El Gobierno nacional formalizó el jueves la ya anunciada segmentación de tarifas de los servicios de gas y de electricidad, y las grandes novedades del nuevo esquema es que dejarán de recibir subsidios las familias con ingresos superiores a los 330.410 pesos y que el resto de los usuarios deberá presentar una declaración jurada para mantener la asistencia estatal.
La medida se oficializó con la publicación del Decreto 332 que firmó el presidente Alberto Fernández y establece acciones diferenciadas para los usuarios residenciales de mayores ingresos, de ingresos medios y de menores ingresos.
Tarifas, sin subsidios
Esos universos se definirán mediante el cruce de datos de los distintos organismos oficiales, incluidos la Anses y la Afip. Pero, además, quienes reúnan los requisitos para seguir percibiendo los subsidios deberán completar una declaración jurada que será sometida a controles periódicos.
“Habrá un registro y todo el mundo deberá anotarse para recibir el subsidio”, adelantó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. En rigor, en el mencionado decreto se dispuso la creación del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT) y del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Justamente el RASE se constituirá “sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los usuarios” y, tal como señala el texto, “la Subsecretaría de Planeamiento Energético podrá requerir, periódicamente, los cruces de información necesarios para verificar la veracidad de las declaraciones juradas correspondientes, de acuerdo con la autorización brindada por cada solicitante, con el fin de administrar adecuadamente el régimen de segmentación”.
En principio, Cerruti calculó que el 10% de la población dejará de percibir la asistencia del Estado nacional y pasará a pagar la tarifa plena por su consumo de gas y de electricidad.
La funcionaria apuntó a la primera categoría del nuevo esquema, que la integrarán las familias con ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), es decir unos $333.410, según los últimos datos correspondientes a abril.
Pero también formarán parte de ese universo quienes posean 3 o más automóviles con una antigüedad menor a los 5 años; 3 o más inmuebles; al menos 1 aeronave o 1 embarcación de lujo, o que posean “activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.
Los aumentos en ese sector se aplicarán a partir de junio y continuarán “en forma gradual y en tercios bimestrales” para que a fin de año estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura.
Por lo pronto, los primeros cálculos indican que la eliminación del total de los subsidios quintuplicará los montos de las facturas, aunque oficialmente aún no se precisó cuál será el porcentaje.
Los hogares que perciban ingresos superiores a 1 CBT ($95.260) integrarán la escala intermedia, así como aquellos usuarios que sean propietarios de al menos 2 inmuebles, 1 vehículo de hasta 3 años de antigüedad. La excepción será para aquellos domicilios en los que exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En este caso, el aumento anual de tarifas no podrá superar el monto equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.
La última escala es la de los hogares de menores ingresos, que no superen el equivalente a 1 CBT; que posean un integrante con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), con certificado de discapacidad o una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. También se integrarán esta categoría los domicilios en los que funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM.
Para todo ese segmento, “el impacto en factura que genere la corrección del componente Energía equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior”.
En el mismo decreto se aclaró que los usuarios considerados de ingresos medios y bajos “no tendrán un nuevo incremento en las facturas para el año 2022″.
Asimismo, se creará una categoría especial, bajo la figura de “Usuario o Usuaria residencial del Servicio”, que agrupará a aquellas personas que no figuran como titulares pero que sí hacen uso del servicio público. Un ejemplo claro es el de los inquilinos.
La segmentación de tarifas, que llegó a generar tensiones internas en el gobierno nacional y representó uno de los tantos puntos de inflexión entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, se lanzó formalmente en simultáneo con otras acciones tendientes a “cuidar los dólares” del Banco Central.
