Algo de recorte, un poco de refuerzo presupuestario y mucho de licuación. Esa es la combinación que hoy podría describir el estado de situación que atraviesa el financiamiento de las 53 universidades nacionales que conforman la educación superior, un segmento que demanda el 5% del presupuesto total del Estado nacional y el que más ha resistido la motosierra enarbolada por Javier Milei.
La intención original de la nueva administración libertaria era prorrogar el presupuesto 2023, como sucedió en casi todas las áreas del Estado. Esto significaba que las universidades nacionales, que emplean a 136 mil docentes, tendrían $ 1,41 billones. Con una inflación del 211% en el 2023, era esperable que eso fuese a crujir. Y crujió.
Días previos a la marcha universitaria del 23 de abril, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de donde depende Educación, aumentó 70% la partida de funcionamiento. Fue tan masiva esa movilización en defensa de la universidad, que en mayo hubo otro refuerzo del 70% y ahora, en julio, otro más que llevó ese ítem al 270%. Es lo mismo que la inflación, pero sólo sobre la partida que asegura el funcionamiento de las universidades.
Pero como se sabe, lo que más necesitan las universidades son salarios. La grilla de actualizaciones fue la siguiente: 6% en diciembre, 0% en enero, 16% en febrero, 12% en marzo, 8% en abril, 9% en mayo y 4% en junio. La suba en la gestión de Milei fue del 69% con una inflación en el período del 125%. Para julio se dio 7,5%.
Es por eso que los consejos superiores de cada casa de altos estudios declararon la emergencia salarial, elevaron el pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional y al Ministerio y quedaron a la espera de una respuesta. Reclaman el recupero de un atraso que, dicen, empezó antes de esta gestión.
En el primer semestre del año, según el Instituto de Estudios y Capacitación de Conadu, el gremio que agrupa a los docentes universitarios, el Estado nacional transfirió $ 1,35 billones, 153% más que en el mismo semestre que el 2023. La cifra indica que se agotó ya en medio año lo que se había estipulado para uno entero, en la lógica del “no hay plata”.
Como para tomar una dimensión: las transferencias a las universidades equivalen, por ejemplo, al presupuesto completo de Defensa y supera incluso al total asignado al Poder Judicial. “Este año, en términos reales, Nación le pasa vía presupuesto menos plata que el año pasado”, confirma Laura Caullo, investigadora del Ieral de Fundación Mediterránea.
Historia
El sistema funcionó siempre así: Nación transfiere, las universidades gastan. No rinden cuentas exhaustivas sobre dónde y para qué se asignaron esos recursos. No hay datos en sus sitios digitales y si están, son muy viejos.
Son autónomas y en aras de esa autonomía han construido todo un andamiaje de poder, favores y conchavos –radicalismo y kirchnerismo en partes más o menos iguales– que hoy también está en tela de juicio.
No todas son iguales, claro está: algunas generan algo de recursos propios pero en general hace más de dos décadas que aprietan un botón y aparece la plata. Nombran docentes y aparece la plata. Cae la cantidad de egresados y no pasa nada.
Hoy la Argentina cuenta con 55 alumnos cada mil habitantes, uno de los más altos de la región. México tiene 36; Chile, 35 y Brasil, 25. Pero México obtiene 5,8 egresados cada mil habitantes; Chile, 5,5; Brasil, 3,5 y Argentina, 3,2, la tasa más baja del grupo.
“En Argentina tenemos muchos estudiantes y pocos egresados, con independencia de los fondos que pasa Nación, hay un problema en el logro de las universidades”, dice Caullo. “Antes nunca se había jaqueado este tablero, hay menos plata y tengo que ver cómo la administro”, dice la investigadora.
No hay más botones
Esa obligación de austeridad y de administrar mejor obligaría a hacer diferente algunas cosas que se hacen desde años de modo poco eficiente. Docentes que no se jubilan, no van a dar clases, pero siguen cobrando; o un docente que se jubila (o renuncia, porque eso pasa a menudo) y en lugar de abrirse concurso para un cargo por 40 horas cátedra se concursan cuatro de 10. Entonces, se rotan las clases entre los cuatro y va cada uno una vez al mes.
Y claro, el que cobra por 10 horas es altamente probable que trabaje a desgano porque los salarios de verdad están bajos. Todos los universitarios, como también todos los de los trabajadores argentinos.
Según datos oficiales de la UNC, con el máximo de antigüedad (24 años), un profesor titular con dedicación exclusiva (40 horas por semana) cobra en mano $ 1,98 millones. Uno titular de dedicación semi exclusiva (20 horas) percibe $ 979.262 y uno de dedicación simple (10 horas) $ 489.621 netos. El profesor asistente (ex JTP) gana 1,31 millones por 40 horas; $ 656.063 por 20 y $ 328.020 por 10 horas.
Hasta hace algunos años, trabajar en la universidad era sinónimo de prestigio y además, se obtenía un ingreso más que respetable, con buena obra social. Hoy está en tela de juicio lo primero, los sueldos dejaron de ser interesantes y la Daspu atraviesa severas dificultades.
