El extraño y prolongado caso del hangar “CATA”, ubicado en el Aeródromo de El Palomar (Morón), pone nuevamente en escena una red de negligencias, contratos irregulares y vínculos políticos que involucran directamente a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que durante el período 2010-2015 estuvo conducida por funcionarios alineados con La Cámpora.
La historia, investigada por más de una década por la revista especializada en aviación Aeromarket, expone la forma en que recursos estatales fueron cedidos –y luego explotados–, según sostiene la prestigiosa publicación, por privados sin un marco legal claro ni efectivo control estatal.
El hecho central: Fadea firmó en 2012 un contrato de comodato con la empresa Global Jet Aviation SA para cederle parte del hangar, aun cuando la Fuerza Aérea Argentina (FAA) había firmado meses antes un contrato de concesión con la propia Fadea para el uso del predio.
Lo grave, según los documentos oficiales, es que Fadea nunca contó con autorización de la Fuerza Aérea para subcontratar a un tercero, asegura Luis Franco, director de Aeromarket.
Fadea otra vez bajo la lupa
La empresa Global Jet, dirigida por Leonardo Barone, se instaló en el hangar y, durante más de una década, explotó comercialmente el espacio sin contar con un contrato vigente ni habilitación formal por parte del Estado nacional, asegura.
De hecho, tras el vencimiento del contrato original en diciembre de 2014, las solicitudes de renovación o permiso precario realizadas en 2016 y 2020 nunca fueron aprobadas. Aun así, Global Jet continuó utilizando el hangar, sin pagar cánones ni rendir cuentas ante las autoridades.
El rol de Fadea resulta crucial en esta historia. Dirigida por funcionarios designados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la fábrica estatal de aviones facilitó la ocupación irregular del inmueble, lo que generó perjuicios patrimoniales al Estado durante más de 10 años.
Lejos de actuar en defensa de los activos públicos, la conducción de FAdeA de aquellos años avaló un proceso que terminó judicializado, y cuya resolución hoy está en manos de la Justicia Federal, indicó Aeromarket.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confirmó en 2021, a través de un pedido de acceso a la información, que no existía relación contractual vigente con Global Jet, y que el caso estaba en evaluación.
Recién en 2024, tras una nueva solicitud de Aeromarket, se conoció que la Fuerza Aérea inició una acción de desalojo contra la empresa por ocupación indebida, expediente que hoy se tramita ante el Juzgado Federal de San Martín.
El dato más llamativo es que, según la propia Inspectoría General de la FAA, “nunca se firmó un contrato entre la Fuerza Aérea y Global Jet Aviation S.A.”, lo que confirma la absoluta irregularidad de la tenencia durante todos estos años.
Además del daño económico, el caso plantea serios interrogantes sobre el uso del poder político para favorecer intereses privados.
El propio Leonardo Barone fue nombrado funcionario en el área de Logística Presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández, cargo del que debió retirarse tras el escándalo por la compra del avión presidencial ARG-01, operación que también dejó múltiples dudas sobre sus términos y condiciones.
Barone también está involucrado en otra causa penal por la venta irregular de aviones a la Anac durante la gestión de Alejandro Granados (h), donde se sospecha la presentación de pólizas de caución apócrifas, recordó la publicación.
La Justicia rechazó recientemente el pedido de desvinculación del empresario y derivó el caso al Ministerio Público Fiscal para investigar posibles responsabilidades de exfuncionarios.
El caso del hangar de Morón deja al descubierto la responsabilidad directa de Fadea que ahora investiga la justicia.
