El juicio político contra la Corte Suprema de Justicia comenzará a debatirse la segunda quincena de enero, en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias, y el Frente de Todos prepara lentamente el terreno para la discusión, mientras continúan las críticas al Poder Judicial por parte del presidente Alberto Fernández.
En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz Gabriela Cerruti anunció que la semana próxima saldrá publicado en el Boletín Oficial el decreto del Poder Ejecutivo que abrirá el período extraordinario, donde el intento de destitución de los cuatro jueces del máximo tribunal será el tema principal.
Fernández le entregó al jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y a la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, el pedido firmado por once gobernadores. Ahora el Frente de Todos transformará ese pedido en un proyecto de resolución y lo ingresará por Mesa de Entradas para que tome estado parlamentario.
Algunos integrantes de la comisión mantuvieron en las últimas horas diálogos informales para empezar a trazar una hoja de ruta, aunque se espera que recién la semana próxima se realice una reunión de todos los representantes oficialistas para afinar la estrategia. El mandato del Gobierno es que “los tiempos sean lo más breves posibles”.
En la comisión, algunas de las figuras que, se cree, liderarán la acusación contra la Corte son (además de Martínez) los kirchneristas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley (ambos integrantes del Consejo de la Magistratura) y Leopoldo Moreau.
Cerruti destacó que se trata de una “decisión histórica” y denunció que la Corte “intervino sobre el accionar de los otros poderes, violando la Constitución” en los fallos vinculados a la composición del Consejo de la Magistratura y a la coparticipación otorgada a la Ciudad de Buenos Aires.
Horas después de la conferencia, Fernández volvió a criticar al Poder Judicial. “Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños. Hoy estamos en un país en el que los únicos privilegiados son los jueces”, aseveró el presidente desde Mar del Plata, donde anunció la extensión de la Asignación Universal por Hijo para niños sin cuidados parentales.
Juntos por el Cambio (que con 116 diputados puede bloquear los dos tercios necesarios para aprobar la acusación en el recinto) se mantiene en su rechazo. Este jueves se sumó un comunicado de los senadores de la coalición, que calificaron a la iniciativa como “infame”.
“Se trata de un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial presionando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y demás funcionarios y magistrados”, denunciaron, y remataron: “Ningún acuerdo será posible en el Congreso si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”.
En la Comisión de Juicio Político de Diputados, se espera que las principales “espadas” en contra de la acusación contra la Corte sean Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Pablo Tonelli (PRO), entre otros.
También salió a rechazar el proyecto Graciela Camaño (Interbloque Federal), diputada que no integra la comisión pero que promete tener protagonismo en el debate.
“Ante la lectura de lo que ha presentado el Poder Ejecutivo, bajo ningún punto de vista se desprenden argumentos jurídicos que permitan visualizar que estamos frente a una acusación seria de un juicio político”, consideró, y resumió: “No se puede presentar un juicio político por un fallo que no te gusta”.
Si bien el juicio político será el tema principal del período extraordinario, no será el único. Cerruti confirmó que la convocatoria también incluirá “temas económicos”, y si bien no especificó cuáles serán esos temas, se habla de la nueva moratoria previsional, el blanqueo de capitales, el “monotributo tech” y la ley de agroindustria.
Polémica por dos gobernadores
Por otra parte, Cerruti le bajó el tono a la polémica generada en torno a dos gobernadores (Mariano Arcioni, de Chubut, y Gustavo Bordet, de Entre Ríos) que figuraban en el comunicado oficial pero no firmaron el pedido de juicio político.
En el caso de Arcioni, la portavoz explicó que “estaba afuera del país, por lo tanto el que participó del Zoom y acompañó es el vicegobernador (Ricardo Sastre) por instrucción de su gobernador”.
Sobre Bordet, dijo que el gobernador “le adelantó al presidente que iba a participar de la reunión y que iba a participar del proyecto. Participó y en ningún momento de la reunión mostró o dijo alguna otra cosa, por eso figuró en el comunicado (no en la firma), y después se arrepintió o cambió de opinión. Cada uno es libre de hacer lo que quiera”.
