El Gobierno nacional volvió a tener superávit financiero en abril sostenido por un fuerte recorte de gastos en jubilaciones y pensiones.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la Administración Nacional (a la que luego se le debe añadir el balance del resto del sector público) alcanzó el mes pasado un saldo positivo de $ 200 millones y en consecuencia el primer cuatrimestre culminó con un balance favorable de $ 800 millones.
El resultado primario (previo al pago de intereses de la deuda) del mes pasado quedó en verde en $ 500.000 millones, y desde enero acumuló $ 3,9 billones.
En la evaluación de enero a abril se observa que los gastos disminuyeron en forma real (descontada la inflación) 28,6%, mientras que los ingresos se contrajeron 2,8%.
Los pagos a la clase pasiva demandaron en el período $ 7.7 billones y explican 10,2 puntos de los 28,6% de caída.
El Gobierno nacional negó en reiteradas oportunidades que el ajuste estuviera recayendo sobre los jubilados, pero los mismos números oficiales lo contradicen.
Para enmascarar el nivel de licuación de los haberes de los jubilados, el presidente Javier Milei prefiere medirlo con 0,4% del PBI. Pero en la práctica se observa que es la clase pasiva la que está soportando gran parte del recorte para cumplir con el objetivo del equilibrio fiscal.
La forma en que alcanzó el superávit es uno los puntos que más se le cuestiona al Gobierno de Milei. Los elogios que recibe en el exterior se basan en los números macreconómicos, sin embargo la lectura interna de cómo se consiguieron los objetivos concluye en evaluaciones diferentes.
El mismo informe de la OPC recordó que en abril comenzó a regir la nueva fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones y afirmó que “al comparar el poder de compra promedio de cuatro meses de 2024 respecto de igual período de 2023 aún prevalece una caída real de 37,1% interanual.
En consecuencia, se desprende que el cambio de metodología para actualizar los haberes de los jubilados y pensionados sirvió para seguir licuando el gasto público.
A partir de esta situación, la oposición en el Congreso Nacional impulsó una serie de proyectos para modificar la propuesta oficial de subas a partir del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
La Comisión de Presupuesto y Hacienda debatió ayer sobre cuatro dictámenes que habían sido remitidos desde la Comisión de Previsión Social y finalmente la definición se postergó hasta la semana próxima.
Si bien los diputados de La Libertad Avanza ratificaron el apoyo a la actual fórmula de ajuste primó la voluntad de los bloques opositores que solicitaron tiempo para alcanzar un dictamen con mayor consenso.
De esta forma, se convino realizar una reunión Plenarias el próximo miércoles desde las 16.
Los proyectos que cuentan con mayor grado de factibilidad son los impulsados por Unión por la Patria y otro conjunto firmado por la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal.
Todos ellos procuran una mejora en los haberes jubilatorios mediante distintos mecanismos.
El hecho político es que los diputados de Unión por la Patria se muestran optimistas en alcanzar un consenso con los otros bloques que no acompañan la posición oficial.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión José Luis Espert cuestionó estas iniciativas por considerar que los mayores gastos no tienen su contrapartida de ingresos.
Durante el debate surgió nuevamente la propuesta de revisar la famosa “separata” del presupuesto que se ocupa de los regímenes especiales e insumen un gasto de 5 puntos del PIB para definir la compensación de ingresos.
