La Cámara Federal de Córdoba estableció en una audiencia con las partes desarrollada este viernes un mes de plazo para que Estado nacional y vecinos demandantes lleguen a un acuerdo en torno al reclamo de indemnizaciones por daño moral que ocho mil riotercerenses plantean por el atentado sufrido en 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero.
En ese plazo, la Cámara ordenó que el abogado Mario Ponce, que patrocina a esos vecinos en esa megademanda colectiva, se reúna con representantes de los ministerios de Defensa y de Economía, además de los de la empresa estatal Fabricaciones Militares. Deberán fijar una forma de pago y los montos.
Los jueces pidieron que se realice “un proceso ágil”, según comentó Ponce a La Voz tras el encuentro.
“El Estado no trajo ninguna propuesta concreta, pero se discutieron aspectos procesales que rodean al caso y la manera de solucionarlos”, aseguró Ponce. Y resaltó “la labor de la Cámara Federal, con sus dos salas, para resolver un conflicto de tantos años”.
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Además, ponderó que el Estado aseguró a través de sus representantes en la reunión que tiene “voluntad de pagar”. Y entendió que “se abrió un canal de diálogo con el actual Gobierno, que antes no existía”.
Ponce anticipó que si en 30 días el Estado no ofrece una propuesta, se seguirá con las acciones judiciales y se ejecutará la multa por retraso para todos los expedientes.
La multa está relacionada a una ley nacional sancionada por el Congreso en 2015, hace nueve años, que especificaba un pago extrajudicial a los vecinos que integraban esta demanda, que se iba a efectivizar en bonos. Luego, el Ejecutivo de la anterior gestión aseguró por un decreto que se pagarían en efectivo. Pero nunca se cumplió la ley, en ninguna variante.
La ley aprobada en 2015 establece un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″. De ahí surge –según Ponce– la cifra final hoy estimada en $ 4 millones por damnificado. La cifra alcanzaría a 24 mil millones de pesos en total.
Por los daños de las explosiones del 3 de noviembre de 1995, que la Justicia en su parte penal ya condenó como un atentado con intención de ocultar las maniobras de exportaciones ilegales de armas, el Estado pagó indemnizaciones por vía administrativa a damnificados por muertes, lesiones y daños materiales entre 1996 y 1999. Entonces fueron algo más de 80 millones de pesos (o dólares de ese momento).
Luego, se sucedieron miles de demandas por vía judicial, que en parte fueron saldadas por el Estado mientras aparecieron sentencias.
Pero quedaron otras pendientes, entre ellas la megademanda patrocinada por Ponce, para los que, por su volumen, se apeló a una ley especial que se aprobó casi por unanimidad en 2015 y que establecía un acuerdo para un pago extrajuidicial. Los sucesivos gobiernos nacionales no abonaron hasta ahora ese compromiso.
