Los anuncios de la gestión provincial de Martín Llaryora en materia de seguridad incluyen una fuerte señal de respaldo y fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal. Desde ese organismo aseguran que se trata de una ampliación histórica de la cantidad de fiscalías y una señal esperada hace años: la armonización de la política de seguridad y de la política criminal.
Llaryora priorizó la pelea contra la inseguridad en el inicio de su gestión. Inauguró el despacho principal del Panal con una reunión con los flamantes ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Justicia y Trabajo, Julián López. En simultáneo fueron enviadas a la Unicameral las tres leyes respectivas: el paquete con las reformas en materia de seguridad y otras dos leyes de creación de nuevas fiscalías.
Se trata de seis fiscalías móviles de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico que se suman en las ciudades de Villa Dolores, Marcos Juárez –donde el nuevo gobernador inauguró esta tarde una delegación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico–, Bell Ville, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje y la ciudad de Córdoba. En la Capital, además, se creará un Juzgado de Control que tendrá asignada la competencia de Lucha contra el Narcotráfico.
Además otra ley ingresada a la Unicameral crea 11 nuevas Fiscalías de Instrucción de Distrito para la ciudad de Córdoba. Dentro de la Primera Circunscripción Judicial, también se creará una Fiscalía de Instrucción con sede en Villa Carlos Paz. Además, el proyecto de ley establece la creación de tres Juzgados de Control y Faltas con asiento en la ciudad de Córdoba.
En el interior de la provincia también se crean dos Fiscalías de Instrucción en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Río Cuarto y una Fiscalía de Instrucción en la Séptima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Cosquín.
Refuerzo
Se trata de una ampliación sustancial de las capacidades del Ministerio Público Fiscal que encabeza Juan Manuel Delgado. En el caso de la Capital, primera cicunscripción judicial, pasará de 23 Fiscalías de Instrucción a 34, un incremento de casi el 50 por ciento, que se fundamenta en un dato estadístico crítico: hoy hay un fiscal cada 92 mil habitantes en la ciudad de Córdoba. En el interior provincial la cantidad de habitantes por fiscal es muy inferior.
En el caso de las fiscalías Antinarcóticos, el incremento es del 100 por ciento: pasarán de seis a 12. En el Ministerio Público evalúan como “histórica” la señal de apoyo que está brindando el Ejecutivo, que deberá incrementar partidas presupuestarias, ya que la amplaición supone numerosas incorporaciones.
Es que la creación de cada una de las 12 nuevas Fiscalías de Instrucción de la primera circunscripción supone, además de la designación de un nuevo fiscal, un secretario, tres prosecretarios y ocho empleados judiciales. A esa estructura se suma la de la respectiva Unidad Judicial, que incluye dos ayudantes de fiscal y 13 sumariantes. Todos los sueldos del Poder Judicial son sustancialmente más altos que los del resto de la estructura provincial, ya que están “enganchados” a los que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cada escala de la Justicia federal.
En la Fiscalía General de la Provincia se realiza ahora un análisis de la estructura de las nuevas fiscalías. Meses atrás, cuando se implementó el plan territorial que terminó con los turnos rotativos y asignó de modo permanente a cada fiscal con las mismas unidades judiciales, ya se habían incorporado 120 personas a la estructura: 116 sumariantes y cuatro ayudantes de fiscal.
