“Estatismo: tendencia que exalta la plenitud del poder del Estado en todos los órdenes”, indica el diccionario. De manera silenciosa o evidente, potenciada por la pandemia, eso es lo que está ocurriendo en la Argentina.
Hay sectores que hoy sobreviven sólo porque el Estado les ha dado alguna ayuda específica: Repro para pagar sueldos, bonificación de tasas, prórroga del pago de impuestos o de la energía. Son los más afectados por las restricciones.
Para mayo, en el Repro (que abona 22 mil pesos por trabajador registrado) se anotaron 55.608 empresas, que emplean a 1.132.101 de trabajadores, el 19% del total del empleo privado.
Esa asistencia es lógica y está claro que se retirará cuando pase la pandemia o al menos cuando puedan trabajar los hoy inhibidos. Pero ha colaborado en la construcción de una épica estatista que avala, con poco disenso social, el avance en otros sectores de la economía.
Los más estructurales
Están los que tenían asistencia del Estado antes de la pandemia, pero con la crisis del Covid el aporte estatal se acentuó: transporte y energía constituyen los ejemplos más claros.
Los sistemas de transporte urbano de todo el país no llegan a pagar con tarifa la mitad de lo que cuesta mantener el servicio en funciones, con fuertes diferencias regionales: en el Amba los usuarios del 2021 cubren el 20% y en Córdoba, el 60%. Los aumentos salariales del 2021, que las empresas han dicho que no pueden asumir, agrandarán todavía más esa ecuación porque el sistema sigue teniendo el mismo tamaño, con menos usuarios y costos más altos.
En energía, a nivel global, las tarifas volvieron a estar atrasadas como estaban en el 2015, con costos crecientes de producción de gas y de luz, que cubre el Estado.
El precio del MWh, incluyendo el transporte, está en 7.157 pesos para el período mayo-octubre. Los usuarios residenciales pagan 2001 pesos, es decir, apenas el 28% de lo que cuesta el mega. El resto, lo paga el Estado.
En gas la ecuación era parecida, pero se agravará aún más después de la sanción de la ley de zonas frías, que reduce 30% la tarifa a la mitad de los usuarios de gas natural del país.
A este listado tan crucial, como es el transporte y la energía, se agregó otro clave, que no está claro si podrá recuperar la independencia después de la pandemia: la salud.
Agobiados hace 16 meses por la demanda del Covid 19, los prestadores han recibido ayuda para el pago de salarios, exenciones impositivas, emergencias económicas para que no se les ejecuten deudas y bonificaciones en energía. Algunos han logrado que el Estado negocie los precios del oxígeno y de algunas drogas en lo que se entiende como una intervención razonable para un sector estresado y casi quebrado. ¿Y después?
En la Unión Argentina de Salud que preside Claudio Belocopitt entienden que esa intervención no es inocente sino que apunta a llevar al sector al límite para después justificar una estatización o algo parecido. Prohibirles subir las cuotas a las prepagas iría en ese sentido.
En varios frentes
Además, hay intentos específicos en avanzar directamente con el control de lo que hoy está en mano de un privado. La santafesina Vicentin es el ejemplo de lo que no pudo ser, pero la Nación y el Gobierno de Mendoza pusieron 20 millones de dólares para sostener a la empresa Impsa, argumentando que es una “empresa estratégica”.
Así, la Nación ahora es dueña del 63,7% del paquete accionario y Mendoza, del 21,2%. Impsa se dedica al equipamiento para la industria del petróleo y del gas.
La mayor petrolera estatal, YPF, logró que el 25% de lo recaudado por el impuesto a la riqueza vaya a reducir su déficit estructural.
Aerolíneas Argentinas ha sido la única que se mantiene en pie, con fuerte sospecha de que ése era el principal objetivo a lograr en el mercado aerocomercial.
En los corredores viales el Estado tenía el 49% y ahora tiene el 51%. El presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes tiene inmuebles ociosos como herencia para los hijos y en la ciudad de Avellaneda se aprobó un proyecto para que pasen a manos del Estado los que estén ocho años deshabitados o sin construir.
Máximo Kirchner impulsa un proyecto para nacionalizar la industria del litio, llamado ahora “oro blanco”, presente en Jujuy, Salta y Catamarca y para esa misma dirección va la concesión de la hidrovía, el canal por donde sale el 75% de las exportaciones agroindustriales del país.
¿Y entonces? ¿Sobrevuela la creencia de que el Estado todo lo puede? ¿Es la exaltación del poder del Estado porque sí? ¿Hay un plan, es ideología pura o se trata de proyectos que son razonables en algunos casos?
Para el economista Aldo Abram la mayor intervención es coyuntural y electoralista. “No creo que esto sucedería si no hubiera elecciones, a principios de año que viene vamos a ver una corrección”, dice, en referencia a las tarifas de los servicios públicos.
De todos modos, mientras dure esa intervención, el perjuicio es enorme. Las empresas se van de foco: gestionan en función de cuándo entra el aporte del Estado. Y cuando se demora, como pasó esta semana con los colectivos de la ciudad de Córdoba, tienen dificultades: paro, reuniones, actas y horas enteras dedicadas a reclamar por lo que no llega.
