En enero de este año, el Gobierno nacional decidió reducir de manera transitoria los Derechos de Exportación (DEX) que gravan las exportaciones de granos y sus derivados. Es decir, bajó las retenciones al campo.
La medida, celebrada por el sector agropecuario, fue interpretada como un primer paso en el camino prometido por el presidente Javier Milei: eliminar gradualmente el impuesto. Sin embargo, en las últimas semanas, el mandatario ratificó que la baja vence a fines de junio y que las alícuotas volverán a los niveles previos.
Esa confirmación despertó dudas. ¿Se trata de una estrategia para acelerar la liquidación de cosecha durante el primer semestre, o de una necesidad genuina de sumar ingresos fiscales? En cualquiera de los dos escenarios, el resultado sería el mismo: un aumento de las retenciones que afectaría los márgenes del negocio agrícola.
El economista Franco Artusso, investigador de la sección Productiva del Ieral, publicó un análisis técnico sobre los posibles efectos de esta decisión. Según sostiene, volver a subir los DEX provocará un recorte importante en la rentabilidad de los productores, sobre todo en las regiones alejadas de los puertos.
“La inversión se reduce en un escenario con DEX respecto de aquella que se observaría bajo un escenario que no castiga con este impuesto a la actividad”, plantea.
Cuatro modelos
Artusso diseñó un ejercicio comparativo para estimar el impacto concreto. Utilizó cuatro modelos productivos: dos para la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires), y dos para regiones extrapampeanas (norte de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán), diferenciando entre productores que trabajan tierra propia y aquellos que alquilan.
En todos los casos consideró un esquema de siembra 50% soja y 50% maíz, a una escala de 500 hectáreas, y tomó precios promedio de abril (U$S 400 por tonelada de soja y U$S 220 para el maíz) con un tipo de cambio de $ 1.200.
Al comparar el escenario actual (DEX de 26% para soja y 9,5% para maíz) con el que regiría desde julio (33% y 12%, respectivamente), se observa una caída de rentabilidad de entre 11 y 12% por hectárea en la zona núcleo (USD 30 a 60) y de entre 21 y 74% en zonas extrapampeanas (USD 32 a 43).
Además, Artusso calculó cómo cambiaría la recaudación. El fisco (Nación y provincias) podría obtener entre un 11 y un 20% más por hectárea, lo que representa entre U$S 44 y 70 adicionales, según el tipo de productor.
Sin embargo, el beneficio fiscal sería acotado: tomando en cuenta el volumen aún no comercializado para mediados de año, la suba de alícuotas solo generaría unos U$S 930 millones extra en un plazo de ocho o nueve meses. Es decir, apenas un 0,1% del PBI proyectado para 2025.
“El castigo es mayor en la zona extrapampeana, más alejada de los puertos y que no cuenta con las mismas aptitudes edafoclimáticas que la zona núcleo”, advierte el informe.
Inversión
A este efecto regresivo se suma otro problema: el freno a la inversión. El autor remarca que las retenciones desalientan la incorporación de tecnologías, el uso de mejores insumos y la expansión hacia nuevas tierras cultivables, especialmente en áreas con rindes más bajos.
“Todo lo anterior deriva en una base imponible más reducida respecto de la que potencialmente puede ofrecer el sector agropecuario en otros impuestos menos dañinos, como Ganancias o Inmobiliario Rural”, concluye.
Finalmente, Artusso recuerda que el propio Ieral presentó una propuesta para avanzar en la eliminación progresiva de los DEX, reemplazándolos por mecanismos fiscales que mantengan los ingresos públicos pero sin desincentivar la producción. Para el agro, que viene arrastrando años de presión tributaria, lo que está en juego no es sólo una cosecha, sino una señal política.
