“Es incompatible el desempeño de un cargo en el Congreso de la Nación, cualquiera sea su categoría, con otro cargo público en el orden nacional, provincial o municipal, entes autárquicos o descentralizados, empresas y sociedades del Estado nacional, incluyendo los cargos electivos”.
Mirtha Susana Castro (74) fue condenada el viernes a dos años de prisión condicional por defraudar al Estado nacional por más de 1,5 millones de pesos, al percibir durante seis años una jubilación mientras, en simultáneo, cobraba su sueldo como empleada del Senado de la Nación y adscripta a la Municipalidad de Villa Tulumba, algo incompatible, tal como estipula la ley 24.600.
En su fallo unipersonal, el juez Fernando Marcelo Machado Pelloni, del Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de la ciudad de Buenos Aires, la inhabilitó además de por vida para ejercer cargos públicos y la obligó a pagar las costas del juicio abreviado.
Desde 1995 y hasta 2012, Castro trabajó como personal de la planta permanente afectada al despacho de la senadora Norma Bermejo. La parlamentaria peronista, que también había ocupado una banca en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez, llegó al Senado ese año en reemplazo de la renunciante Beatriz Halak (dimitió para ser candidata a viceintendenta de Córdoba).
Sin embargo, Bermejo ostentó el cargo durante cuatro meses, de agosto a diciembre de 2003. Fue esposa de Carlos García Allocco, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba (fallecido en 2018).
La empleada de Bermejo
Castro, entonces empleada de Bermejo, fue denunciada por el apoderado general judicial del Senado, y luego imputada.
Se descubrió que desde septiembre de 2009 (por entonces tenía 60 años) y hasta diciembre de 2015, percibió su haber jubilatorio nacional en simultáneo con su sueldo como empleada del Senado (donde cumplió funciones entre julio de 1995 y diciembre de 2015) y, luego, en la Municipalidad de Tulumba (donde revistó de julio de 2012 a diciembre de 2015), producto de las sucesivas adscripciones concedidas por el cuerpo legislativo a pedido del entonces intendente Gustavo Palomeque (envuelto en otras causas judiciales).
La ley 24.600 advierte –como se transcribió en el artículo 45 del inicio– la incompatibilidad de desempeñar un cargo en el Congreso con otro de jurisdicción nacional, provincial o, inclusive, municipal.
El reglamento interno del Senado, N° 1002/02 (de 2002, cuando Castro ya llevaba siete años en funciones) también estipuló la incompatibilidad: “Ninguna persona podrá desempeñar ni ser designada en más de un cargo o empleo público remunerado en el ámbito del Poder Legislativo Nacional. También resulta incompatible con el desempeño de un cargo o función en el ámbito del Poder Legislativo Nacional la percepción de jubilaciones (…) de cualquier régimen de previsión nacional, provincial y/o municipal”.
En 2012, cuando percibía desde hacía varios años su jubilación y a la vez seguía trabajando en el Congreso, pidió acogerse a la ley 24.241, que permite optar por extender sus servicios hasta cumplir los 65 años.
Tres años más tarde, en 2015, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado sugirió la inmediata baja de Castro, al advertir que percibía su jubilación ordinaria desde 2009 mientras seguía prestando servicios como adscripta en el municipio de Tulumba.
La fiscalía pudo obtener las copias certificadas de los recibos de haberes de Castro desde octubre de 2009 y hasta diciembre de 2015 por su trabajo en la Cámara Alta. Eso le permitió probar que la defraudación al Estado nacional ascendió a $ 1.547.678.
El fiscal federal coadyuvante, Nicolás Czizik, y la defensa de Castro acordaron un juicio abreviado. La mujer (sin antecedentes penales) reconoció el delito, y el juez Machado Pelloni homologó el acuerdo al considerar que se probó “fehacientemente” la estafa millonaria contra el erario público.
Algunos años antes, en 2018, Castro había fracasado al intentar conseguir una probation, abonar $ 200 mil en cuotas como monto reparativo y realizar tareas comunitarias en la Municipalidad de Tulumba. Sin embargo, el fiscal consideró insuficiente la cifra en comparación con el perjuicio (más de $ 1,5 millones) y lo rechazó, lo que encontró finalmente aval del juez.
Actualmente, la web del Senado sigue manteniendo los decretos no sólo del reglamento interno sobre las incompatibilidades, sino también los que aluden a los pedidos de Palomeque para ser adscripta en la Municipalidad y como empleada de Bermejo.
Castro reside a dos cuadras de su otrora trabajo durante dos décadas: el Senado.
