Alberto Fernández realizó la primer defensa formar en la causa judicial conocida como “causa de los seguros” en la que se investiga al exmandatario por favorecer la contratación de seguros del Estado con productores allegados a él.
El expresidente afirmó que la denuncia es “una persecución política direccionada desde el sistema penal” y agregó que está basada en vaguedades y recortes de diarios con “datos falsos e imprecisos”.
El escrito de 48 páginas fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, según lo publicado por la Nación, está escrito en primera persona pero fue firmado también por su abogada, Mariana Barbitta. En el mismo el exmandatario aseguró que el decreto que obligaba a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros buscaba que las primas no fueran a parar a manos de “empresas extranjeras” y que expresamente preveía que no debía haber intermediarios.
También, aseguró que las reparticiones del Estado que contratáron sus pólizas con el imputado Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, no contrataron “productores de seguros”, sino asesores de seguros.
Alberto Fernández señaló que la denuncia está basada en publicaciones de Clarín e Infobae y que se usó como base para “interponer denuncias por parte de funcionarios judiciales, diputados/as, o sectores allegados al gobierno entrante”.
“Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”, dijo el expresidente.
Fernández señaló que la denuncia tiene un “tinte ideológico” económico, libertario, toda vez que “se pone como foco de la denuncia el ‘monopolio’ en el ámbito de seguros estatales”, en consonancia con la idea de la intervención mínima del Estado en la economía.
“Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado”, escribió sobre el decreto mientras aseguró que buscaba favorecer al Estado. Y agregó: “Tuvo un propósito expreso fundado en razones de política económica que no fue otro que mantener a los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero”.
Fernández escribió que las denuncias son “ambiguas y vacías de fundamento” y que “no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido”.
“Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito”, manifestó, y dijo que la contratación con intervención estatal “es vista como una irregularidad”.
En su escrito, Fernández volvió a insistir en que Ercolini no le da garantías de imparcialidad y señaló que el dictamen del fiscal Carlos Rívolo no tiene los “datos mínimos para poner en movimiento la acción penal, salvo que, desde la Justicia Federal, se entiendan como suficientes ‘datos mínimos’ a la citación de fuentes periodísticas que no se sustentan en ningún documento, declaración u acto válido”.
Indicó que “el Presidente de la Nación no tuvo ni tiene ninguna injerencia” en esas contrataciones de seguros. Dijo que es “totalmente ajeno” a las empresas de Martínez Sosa y afirmó: “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”.
Sin embargo, según La Nación, no hizo mención a los chats con su exsecretaria en los que asegura que se encargaría de que su esposo consiguiera los contratos de la Cansillería y la Fábrica de Aviones.
