Si hubiese que elegir cuál es el principal problema argentino, la raíz de todos los males que se desencadenan después, el mayor consenso apunta al tamaño del gasto público. Aparecen más tarde las dificultades colaterales, como el déficit por financiar, cómo se cubre ese rojo (si con deuda local, extranjera o emisión) y si el cronograma de vencimientos que se programe afectará seriamente la gestión del que sigue. Pero el problema es el tamaño, no tanto el déficit.
Buena parte de los países funcionan con déficit fiscal y logran, sin sobresaltos, que el mercado les preste, y hasta que les preste a tasas muy bajas. Casi todos los países, llegada la fecha de pagar la cuota de capital, refinancian, ya que el negocio de quien presta plata es asegurarse “flujo”, es decir, una renta constante sobre ese dinero. Algo así como tener siempre el departamento alquilado.
Pero Argentina no logra nada de eso por varias razones. Una es política: una gestión de gobierno desarma todo lo que hizo la anterior, vocifera en contra de lo hecho, recurre a la Justicia y amenaza con investigar cada paso que dieron quienes la antecedieron. Sean del color político que fueren. Quizá desde el derecho penal haya explicaciones válidas, pero desde el sentido común no: avanzamos dos pasos, retrocedemos tres. No hay una sola política de fondo sin grieta, un norte en el que todos estemos más o menos de acuerdo, con matices en el cómo, pero no en el hacia dónde. Brasil mismo, Chile, Perú, Uruguay son ejemplos de que se puede avanzar siempre.
La segunda razón es de confianza: el Estado avasalla todo y se acapara el poco crédito disponible que hay en la Argentina, porque son pocos quienes dejan pesos líquidos en los bancos. Emite deuda en dólares, paga un ojo de la cara porque su riesgo país es alto, y es alto porque no genera condiciones de confianza. Reestructuró deuda hace un año y esos títulos ya valen 40% menos. Como no tiene crédito, paga cada vez más, y aun así no consigue. Ergo, emite.
Para arriba
Entre 1980 y 2000, la Argentina tuvo un gasto público equivalente al 20-21% del producto interno bruto. Esto significa que, de todo lo que produce un país, el Estado se quedaba con el 20-21% para “distribuir” en los servicios propios que presta el Estado (básicamente, justicia, seguridad, salud y educación) más los gastos en seguridad social.
Pero desde la asunción de Néstor Kirchner hasta 2015, último año del segundo mandato de Cristina Fernández, el gasto público consolidado de Nación y provincias pasó del 20,3% al récord de 38,2%. Es un aumento del 88% y registra en dos décadas varios nombres y apellidos: retenciones, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, más Impuesto a las Ganancias, Impuesto País al dólar, otra vez más retenciones, impuesto a la riqueza, más retenciones. 2021 terminó en el 34,8% del PIB.
El Estado argentino es gigantesco y tiene un nivel de incidencia en el PIB igual o hasta superior que algunas economías desarrolladas. Para 2022, la previsión es gastar 13,3 billones de pesos. Eso no sería cuestionable si prestara servicios similares a los de economías desarrolladas. Pero no: el que puede paga escuela privada, obra social privada y hasta se encierra en un barrio cerrado con seguridad privada. Esos 13,3 billones de pesos son “extraídos” del sector privado para hacer un poco más equitativa la sociedad en la que estamos. Pero con un 45% de pobreza, el fracaso es estrepitoso, pese a la presión impositiva imposible.
“El tamaño del Estado argentino es más grande de lo que el sector privado puede soportar”, disparó este lunes el economista Guido Sandleris, flamante director del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba. La vaca lechera se secó, está extenuada, no hay más plata. Hace 15 años que Argentina no genera empleo y sus habitantes tienen el mismo ingreso per capita que en la década de 1970, pese a que se duplicó el gasto público.
Al ser tan enorme el nivel del gasto, el déficit se vuelve inmanejable: el 2,5% de déficit prometido ante el FMI (venimos de un 2021 con el 4% de rojo) implica que tiene previsto gastar, en dólares, 14.129 millones. Obvio que no los tiene. Conseguir financiamiento por más de 14 mil millones de dólares no es poco: equivale a casi todo el superávit comercial del país en 2021.
Es tan alto el gasto que aun un “modesto” 2,5% de rojo fiscal es altísimo: es 1,5 billones de pesos. Además, si se suman los vencimientos de capital e intereses, las necesidades –según presentó Sandleris en la Bolsa– trepan a 69.313 millones de dólares. Un tercio de eso son los vencimientos con el FMI; se puede refinanciar con el Fondo y se achica el problema. Pero nada más que eso.
El trabajoso acuerdo con el FMI no toca el problema ni de refilón: el Estado seguirá siendo tan gigante como siempre. Como hay que bajar el déficit al 2,5% y no alcanza con el revalúo impositivo ni con la suba selectiva de tarifas, aparece la carta de siempre: más impuestos. Ahora, al parecer, son para la harina y el aceite de soja. Una estrujada más al sector privado, para seguir alimentando al gigantesco Estado argentino.
