El exdiputado nacional del Frente de Todos por Mendoza y actual legislador provincial José Luis Ramón pidió este miércoles que el Estado nacional y los gobiernos provinciales revisen y revoquen las concesiones de las empresas transportadoras y distribuidoras de gas, para que sea el sector público quien se ocupe de prestar los servicios.
Ramón se manifestó a favor de que empezar a debatir la posibilidad de que sea el propio Estado quien se hagan cargo de la provisión y acceso a un servicio público como el gas.
Y afirmó que “no puede haber aumento de tarifas” este año porque es necesario “recomponer los ingresos de las familias.
Ramón, el diputado que se pasó al kirchnerismo
El dirigente -que a fines del año pasado se sumó al Frente de Todos- habló en la audiencia pública 102 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que se realiza de modo virtual por la pandemia de Covid-19.
El ex diputado nacional dijo que la “cuenta real” indica que las tarifas finales que pagan los usuarios de gas en Mendoza aumentaron 6.800% entre 2016 y 2019, mientras que el valor de la electricidad subió 3.374%. Ese ese período, se quejó Ramón, la inflación acumulada fue del 281%.
“En promedio, los precios de los servicios subieron 29 veces por encima del ajuste que registraron los salarios”, cuestionó Ramón.
En ese sentido, el diputado provincial electo insistió con que “es momento de que el Estado Nacional y los estados provinciales empiecen a considerar esta idea de las privatizaciones que se hicieron allá por el año 1992″.
Afirmó que los discursos de los empresas que “construyeron sociedades anónimas” sobre que no pueden hacer inversiones porque la tarifa no tiene valor va a “contramano de la realidad de aquello que estamos planteando de prestar servicio públicos”.
Para Ramón, el gas es un servicio “común”
Según el exlegislador nacional, el gas y otros servicios como el de la electricidad “son bienes comunes de cada uno de los ciudadanos, que son derechos sociales, que no son bienes del mercado”.
Por ese motivo, dijo que la prestación del servicio público debería ser “garantizada” por el Estado, así como “el derecho a la información, el cuidado de la salud, la seguridad y, por sobre todas las cosas, el interés económico del usuario consumidor”.
Según Ramón, el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, y su equipo de trabajo, “tienen una concepción en esta línea, sobre que la provisión de un servicio público, que es un bien común y un derecho social, no es un bien de mercado”.
