Mientras la Justicia provincial sigue sumida en sus internas palaciegas, en sus conflictos gremiales y en su pasividad ante las causas que rozan al oficialismo, desde los Tribunales federales hubo esta semana un par de resoluciones que interpelan la manera en que se ejerce el poder en Córdoba.
Primero, ratificar la prisión domiciliaria a Oscar González –una de las personas con más incidencia en el armado político durante los 26 años de gestiones del peronismo cordobés– en la causa que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
González sigue sin justificar el patrimonio que declara respecto de los ingresos que tuvo durante todos estos años en los que su actividad principal fue la función pública.
Sólo él es investigado por ese desfase entre lo que percibió y lo que posee, porque quedó expuesto luego del estrépito que generó todo lo que rodeó el siniestro vial en las Altas Cumbres en el que falleció Alejandra Bengoa y quedaron con secuelas irreversibles las jóvenes Alexa y Marina. Esa causa lleva dos años y siete meses sin un fallo judicial que establezca cómo se produjo la colisión.
Es decir que, para varios funcionarios y exfuncionarios, poner un chofer ya es un antídoto contra eventuales investigaciones sobre sus patrimonios.
Quién lo nombró
La otra causa es la de las “facturas truchas”, que alcanza a empresarios y a intendentes y exintendentes, con posibles ramificaciones con bandas narco.
Se conoció el procesamiento de la intendenta de Saldán, Carolina Cristori; de su antecesor, Cayetano Cantos, y del seis veces jefe municipal de Mendiolaza, Daniel Salibi.
El fiscal Enrique Senestrari acusa a estos funcionarios del departamento Colón de usar la usina de facturas apócrifas para “blanquear el robo a la administración pública”.
Salibi figura en esa lista de contratados de la Legislatura que surgió a partir del escándalo de la “empleada fantasma” y que la vicegobernadora Myrian Prunotto suministró después de varios retoques y de unas cuantas semanas de dilaciones al pedido de información que presentó La Voz.
El tema de la cantidad de empleados reales de la Unicameral sigue siendo uno de los misterios de la política cordobesa, pero acá queda claro que los requisitos para desempeñarse como asesor son bastante laxos, ya que Salibi fue contratado cuando estaba imputado por un asunto tan delicado como el de la millonaria defraudación con facturas falsas.
Lo que sí Salibi proporcionó es un dato clave en todo este affaire de “fantasmas”, “ñoquis” y favores políticos. Dijo a La Voz que él llegó a la Unicameral por un pedido del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Gobierno, Manuel Calvo.
“Me convocaron Calvo y el gobernador para dar una mano desde la Legislatura a los intendentes que son más nuevos, en función de mis años de experiencia. Y me dieron la total libertad de manejarme, de trabajar con los intendentes; más que nada son reuniones en el interior”, señaló el dirigente radical a este medio apenas se conoció la lista, en la que hay decenas de exintendentes como él.
O sea, sus funciones revelan una modalidad que deja al descubierto la tremenda hipocresía que rodea a algunos posicionamientos sobre el meneado asunto del proyecto de ley de ficha limpia.
Se rasgaron las vestiduras por acá por esa extraña y sugestiva sesión en la que fracasó el proyecto a nivel nacional, pero en nuestra Legislatura se designa con tareas poco definidas a personas que están procesadas porque supuestamente robaron millones al Estado.