En la mayoría de las facultades no se tomaron los exámenes de julio y no está claro cómo será el reinicio del semestre.
Hay también mucho para trabajar puertas adentro. En la UNC, la planta docente creció 13% entre 2012 y 2022, cuando pasó de 12.194 a 13.726, según consta en sus anuarios. Los alumnos crecieron en la década 53%: de 109.031 a 166.840. Pero los egresados cayeron de 6.998 en el 2012 a 5.407 en el 2022, un 23%.
El 53% del alumnado se reinscribe sin haber rendido siquiera una sola materia. El 21% rindió una o dos.
Los recortes
La Universidad Nacional de Córdoba también debió asimilar el nuevo cambio de época. No hay más botón que apretar, no llegan refuerzos presupuestarios a tiro de correo electrónico y hay una demanda social de austeridad, que también la incluye.
Marcelo Sánchez, secretario de Gestión Institucional de la UNC, explica que el año se inició con una “cuota-ley” de $ 399,5 millones al mes, que es la que banca el funcionamiento de todas las facultades: luz, seguridad, insumos, comedor, becas, obras, alquileres y los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Al año, se esperaban de Nación casi $ 4.800 millones.
Primer problema: el directorio de los SRT para el 2024 pidió $ 4.800 millones. “Eso equivalía a todo el gasto de funcionamiento de toda la universidad”, compara Sánchez.
El presupuesto total elaborado por los SRT era de $ 5.800 millones: el 83% debía provenir del subsidio de la Casa de Trejo.
Ahí fue que se aceleró lo que se venía discutiendo hace dos años en el Consejo Superior: retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recorte de horas extras y extensiones. La meta original era bajar de 220 empleados a 83, ahora podrían aceptar 100. Ya hubo acuerdo con el gremio de televisión, locutores y operadores de radio. Los 140 trabajadores que hoy tienen los SRT demandan $ 2.500 millones.
La cuenta se achicó, pero serían los decanos de otras facultades los que están pidiendo que de una vez por todas se termine de racionalizar un medio de comunicación que, entienden, los privó de recursos para hacer cosas en sus distritos.
La UNC pone plata ahí desde 2016 y muchos recuerdan que en el 2001 había 110 empleados y se autofinanciaba.
El ajuste en los SRT es hoy la principal tarea que encara la UNC para que cuadren los números. Se trabaja de todos modos en otros puntos: un programa de eficiencia energética para colocar medidores e instar a un mejor uso de la red que podría, según Sánchez, reportar un ahorro del 18% del gasto eléctrico. Se desalquiló un edificio sobre Rondeau y como se teme que la Daspu demande en breve aportes extraordinarios de la UNC, se estudia abrir la afiliación para jóvenes de 18 a 30 años con un plan muy competitivo, de modo de sumar ingresos.
Los mayores costos dispuestos por la Policía de la Provincia para el uso de sus adicionales (dos tasas del 30% cada una) han llevado a que la UNC proponga discutir un acuerdo con el Gobierno provincial para bajar los costos que demandan los 450 efectivos contratados, distribuidos en 50 puestos en el predio y anexos. Estipularon $ 2.300 millones anuales para el rubro y están en $ 4.000 millones. “Queremos intervenir en la capacitación de la Policía y que haga prácticas supervisadas en el predio de la UNC, haciendo lo que hacen los adicionales”, dice Sánchez.
El funcionario entiende que el campus es el escenario ideal para las prácticas supervisadas, dado que presenta complejidades menores. La idea es bajar 50% el gasto. Y si no, se apelará más a la seguridad privada.
Además de los recursos nacionales, la UNC contaba para este 2024 con $ 16.900 millones de recursos propios, que provendrían de la venta de servicios de la UNC y de los rendimientos financieros que daba el fondo de reserva acumulado.
A esta cuenta hay que sumar la de salarios, que inició el ejercicio con $ 118 mil millones para todo el año y para junio está en $ 170 mil millones. Hay 8.482 docentes y 3.864 no docentes trabajando en la Casa de Trejo, con 12.773 cargos.
Los diferentes refuerzos de Nación llevaron los envíos mensuales a $ 1.500 millones por mes (la previsión anual pasó de $ 4.800 millones, luego a $ 6.200 millones y ahora a $ 17.740 millones) pero lo bueno dura poco: se cayeron los recursos propios que se habían estimado en $ 16.900 millones, dado que se enfrió la actividad económica, hay menos demanda y se derrumbaron las tasas.
Los $ 8.800 millones extras que mandó Nación compensaron los casi $ 5.400 millones de generación propia que se perdieron. Y con la diferencia, de casi $ 3.400 millones, deben afrontar el incremento de costos de los servicios, la seguridad y la reestructuración de los SRT.
Para esto último también se están destinando fondos de reservas generados en años previos. “Es muy probable que tengamos que asignar incrementos a las Unidades Académicas, ya que la actualización del presupuesto aprobada sólo contempló 182% de aumento”, dice Sánchez. Falta compensar parte del 2023 y de este año, que a julio rondaría el 83%.