“La intervención estatal disuade inversiones porque los precios son fundamentales para la asignación de recursos”, dice el economista Daniel Montamat.
“Precios discrecionales y reglas discrecionales son la trampa cortoplacista y sucede en sectores de capital intensivo, donde se necesita inversión reproductiva”, agrega. Como a duras penas se está reponiendo el capital desgastado, a su entender el drama de generar empleos continuará porque no hay inversiones. “Como consecuencia de eso seguiremos con una economía declinante, con niveles desgastantes de pobreza”, dice.
“Nadie se anima a hacer inversiones cuando el retorno de esa inversión depende de una decisión del gobierno”, completa Manuel Solanet, director de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso. “Hay una propensión a que el Estado se agrande en lugar de achicarse”, agrega.
Si el Estado avanza, disuade la inversión privada y los fondos públicos siempre son pocos para asumirla. En muchos casos, además, no tiene cuadros técnicos profesionales dedicados a la gestión. “Nuestro Estado está fundido, si fuera superavitario y pudiera reasignar recursos es una cosa, pero se financia con papel pintado, es decir, con emisión inflacionaria”, advierte Montamat.
El espejismo de ayudar
El espíritu estatista, ese afán de estar omnipresente en todo, ha llevado a algunos absurdos cuasi-invisibles. La economista Diana Mondino lo llama “espejismo”, algo así como “cobrar con la derecha para pagar con la izquierda”.
“Hay sectores a los que se ayuda, pero es un espejismo o una incoherencia, porque se subsidia con los impuestos que pagan los consumidores”, dice la directora en la Universidad Cema.
En las boletas de gas y de luz, por caso, hay más del 40% de impuestos. Para el transporte, el 58% del combustible es impuesto, más la carga tributaria sobre el trabajo. Entonces, el Estado es intermediario. “Cuando se cobra con la derecha y se paga con la izquierda se pierden los incentivos: el que produce no tiene incentivos para ser eficiente y el consumidor, para ser cuidadoso, porque nadie ve los impuestos que se están pagando”, dice.
Mondino advierte: “Todo esto sin considerar las pérdidas o la corrupción, donde se dan más subsidios a los amigos”.
Ese pasamanos, que alimenta toda una oscura burocracia estatal, fogonea otro relato: que los servicios públicos deben ser baratos porque el Estado los subsidia. Pero el Estado no invierte, subsidia el costo de lo que todavía genera el sector privado. Sin precios, desaparece la inversión.
Para Mondino, el Estado “debería reducir su intervención en actividades que no son esenciales, pero si quisiera mantener una participación del 50% en la economía, una de las más altas del mundo, debe permitir al mismo tiempo que haya alta productividad en el sector privado y hoy no la tenemos”.
Las consecuencias están a la vista: Argentina no crece. La pobreza en la década del ´60 alcanzaba a apenas al 2% de la población y hoy el 42% de los argentinos no tiene lo suficiente para vivir, anquilosada en un mínimo de 25% desde hace al menos tres generaciones.
La agenda del día después no aparece
Hay aprobación social respecto del auxilio del Estado a los trabajadores de sectores que no han podido trabajar por las restricciones o los informales, que el año pasado recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia.
La monopolización de parte del Estado nacional a la hora de contratar a proveedores de vacunas fue natural y entendible al principio, cuando el mundo competía por las vacunas. Pero a la luz de los hechos, muchos cuestionan hoy la política la propuesta del Ministerio de Salud de Nación, que en teoría alienta a los estados federales a comprar vacunas. “Es nociva esa política porque les descuentan las vacunas del cupo que les da Nación”, dice la economista Daiana Fernández Molero. “¿Cuál es el incentivo”, se pregunta.
Su objeción viene a cuenta de la agenda de reactivación en la que debería estar pensando la Argentina y no lo hace. “¿Cuál sería la política de reactivación inmediata en nuestro país? Vacunar y vacunar, para reactivar todo y en especial el turismo, pero vemos primero la cuestión ideológica de ir a buscar vacunas a Cuba cuando no hay en Cuba y no optamos por lo más evidente que son las vacunas que funcionan”, dice. Y va más allá: “Hay incluso una cuestión de amiguismo, porque se garantizó que los que hoy desarrollan vacunas sean los laboratorios de amigos y no fue con licitación pública”, objeta Molero, ex Subsecretaria de Programación Microeconómica de la Nación.
De todos modos, ausencia del Estado también tiene sus efectos nocivos, especialmente cuando la ausencia ha sido adrede. Es el caso de lo que sucedió con el mercado aerocomercial en Argentina, uno de los sectores más golpeados en el mundo pero que aquí sólo se atendió vía Aerolíneas Argentinas. “Si en lugar de promover que haya más aerolíneas y más vuelos para que cuando venga gente de afuera se pueda reactivar, la recuperación va a ser menor porque no tendremos aerolíneas”, dice.
