Gala Díaz Langou es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, también es licenciada en Estudios Internacionales y tiene posgrados en Integración, Desarrollo y Políticas Públicas. Es directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la prestigiosa usina de ideas para el desarrollo del país, que de manera recurrente pone la lupa en el sistema jubilatorio argentino. En diálogo con La Voz, explicó por qué se trata de una reforma imprescindible.
– ¿Por qué Cippec apunta al sistema previsional como la gran reforma estructural pendiente?
– Porque es el principal componente del gasto público: en lo que más gastamos como país es en jubilaciones. El año pasado fuimos testigos de muchos esfuerzos para equilibrar la macroeconomía, y esto se tradujo en la caída de la inflación. Eso fue fundamentalmente producto de un equilibrio en las cuentas públicas, de reducir el déficit fiscal. Pero eso no está asegurado y la principal amenaza es que el sistema previsional crezca durante este año en el peso que implica, porque tenemos una fórmula de actualización que es procíclica y ya no tenemos el contexto inflacionario que se utilizó para ajustar lo que implicaba ese gasto. Entonces es importante entender que si no ordenamos el sistema previsional, no está blindada la estabilidad económica. Para asegurar el futuro es necesario tener cuentas públicas que estén sanas y que sean sostenibles a futuro, y eso implica en gran medida trabajar sobre el sistema previsional, para que sea más sostenible, menos oneroso para el presupuesto nacional y al mismo tiempo más equitativo y que le mejore la situación al 80% de jubilados a futuro.
–¿Cuál sería la vía para una mayor equidad?
– El gasto público en jubilaciones son 10 puntos del PBI y casi la mitad se gastan en excepciones al régimen general. Ahí hay que trabajar.
–¿Proponen la eliminación de los regímenes especiales?
–Son regímenes diferenciales, ya sea de los exfuncionarios, las fuerza de seguridad, los docentes. Todos suponen algún beneficio extraordinario, a veces el beneficio es tener una jubilación muy alta, a veces el beneficio es jubilarse a los 50 años, a veces es tener dos o tres beneficios en simultáneo, y eso es inequitativo porque no hay un criterio objetivo detrás de esta asignación. Si se le otorgan a profesiones que creemos que tienen un valor especial para la sociedad, ¿por qué docentes sí y médicos no? ¿Cuál es el criterio?
–También hay casos, como el de las fuerzas de seguridad, que probablemente deben dejar antes esa actividad, pero podrían seguir haciendo otras tareas…
–Se trata de pensar un poquito más estratégicamente en esas articulaciones y en cómo usamos también la fuerza productiva para construir un país lo más pujante que podamos.
–Se terminó la moratoria. ¿Qué se debe hacer ahora las personas que no tienen los 30 años de aportes?
–No es un debate entre moratoria sí o moratoria no. Nuestra posición es que esta es una situación en la cual estamos optando entre dos subóptimos y la solución no es generar una nueva moratoria, ni quedarnos sin moratoria. Lo primero sería un parche y lo segundo es injusto, porque queda un montón de gente afuera. Tal vez lo que está fuera del sentido común es que pidamos 30 años de aportes. Esto no tiene ningún fundamento en el sentido común, ya que sólo el 24% de la población llega a los 30 años de aportes y eso implica que tres cuartos de la población tienen que acudir a otro mecanismo para jubilarse, frecuentemente una moratoria. Ahora bien, en esa moratoria quien tiene 10 o 15 o 28 años de aportes termina teniendo una jubilación similar que el que tiene dos años de aportes, y esto es muy injusto. Y lo es todavía más para quien tiene 40 años de aportes, porque no se le reconocen esos 10 años extra. Es una cuestión que no tiene ningún sentido.
– Y entonces, ¿cuál sería la salida para eso?
–Nuestra propuesta es crear un sistema que reconozca que Argentina ya tiene un mercado de trabajo dual, esto quiere decir que tenemos más del 40% de puestos en la informalidad.
–El 55% del trabajo privado es informal en Córdoba.
–Es la situación de numerosas provincias, aunque en nuestro ideario tenemos otra foto del mercado de trabajo, porque pensamos en una Argentina que ya no existe (o que tal vez nunca existió) y esto hay que reconocerlo, porque implica reconocer que hoy el sistema previsional no es sostenible. No lo es porque no se cubre con contribuciones: la mayor parte del presupuesto previsional se cubre con aportes del Tesoro, que son impuestos que pagamos entre todos, incluyendo a esas personas que trabajan en informalidad. Entonces eso implica reconocer que necesitamos un pilar que sea universal, que a partir de determinada edad es necesario que todas las personas puedan tener un ingreso independientemente de cómo haya sido su trayectoria laboral. Sobre esa base, sería muy bueno que reconozcamos cada año de aportes, que el que tiene más años de aportes gane más. Y que si una persona de 70 años quiere seguir trabajando, que pueda hacerlo y cuando se jubile que tenga un haber más alto, porque aportó más y porque tiene una menor expectativa de vida por delante que una persona de 60 o 65.
–¿En qué experiencia se basa esa propuesta?
–Gran parte de las experiencias del mundo, y sobre todo los países de la OCDE, tienen variaciones de esta naturaleza. A nosotros nos gusta un modelo que se llama de cuentas nocionales, que hace este cálculo de aportes en todo el ciclo vital en base al salario promedio de toda la trayectoria laboral. Porque lo de los últimos 10 años implica un corte discrecional también, supone que la carrera laboral es ascendente y termina premiando regresivamente a algunas personas. Hay que incorporar también la expectativa de vida hacia adelante. Eso también debería implicar que si uno decide jubilarse más tarde, sea por una jubilación más alta, y eso el sistema de cuentas nocionales lo permite y además elimina la discusión que tenemos latente, que es un problema político tremendo, de cuál es la edad jubilatoria.
