El jueves 3 de octubre, el presidente Javier Milei hizo oficial el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la envió nuevamente al Congreso, donde esa decisión presidencial quedará este miércoles a consideración de los legisladores.
El veto fue plasmado en el decreto 879/2024, donde se repasan los alcances de la ley aprobada en el Congreso para actualizar el presupuesto destinado a las universidades públicas y las actualizaciones salariales de los integrantes de estas.
El pasado lunes, desde el PRO afirmaron que apoyarán la decisión del libertario, que necesita 87 votos para que quede firme su negativa.
En este contexto, la senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero afirmó, a través de un posteo en su cuenta de X, que apoyará el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
La senadora nacional del PRO por la provincia de Córdoba aseguró también este lunes, en comunicación con Radio Mitre, que votaría “en coherencia” con su postura, que según sus palabras es “la misma hace 35 años”. Afirmó que la educación pública en Argentina está garantizada, pero que “no tenemos por qué votar cajas que bancan hace 40 años a ciertos sectores sin que rindan cuentas”.
La afirmación es engañosa porque, si bien es verdadero que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por el momento no lleva a cabo ninguna auditoría externa a universidades como la de Buenos Aires (UBA) o la Nacional de Córdoba (UNC), la acción de auditar en este caso debe venir de parte del mismo organismo auditor, o sea de Nación. Por otro lado, las universidades sí atraviesan otros procesos de auditoría.
Qué dice la Ley de Educación Superior sobre las auditorías
La Ley de Educación Superior (24.521) establece en el artículo 59 bis que “el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea”.
Y continúa: “Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
No obstante, la ley no aclara con qué periodicidad se deben realizar estos controles. Por otro lado, según esta nota de Chequeado, los procesos de auditoría que lleva adelante la AGN se vienen realizando con rezago. Las que realiza este año la AGN sobre Formosa, Salta y el Nordeste auditan el período 2019-2021, por ejemplo.
Existen tres formas de auditar a la universidad pública: desde la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y a través de una auditoría interna.
Auditoría General de la Nación
Como establece la ley 24.521, el organismo encargado del control administrativo externo de las instituciones públicas de educación superior es la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las autoridades de este organismo conforman el Colegio de Auditores, formado por un presidente, designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento, y seis auditores generales: tres designados por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso aprueba el Programa de Acción Anual de control externo por desarrollar por la Auditoría. Esto quiere decir que el plan de acción del organismo tiene que ser aprobado por el Congreso.
Según lo confirmado por el Ministerio de Capital Humano, la AGN tiene seis informes universitarios en proceso. El 7 de agosto de 2024, la AGN publicó en su página oficial la firma de un convenio de colaboración para fortalecer el control y la gestión de las universidades nacionales junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El control de este organismo es “ex post”, es decir, posterior al ejercicio analizado.
Sindicatura General de la Nación
La Sigen controla de forma “concomitante”, es decir, con la gestión en curso. Sin embargo, la Sindicatura no puede actualmente realizar auditorías a las universidades nacionales. Pero no porque desde las instituciones se nieguen, sino porque así lo estableció una ley aprobada en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, en la cual se las exceptuó de ser auditadas.
En noviembre de 2022, la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular era Carlos Zannini, dictaminó, siguiendo la línea de la ley, que no eran aplicables a las universidades los controles de la Sigen previstos en la Ley de Administración Financiera, ya que resultaría violatorio de la autonomía universitaria.
El artículo 75 de la Constitución atribuye al Congreso la facultad de sancionar leyes que organicen la educación y, entre otras cosas, que “garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.
Por eso, concluyó que el “control externo” de las universidades “continúa, indudablemente, a cargo de la AGN”. En un reciente comunicado, la Sigen señaló: “La Sigen no se retiró de la auditoría de las universidades. Fue impedida de continuar a partir de un dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini”.
No obstante, el dictamen de Zannini señaló que la articulación de acuerdos entre la Sigen y las universidades, con voluntad expresa de las autoridades universitarias, no resultaría violatorio de la autonomía. En 2024, la Sigen firmó convenios con la Universidad de Tres de Febrero y con la Universidad de San Martín para realizar tareas de control interno.
Auditoría interna
Como se mencionó con anterioridad, la Ley de Educación Superior establece que “todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
De esta manera, los encargados de realizar esta tarea son las unidades de auditoría interna (UAI). Estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
En el caso de las universidades, el auditor general de la UAI es designado por el rector o por el Consejo Superior, como es el caso de la UNC. Pero los protocolos por seguir son los dispuestos por la Sigen. En este enlace al Boletín Oficial podrás encontrar las últimas auditorías internas de la UNC.
Auditorías en las universidades: la palabra del rector de la UNC
En relación con la publicación de Carmen Álvarez Rivero en la que esta afirmó que las universidades “no le rinden cuentas a nadie”, se pueden repasar comentarios de Jhon Boretto, rector de la UNC, en los que se refirió a la situación del ente educativo cordobés.
En una entrevista brindada al programa Voz y Voto en abril de 2024, Boretto declaró, en el marco de la primera marcha federal en defensa de la educación pública: “Periódicamente la universidad lleva adelante estos procesos con una unidad de auditoría que está conformada por profesionales que se encargan de esa tarea. Profesionales que ingresaron por concursos públicos, que permanecen más allá de las gestiones universitarias de turno”.
También afirmó que la Universidad Nacional de Córdoba se audita en forma constante: “Nosotros permanentemente efectuamos control; incluso hay sistemas de control interno de rendición de gastos que la Universidad tiene”.
En comunicación con El Doce, el rector afirmó: “Tanto la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, como la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso y que es el organismo que le corresponde auditar a las universidades, ejercen y han hecho auditorías en nuestra Universidad. De hecho, en este momento la Auditoría General de la Nación está efectuando una auditoría bastante integral sobre toda la ejecución, sobre todas las acciones presupuestarias de la Universidad”.
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