aseguró.
Qué dice el proyecto del PJ
Busso explicó que su propuesta plantea la incorporación del artículo 49 bis del Código Electoral de la Provincia de Córdoba, en el que se establece que “no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales, ni a cargos partidarios las personas que se encontraren condenadas en segunda instancia”.
Y aclaró que “aunque la sentencia no se encontrara firme, quedan impedidos los que estén alcanzados por los delitos contra la administración pública”, como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
También en el proyecto se establece el impedimento para los que hayan cometido delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la seguridad de la Nación, al estado civil de las personas, de narcotráfico y lavado de dinero como lavado de activos de origen delictivo, narcotráfico y contra la vida y la integridad física, entre otros.
“Se trata de establecer o elevar los estándares de idoneidad y ética de aquellas personas que quieran acceder a candidaturas de cargos públicos, estableciendo como requisito la ausencia de la existencia de condenas por delitos graves, de manera tal que de algún modo se reconstruya la confianza de la ciudadanía con la política y sus instituciones”, expresó Busso.
“Lo que hicimos es aumentar e ir un poco más allá de los delitos netamente de corrupción o contra la administración pública y la transparencia, entendiendo que también hoy los candidatos, al menos a nivel local, no deben ser condenados por delitos, por ejemplo, por homicidios dolosos agravados, por delitos contra la violencia de género y por delitos relacionados con el narcotráfico, distinguiendo también que estas condenas son tanto por la provincia, o sea por delitos que se juzgan por nuestros tribunales locales como también en el Foro Federal”, agregó.
Qué dice el proyecto de la UCR
La radical Austin propone también incorporar el artículo 49 bis y detalla los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Además del delito contra la integridad sexual, entre otros.
En diálogo con La Voz, expresó que también pedirá que estén impedidos no sólo los candidatos a cargos electivos. “Los proyectos son similares, coinciden en qué instancia se aplica la ficha limpia. En el caso de mi proyecto, es condena en segunda instancia. Que no es lo mismo que condena firme, como pedía Cid, pero eso ya existe”.
“En cambio, ahora el proyecto que presenta Busso toma el mismo criterio que el mío, que es condena en segunda instancia. Que es lo que se está discutiendo a nivel nacional. Y después allí viene el abanico de delitos comprendidos. Inicialmente siempre se trabajó sobre los delitos contra la administración pública, fundados en que son los que se llaman delitos constitucionales, que están equiparados a los delitos de crímenes de lesa humanidad y de atentados contra el orden democrático. A estos los de enriquecimiento ilícito, la Constitución los equipara a la pena de infame traidor a la patria. Por eso me inclino por para incluir otros delitos, me inclino a los delitos dolosos con pena privativa de la libertad”, insistió Austin.
Además, adelantó que irá por otro proyecto para que ficha limpia no sólo alcance a cargos electivos. “Chubut es una provincia que ya hizo esa modificación, por lo que quien tenga condena en segunda instancia no podrá asumir un cargo de funcionario público”, subrayó Austin.
