La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, explosiones ocurridas en noviembre de 1995 que dejaron un saldo de siete muertos, centenares de heridos, casas destruidas, y cuantiosos daños materiales en esa ciudad.
Las defensas de los condenados Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino, Marcelo Diego Gatto y Edberto González de la Vega interpusieron recursos de queja contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ese tribunal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos contra su fallo por el que rechazó los recursos de casación articulados contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba.
Este último condenó a Cornejo Torino, Franke y González de la Vega a la pena de trece años de prisión y a Gatto a la pena de diez años de prisión por considerarlos autores del delito de estrago doloso agravado por muerte de personas.
Condenados
- El entonces director de la Fábrica Militar Jorge Antonio Cornejo Torino (13 años)
- El director de Producción Carlos Franke (13 años)
- El entonces director de Coordinación Empresaria Edberto Gónzalez de la Vega (13 años de prisión)
- Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica (10 años).
El máximo Tribunal, rechazó por unanimidad los recursos deducidos por las defensas de Cornejo Torino, Gatto y González de la Vega y con el voto de la Dra. Highton y los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti el recurso deducido por la defensa de Franke, informó el Centro de Información Judicial.
Esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre de 2017 que habían firmado los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Gustavo Hornos, que había confirmado las condenas.
En el fallo ratifican además que fue una maniobra para ocultar la venta de armas a Croacia y Ecuador durante la administración menemista.
El objetivo del “atentado explosivo intencional” era borrar pruebas de la venta ilegal de armas durante el gobierno de Carlos Menem.
Menem no había sido incluido en ese primer juicio porque la Justicia Federal cordobesa le había dictado antes una falta de mérito a su favor, cuando había sido procesado junto a los militares.
Más tarde, en 2018 y tras una serie de apelaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar esa decisión y devolver el expediente a Córdoba.
En noviembre de ese año, el juez Carlos Ochoa, del Juzgado Federal de Río Cuarto –donde desde un comienzo se instruyó la investigación– volvió a procesar y a elevar a juicio a Menem, pero en este caso en soledad. Iba a ser juzgado a fines de febrero de este año, pero murió el día 14 de ese mes.
Horror
Las explosiones del 3 de noviembre de 1993 dejaron siete muertos, más de 300 heridos y millonarios daños materiales en Río Tercero.
La causa judicial tuvo un demorado y tortuoso trámite, con decenas de idas y vueltas.
Recién en 2014 –19 años después– hubo un juicio que terminó con condenas a dos militares que ocupaban en 1995 cargos de conducción en la planta militar de Río Tercero y a dos que eran directores de Fabricaciones Militares a nivel nacional.
El Tribunal Federal 2 que juzgó el caso concluyó, en similar tono al planteado por la fiscalía y la querella, que la voladura del sector de la Fábrica Militar que se dedicaba a la producción y carga de proyectiles de guerra fue “intencional, programado y organizado”, a los fines de ocultar las maniobras de ventas ilegales de armamento a Croacia, que entre 1991 y 1995 el Estado argentino promovió, a través de Fabricaciones Militares y con la planta de Río Tercero como centro operativo.
El fallo estableció la culpabilidad en un “aparato de poder” diseñado para lograr el ocultamiento de pruebas. Pero en las condenas sólo se concentró en mandos medios de esa presunta organización.
Las cuatro condenas de 2014 fueron ratificadas en 2017 por la Cámara Nacional de Casación Penal y ahora por la Corte Suprema.
El pasado 3 de noviembre se cumplieron 25 años del atentado y aún faltan respuestas.
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