“Lo cierto es que el pedido para salir del país luce irrazonable”. El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1), que juzgará a la cúpula del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) por presuntos graves cargos, rechazó el pedido de los gremialistas Pascual Catrambone, Mauricio Saillén y su hijo Franco para viajar a Brasil y asistir a una jornada sindical.
Los gremialistas están acusados de haber conformado una asociación ilícita durante seis años en perjuicio de los afiliados y del sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac, con el aparente objetivo de beneficiarse ellos y sus familiares o allegados.
Saillén y Catrambone habrían sido los “jefes indiscutidos” de las maniobras en las que hay allegados y familiares acusados, de acuerdo con la investigación del fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, y del Juzgado Nº 1 (a cargo de Ricardo Bustos Fierro, primero, y de Alejandro Sánchez Freytes, después).
Una de las maniobras habrían sido los altos intereses (“usurarios”) aplicados a los préstamos que otorgaba la mutual, la que habría funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”, según Senestrari.
Luego, el dinero conseguido a través de los préstamos a los afiliados habría sido puesto en circulación para “darle apariencia lícita”. De ese modo, se habrían realizado contratos de mutuo presuntamente firmados entre terceros y la mutual. La entidad se habría comprometido a devolver las sumas prestadas a tasas de interés altas, muy por encima del sistema financiero formal.
El dato llamativo es que los “mutuantes” eran conocidos o familiares de los imputados, “cuando no ellos mismos”, para presuntamente “blanquear las excesivas ganancias” de los préstamos a los afiliados.
Asimismo, Saillén y Catrambone habrían perjudicado al sindicato al rendir gastos personales por vacaciones familiares al Caribe, viajes de estudios de sus hijos y gastos exorbitantes en hoteles, como si los hubieran realizado mientras ejercían sus funciones dentro del gremio, “desviándolos” así “de su legítimo destino”.
Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones local confirmó el rechazo a un planteo de uno de los imputados, con lo que despejó el camino para que el tramo del lavado fuera juzgado conjuntamente con los demás delitos –asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y usura agravada– en un mismo juicio.
Sin embargo, el debate no tiene fecha de inicio porque, primero, la Cámara Federal de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país– debe resolver aún los recursos de casación presentados por Catrambone, Saillén y otro imputado contra la resolución del TOF1 que rechazó el pedido de reparación integral del perjuicio y sobreseimiento.
Al respecto, los acusados habían ofrecido abonar U$S 751 mil para reparar el daño, lo que fue rechazado. De este modo, si Casación rechaza los planteos, el juicio se hará en Córdoba.
“No” al viaje a Brasil
La última novedad en la causa surgió a raíz del pedido de Eduardo Gómez Caminos, abogado de Pascual Catambrone y Mauricio y Franco Saillén, para que sus asistidos viajen a Brasil.
El penalista solicitó al Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba –a cargo del juzgamiento– que autorizara a los gremialistas a trasladarse a San Pablo para un evento sindical al que fueron invitados por el Sindicato de Empresas de Limpieza Urbana del Estado de San Pablo (Selur).
La invitación cursada al Surrbac, a la que tuvo acceso La Voz, alude a una “reunión institucional” fijada para el 15 de septiembre en la sede de Selur (aunque los imputados pidieron viajar entre el 14 y el 17).
“El encuentro tiene como propósito estrechar las relaciones institucionales entre el Selur, el Surrbac y los sindicatos laborales locales de San Pablo (…) proporcionando un ambiente de diálogo e intercambio de experiencias”, se consignó en el texto firmado por Pedro Maranhão, presidente de Selur.
“Se realizará también una visita técnica para que los representantes del Surrbac puedan conocer la operación del Grupo Sol VI, en particular la actuación de la empresa Loga (que realiza la recolección de residuos domiciliarios en San Pablo), así como de la empresa Solvi Essencis, que realiza la gestión del relleno sanitario” en el municipio de Caieiras.
La invitación está cursada a los “representantes del Surrbac” Mauricio Saillén (secretario general), Pascual Catrambone (secretario Rama del Interior), Franco Saillén (secretario de Prensa) y Yésica Lorena Monjes (delegada del predio de enterramiento Córdoba).
El fiscal general Maximiliano Hairabedian sostuvo que debía rechazarse el pedido. Señaló que debido a que la causa está en la fase preparatoria del juicio para resolver en forma definitiva la situación procesal de los imputados (están en libertad), no correspondía hacer lugar a la solicitud.
“Los imputados tienen impedida la salida del país, y la pretensión de viaje para asistir a una reunión con otros miembros de sindicatos de Brasil. Desde esta perspectiva, es posible advertir que no se han aportado argumentos que revelen la trascendencia de la presencia de los imputados a ese acto que se va a desarrollar en el extranjero, a la luz de las responsabilidades que ejercen como autoridades del Surrbac”, indicaron los jueces Julián Falcucci, José Asís y Facundo Zapiola.
“Si a esto se suma que tampoco se explicó acerca de la imposibilidad de que el sindicato pueda enviar a ese acto a otros representantes o incluso participar por medios virtuales, lo cierto es que el pedido para salir del país luce irrazonable, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso se encuentra avanzando, a la espera de la eventual realización de la audiencia de debate, y que la circunstancia de que los imputados viajen fuera de la Argentina supone un incremento del riesgo de fuga”, indicaron.
Los magistrados entendieron que el rechazo al pedido “no constituye una medida desproporcionada”, por lo que lo rechazaron.