–Ahora el FMI entre sus exigencias dice “reforma previsional” y lo primero que se piensa es: suben la edad jubilatoria.
–Es un parámetro. Nosotros planteamos una reestructuración mucho más de fondo que la de cambiar la edad jubilatoria: la de reconocer la dualidad del mercado de trabajo y sobre eso mantener esta gradualidad en los aportes, y también trabajar en las excepciones. Esto no tiene un impacto en el corto plazo, porque obviamente hay que mantener los derechos adquiridos y respetarlos, pero sí supone resolver un problema que está creciendo y que con el envejecimiento poblacional va a tener un impacto fenomenal.
–¿Los cambios se aplican sobre la población que ingresa al mercado de trabajo?
–Hay discusiones técnicas, eso termina siendo una discusión política. En algunos regímenes sí, pero no tiene que ser sí o sí a partir del ingreso al sistema. Lo que no se puede hacer es cambiar las condiciones de la persona que se jubila el año que viene. Pero es diferente si le avisás de los cambios 10 o 20 años antes de la jubilación y le das alternativas. Esas son las decisiones políticas que hay que tomar, por lo general los países que han implementado reordenamientos exitosos lo han hecho con alguna gradualidad y, sobre todo, anticipando varios años antes lo que va a ocurrir.
–Hay 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, entre ellas Córdoba. La semana que viene la Provincia y la Anses estarán en la Corte por los incumplimientos de la Nación. ¿Pueden seguir los regímenes provinciales?
–Son una excepción más, porque suponen beneficios extraordinarios por encima de lo que es el régimen general de reparto. No serían un problema si fuesen sustentables, el problema es que no lo son, entonces si querés un beneficio extraordinario, tenés que disponer de los recursos como para poder generarlo por encima de la norma general.
–Las provincias dicen que la Nación debería financiar lo mismo que en los haberes nacionales
–Pero entonces todas las provincias deberían subirse al régimen general: transferir sus cajas y después, pagar lo que quieran por encima de eso, ya sea con fondos provinciales o con mayores aportes. Incluso también lo podrían hacer con mecanismos de ahorro privado o voluntario, como hacen un montón de países. Eso no implica volver al esquema de AFJP, estoy hablando de algo complementario para quienes deseen tener un ahorro paralelo o un haber superior.
–Hay gente que pone la lupa sobre las pensiones por viudez. ¿Tienen sentido ahora que la mujer participa masivamente del mercado laboral?
–Tiene varias particularidades. Es una pensión vitalicia, sin importar los años que tenga la persona que queda viuda. Podemos pensar si eso es virtuoso, porque si es una persona joven, podría ser un acompañamiento por unos años y considerando también si hay hijos o no. La segunda particularidad es que las pensiones son acumulables, y esto no tiene mucha lógica. La pensión fue pensada para otra realidad, previa a la década de 1970, que fue cuando se empezó a dar la incorporación masiva de las mujeres del mercado trabajo en Argentina. Antes las mujeres sólo hacían tareas en el interior del hogar y eran los varones quienes salían a trabajar. Entonces se pensó la pensión entendiendo que las mujeres tenían una sobrevida mayor y no generaban ingresos. Eso cambió para buena parte de las mujeres: el 60% de las mujeres estamos activas en el mercado de trabajo y el otro 40% no necesariamente tiene un formato de familia nuclear. Esto que tenemos en la cabeza del matrimonio para toda la vida y los hijos con esa misma persona, representa tan solo a un tercio de los hogares. Los otros dos tercios son familias monomarentales, personas que viven solas, parejas sin hijos, familias ensambladas o distintas generaciones, primos, abuelos, hermanos que viven juntos. El esquema de pensión por viudez no se adapta a esa realidad que hoy tenemos en Argentina. Entonces quizás es necesario pensar esquemas que se adapten mejor a las necesidades que hoy tienen las familias en Argentina. Creemos que es posible llegar a un formato superador, sin que suponga desproteger a las viudas que son adultas mayores.
–¿Cuál es la política pública más valiosa de las últimas décadas?
–Creo que la Asignación Universal por Hijo, en este momento está siendo clave para mitigar los efectos de la recesión. El Gobierno interpretó rápidamente que era la vía para morigerar el ajuste y ese refuerzo explica los números de disminución de la pobreza que estamos viendo.
–¿Qué recepción tuvo la propuesta de Cippec sobre reforma jubilatoria?
–Bastante buena. Hay un consenso técnico de quienes han estudiado el tema seriamente, desde universidades, organismos internacionales y centros de estudio, de que hay que racionalizar el sistema previsional, para que sea sostenible y más equitativo, manteniendo la alta cobertura que es una gran virtud del sistema argentino. Cuando vamos a la política y tratamos de traducir este consenso técnico en consenso político es más complejo, pero durante el año pasado nos hemos reunido con todos los bloques. Creemos que esta discusión debería ser una prioridad de la política, ahora que se entendió finalmente que sin estabilidad macroeconómica es imposible pensar en el desarrollo de la Argentina. Una precondición base para esa estabilidad macroeconómica es tener equilibrio en las cuentas públicas y sin abordar el tema previsional ese equilibrio no se puede dar.
