A poco de cumplir las dos semanas, el remozado gabinete de Juan Schiaretti se sigue manejando con perfil bajo, pero con turbulencias internas y externas que hacen incómoda la etapa de adaptación de los nuevos funcionarios.
Está claro que no se trata de un relanzamiento como los que se hicieron en otras etapas de la gestión del peronismo cordobés, cuando los recién llegados o reacomodados ministros salían pronto a generar hechos de impacto.
Influyen, ahora, dos cuestiones: el estilo del gobernador, que pretende mostrar los cambios como retoques o ajustes a la continuidad de una administración, y los problemas que enfrentan los nuevos ministros, en especial porque ninguno viene de fuera de la actual gestión, sino que tuvieron cambios de roles.
El nuevo titular de Gobierno y Seguridad, Julián López, continúa con su idea de pocas exposiciones públicas y sin las definiciones tajantes que tuvo cuando estaba a cargo del área de Justicia. López quiere ordenar algunas cuestiones puertas adentro y sigue con la idea ya mencionada de centrarse en gobierno y en la relación con los intendentes, de modo tal que el espinoso asunto de seguridad quede en manos del secretario Claudio Stampalija.
También hay silenzio stampa del responsable de la Seguridad, pese a que viene ocupando puestos como asesor del Gobierno en la materia desde hace casi siete años.
La situación de la Policía de la Provincia asoma como cada vez más compleja, por la falta de personal, por las carencias de capacitación y por la cantidad de efectivos involucrados en hechos de inconducta, cuando no delictuales.
Estaba más que claro que el ahora legislador Alfonso Mosquera no iba a poder resistir el discurrir del juicio por Blas Correas. Todo lo que sucede en las audiencias de la Cámara Octava del Crimen tiene un alto impacto. Las imágenes de 20 policías que rodeaban el auto en el que Blas estaba moribundo, abriendo y cerrando puertas y no atendiendo la súplica de sus amigos de que lo socorriesen, revelan dosis alarmantes de falta de humanidad y de que los involucrados en el asesinato no son sólo los 13 uniformados sentados en el banquillo.
¿Cómo se formaron esos agentes públicos para llegar a un grado semejante de crueldad? Esa es una pregunta que interpela de lleno al poder político. Y que sigue sin respuestas.
Aguas turbulentas
En Salud, las aguas siguen turbulentas. El escándalo de las muertes de bebés en el hospital Neonatal de la Provincia suma exfuncionarios imputados, en una mancha que se extiende a la par de los interrogantes sobre el caso, en especial por las maniobras de ocultamiento.
La nueva ministra, Gabriela Barbás, sí optó por hablar en público sobre sus casi dos semanas al frente de la cartera. Fue muy escueta y centrada en que ella siempre tuvo un perfil más técnico que político, buscando dar respuesta a cuestionamientos de la oposición y a otros sectores respecto del rol importante que había tenido en el ministerio durante la gestión del ahora imputado Diego Cardozo.
Hubo mensajes cruzados entre algún sector del poder provincial y los exfuncionarios de Salud. De un lado, les recordaron a Cardozo y a los suyos sobre algunas otras denuncias, y del otro sector respondieron con un amague de hacer revelaciones en la indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, lo cual no ocurrió porque siguió el camino de sus anteriores subordinados: abstenerse de declarar.
Todos esos cimbronazos en Salud impactaron también sobre la ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, cuya cartera fue reducida en la reestructuración de gabinete.
El Gobierno tuvo que aclarar que Jure no tenía ninguna noticia previa de lo que estaba pasando en el Neonatal, ante conjeturas formuladas por dirigentes de la oposición y del propio oficialismo.
