La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un impuesto sobre Ingresos Brutos que el Gobierno provincial cobró hasta el 2018, que se denominó “alícuota diferencia de extraña jurisdicción”.
Hasta fines de 2017, la Provincia gravaba con una alícuota diferencial más alta para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las empresas que no tenían su establecimiento productivo en Córdoba.
El máximo tribunal de Justicia hizo lugar a un reclamo que en su momento realizó la empresa metalúrgica Outokumpu Fortinox SA, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.
Según la información que publicó el diario Ámbito Financiero, la empresa fue a la Corte para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley impositiva provincial 10.412, en cuanto la demandante sostuvo “que la pretensión fundada en dicha norma resulta violatoria de diversos derechos y garantías constitucionales”.
En su fallo, la Corte sostuvo que la aplicación de dicha ley impositiva “obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias”.
El tribunal alertó que esa ley de Córdoba podía constituir una “aduana interior”, algo que está prohibido por la Constitución Nacional.
Desde el Ministerio de Finanzas de Córdoba argumentaron que el fallo de la Corte “deviene en abstracto”, ya que ese artículo de la ley se eliminó en diciembre de 2017 y no se cobra desde el año 2018.
“Corresponde remarcar que la Provincia de Córdoba, mediante la ley impositiva 10.509 con vigencia desde el 1º de enero de 2018, otorga igual tratamiento impositivo a la actividad industrial con independencia de la ubicación se sus plantas industriales, cumpliendo así con el Consenso Fiscal suscripto con la Nación y las demás jurisdicciones provinciales con fecha de 16 de noviembre de 2017″, señalaron desde el Ministerio de Finanzas de la Provincia, que conduce el ministro Osvaldo Giordano.
La Provincia de Córdoba gravaba con el Impuesto a los Ingresos Brutos –del 4,75% para el período 2017– a los ingresos provenientes de la actividad industrial que realiza, mientras que, según sostiene la demandante, aplicaba –”de un modo genérico y arbitrario”– una alícuota del 0,50% a todas las industrias radicadas en su jurisdicción.
En el fallo, la Corte sostuvo que “queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad y altera la corriente natural del comercio instaurando así una suerte de aduana interior, vedada por la Constitución Nacional”, indicó el fallo.
Según el Gobierno provincial, hubo fallos “análogos” de la Corte, también para otras jurisdicciones.
