La renuncia de Máximo Kirchner a defender en el Parlamento el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional centró la atención, con toda lógica, en la falta de consenso interno en el oficialismo en torno de los criterios para renegociar la deuda. Las relaciones carnales con China y Rusia que anunció Alberto Fernández le agregaron a la escena una nueva incertidumbre sobre el consenso externo necesario para el acuerdo.
Pero la inestabilidad inducida por el Gobierno en ambos frentes –interno y externo– también impacta en el debate de la coalición opositora, donde hay voces discordantes sobre la posición política a tomar, primero en la arena pública y luego en la deliberación parlamentaria.
Esta doble dimensión del debate opositor tiene su origen en el cerrojo normativo que el oficialismo hizo votar antes de encarar las negociaciones con el Fondo. En febrero de 2020, el Congreso Nacional aprobó la ley 27.612, de sostenibilidad de la deuda pública.
En una remisión a las facultades que la Constitución Nacional le asigna al Parlamento, esa norma dispuso que todo programa de financiamiento u operación de crédito público que se realice con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación.
Esta novedad respecto de los acuerdos anteriores con el FMI conecta con las negociaciones en curso. Como lo único que anunciaron las partes hasta el momento es un entendimiento sobre el trazo grueso de la política fiscal, monetaria y cambiaria, todo lo que digan oficialistas y opositores sobre el preacuerdo es una partida simultánea de ajedrez en dos tableros: el de la posición política ante la opinión pública sobre lo que se está acordando y el de la negociación en curso con los interlocutores del Fondo.
Esa complejidad política y normativa tuvo en la renuncia de Máximo Kirchner un primer escollo significativo: el Gobierno mostró fisuras y sembró la duda sobre su capacidad de operación en el Parlamento. Patricia Bullrich entrevió rápidamente el contagio de la complicación y propuso un primer camino: mientras el oficialismo no consiga consenso interno para aprobar un acuerdo, la oposición en el Parlamento sólo debería aportar sus votos para que se derogue el cerrojo vigente con la ley 27.612. Que este Gobierno se haga cargo de su acuerdo, como el de Mauricio Macri se hizo cargo del suyo.
Desde la UCR y la Coalición Cívica dejaron trascender una mirada distinta. Gerardo Morales insistó con su tesis colaboracionista. Ni el ministro Martín Guzmán sigue defendiendo la posición que sostuvo en la reunión devaluada que mantuvo con los gobernadores antes de la noche de Reyes. Pero un grupo de técnicos consultado por el bloque radical también aconsejó la aprobación del acuerdo.
Explicaron que el ajuste propuesto no sólo es imperioso para evitar una escalada inflacionaria aún más grave que la existente, sino que también es razonable.
Para la UCR, conveniente
La conclusión a la que arribaron los consejeros de la UCR es que el entendimiento con el FMI es de conveniencia estratégica para un gobierno opositor en 2023 y una salida de transición para que Alberto Fernández concluya su mandato sin un estallido hiperinflacionario. En esa posición coincidió Maximiliano Ferraro, el diputado de la Coalición Cívica que intenta con esfuerzo reemplazar la voz parlamentaria de Elisa Carrió.
Hay un tercer camino, que fue sugerido preventivamente en diciembre pasado por Luciano Laspina, economista y legislador del PRO. Si no prospera la derogación del cerrojo que promueve Patricia Bullrich, la oposición debe contener sus ansiedades y esperar. Y no se trata de esperar el plan plurianual del oficialismo. El Congreso puede y debe debatir la política económica, pero su herramienta central es el Presupuesto anual, y el endeudamiento que reemplazará a la deuda vigente con las nuevas condiciones que se acuerden con el FMI.
Pero ese acuerdo todavía está en gestación. Los que se apresuran a validarlo desconocen si tiene side letters o condiciones ocultas que, por su propia naturaleza, no pueden ser reveladas antes de su concreción: una devaluación o una reestructuración de deuda, por ejemplo.
Nada conviene decir hasta que aparezca, cuanto menos, la Carta de Intención y el informe que los técnicos del FMI eleven al ditectorio del Fondo. Allí donde el veto sólo lo ejerce “Juan Domingo” Biden y suele hacerse el sota el “compañero” Xi Jinping.
