El exlegislador provincial Aurelio García Elorrio, uno de los impulsores de las denuncias por presunta corrupción en la obra pública cordobesa, cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firmes los archivos de tres causas iniciadas contra funcionarios de las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Según el dirigente, fundador de Encuentro Vecinal Córdoba y referente de la asociación civil Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASOMA), el máximo tribunal “no convalidó las decisiones de la Justicia cordobesa”, sino que “rechazó el recurso de queja por un tecnicismo”.
“La Corte debía entender en un recurso de queja por haber denegado la Sala Penal del TSJ la condición de querellante en tres causas”, explicóm, y agregó: “Históricamente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia admitía a asociaciones que luchaban contra la corrupción como querellantes, pero luego de la denuncia por el Hotel de Ansenuza cambiaron de criterio”.
El pasado jueves, la Corte Suprema confirmó el cierre de tres expedientes vinculados a presuntas maniobras irregulares en la adjudicación de obras y contrataciones públicas durante las gestiones de De la Sota y Schiaretti. Las causas estaban relacionadas con los Gasoductos Troncales, una licitación de la Administración Tributaria de Córdoba (ATC) y una denuncia contra el entonces fiscal Gustavo Hidalgo, hoy juez de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos presentados por García Elorrio y los exlegisladores Liliana Montero y Juan Quinteros, quienes actuaron en nombre de ASOMA.
El fallo consideró que los denunciantes incumplieron los requisitos de la Acordada 4/2007, que exige acompañar documentación y copias certificadas de los dictámenes previos para habilitar la instancia extraordinaria.
“No convalidaron nada”
García Elorrio cuestionó el razonamiento del máximo tribunal y sostuvo que la imposibilidad de acceder a los dictámenes fue consecuencia de que la Justicia cordobesa no los reconoció como parte querellante.
“El TSJ no nos dejó acceder al expediente ni al dictamen del fiscal general, y ahora la Corte dice que no acompañamos esa copia. Es un círculo perfecto de impunidad: no nos admiten como querellantes, no nos dejan ver el expediente y después nos rechazan porque falta un documento que no podíamos conseguir”, afirmó.
“La Corte no ha convalidado nada de la justicia penal de Córdoba, sólo dijo que no aceptaba el recurso porque faltaba esa copia. La Justicia penal anticorrupción de Córdoba se convalida a sí misma”, remarcó.
El exlegislador también apuntó a lo que considera una política de cierre sistemático de causas sensibles dentro del fuero anticorrupción provincial. “Después de la denuncia por el Hotel de Ansenuza, cambió el criterio: desde entonces, las asociaciones que luchan contra la corrupción fueron excluidas. Fue un retroceso institucional”, afirmó.
La UIF y los gasoductos troncales
Una de las causas más emblemáticas fue la que investigaba la adjudicación de los Gasoductos Troncales, obra insignia del schiarettismo. García Elorrio recordó que la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri había tomado intervención y señalado presuntas irregularidades en la operatoria financiera de las empresas vinculadas a la obra.
“La UIF de Macri algo vio cuando intervino, pero tuvo la delicadeza de mandar a investigar al fuero anticorrupción de Córdoba. Así, la investigación quedó empantanada porque nunca nos admitieron como querellantes”, denunció.
Según su planteo, la investigación debía tramitar en la Justicia Federal de Buenos Aires, por la posible existencia de maniobras vinculadas al lavado de activos. “Si no hubiera habido un acto de cristalinidad política, lo que debió intervenir era la justicia federal porteña. En definitiva, eso sucederá ahora que nos hemos librado del embudo judicial cordobés”, adelantó.
El dirigente opositor, quien viene denunciando hace años la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos en Córdoba, insistió en que la decisión de la Corte “no cierra el tema”.
“Esto no es el principio del fin, sino el fin del principio”, dijo, en alusión a que planea continuar impulsando acciones judiciales en otros ámbitos.
García Elorrio vinculó además la decisión del máximo tribunal con el contexto político actual y con el futuro del exgobernador Schiaretti. “La Corte puede haber ayudado, quizá de manera indirecta, a blanquear la imagen de Schiaretti, que será muy necesaria en 2027 para intentar recomponer el peronismo”, opinó.
“Tarde o temprano se investigará”
El exlegislador insistió en que los movimientos financieros detrás de los gasoductos troncales y otras obras seguirán bajo observación.
“La forma en que exfuncionarios de Córdoba se quedaron con valiosos activos de la empresa de la familia Macri en Puerto Madero, al mismo tiempo que otros se retiraban de su triunfo en la licitación de los gasoductos troncales, es donde apuntó la UIF. Eso tarde o temprano se investigará, lejos del embudo judicial cordobés”, aseguró.
Además, García Elorrio planteó que la decisión del máximo tribunal no implica el cierre político del tema. “Nos hemos liberado de una justicia que mira para otro lado cuando se trata del poder”, concluyó.
Con la resolución de la Corte Suprema, las causas quedan definitivamente archivadas y sin posibilidad de revisión. Sin embargo, las palabras de García Elorrio revelan que, al menos en el terreno político, el capítulo está lejos de cerrarse.
Mientras el fallo pone punto final a un extenso recorrido judicial iniciado hace casi una década, los cuestionamientos al funcionamiento del fuero anticorrupción provincial y al control sobre la obra pública cordobesa siguen abiertos.
Para García Elorrio, la Justicia provincial “no quiso investigar”, y la Corte, al desestimar su queja, “le dio tiempo y oxígeno a un sistema que se protege a sí mismo”.
