Los anuncios de la ministra Silvina Batakis están muy lejos de presentarse como un plan antiinflacionario que martille la expectativa del 73 por ciento esperada para 2022. Pero, para sorpresa de la gran mayoría, la nueva responsable de la cartera de Economía de la Nación habló de reducción de gasto público, congelamiento de personal y avance en la quita de subsidios a un segmento de la población.
Fue una visión, al menos en el relato, mucho más ortodoxa que la que venía aplicando su antecesor, Martín Guzmán.
Batakis dijo que cree en el déficit como política económica de Estado para determinadas circunstancias, pero se animó a decir que esas circunstancias ya pasaron y que ahora es el momento de virar hacia un Estado solvente, cosa que no es hoy.
“Hay que converger al equilibrio fiscal”, adelantó.
Es muy valioso que alguien que emerge del Frente de Todos, que cuenta con el aval de la propia vicepresidenta Cristina Fernández, se anime a plantear en público que hay que controlar la compulsión serial a gastar sin importar cómo se paga ese gasto.
“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, prometió.
El problema del planteo de Batakis está en lo que no dijo. A junio pasado, el Estado nacional había recaudado 8,15 billones de pesos, pero esos ingresos (que crecieron 67,9 por ciento respecto del semestre anterior) alcanzaron apenas para cubrir apenas el 78 por ciento de lo gastado.
El hueco del Estado –sin contar ningún pago de deuda de ningún tipo a nadie– equivale al 22 por ciento de lo que gasta. No hoy, no el año pasado. Esto sucede, con matices, desde hace décadas.
La ministra dijo que unificará todos los créditos presupuestarios en una sola gran cuenta y que las cuotas presupuestarias mensuales asignadas a cada organismo serán acordes a la proyección de caja real. Algo así como que se gaste hasta lo que hay, y si a alguien le sobró algo, es probable que deba cederlo a otro sector más urgido.
¿Y si no hay? ¿Por dónde se pasa la tijera? Ahí Batakis no ensayó ninguna hipótesis. El 41 por ciento del gasto se explica hoy por jubilaciones, pensiones y Pami. ¿Ahí se va a cortar? ¿Dónde, a quiénes, con qué criterio? Inviable para un gobierno débil.
El segundo ítem en importancia se lo llevan los salarios del Estado nacional (11 por ciento) y el funcionamiento del Estado en sí (cinco por ciento). Aun despidiendo a todos los empleados públicos y cerrando todas las oficinas estatales de Nación, y bajando a cero ese gasto, no se converge al equilibrio fiscal.
En la asignación universal por hijo se va el siete por ciento del gasto, y en el resto de los planes sociales (Potenciar Trabajo, Progresar y demás), otro siete por ciento. ¿Eso se va a ajustar, cuando el reclamo de las organizaciones sociales es universalizar esa ayuda, en lugar de recortar?
Los subsidios a la energía representan el 10,5 por ciento, y los destinados al transporte, el 3,2 por ciento. La quita de la ayuda estatal a los sectores de ingresos por encima de 350 mil pesos podría, en el mejor de los casos, bajar un punto el peso de los subsidios en el gasto.
¿Subirán el boleto de colectivo en el Amba? ¿El agua, la electricidad? Queda un cinco por ciento del gasto en envíos discrecionales a provincias por fuera de la coparticipación (la gestión de Axel Kicillof es la gran beneficiada) y otro siete por ciento para obra pública e inversión real directa. Las universidades se llevan tres por ciento del gasto.
Pero ni siquiera bajando a cero la obra pública se llega al déficit cero.
De modo que, con los números en la mano, los dichos de la ministra quedan como un decálogo de buenas intenciones. Voluntarismo en estado puro. No hay manera de que tenga algún asidero real lo que planteó la ministra si no dice el cómo.
Y como no hay cómo posible, lo que terminará pasando es que se pisarán otra vez salarios y jubilaciones para que la inflación haga el trabajo sucio que la política no hace; es decir, recortando gastos en términos reales para achicar el déficit.
El objetivo del Gobierno, está claro, es pilotear la crisis, no resolverla. Que si hay que hacer algún ajuste drástico, lo haga el que sigue.
Lo que seguramente pasará es que, sentándose Batakis sobre la caja, logrará ganar tiempo: no se autorizarán gastos ahora, pero igual se devengarán y quedarán como deuda que en algún momento habrá que blanquear. Mientras, se habrá ganado ¿uno... dos trimestres con el FMI? Y el año que viene es larguísimo plazo.
Lo que sí está claro es que la estampida del dólar que no controlan los asusta. Ya pasó en octubre de 2020, cuando el blue llegó a lo que hoy serían 360 pesos y el contado con liquidación, a 400 pesos.
Si bien el oficial está pisado, el CCL quebró los 300 pesos (bajó ahora) y el blue llegó a arañar los 280 pesos.
Encima, como está pisado, todos se quieren llevar los dólares del Central a precio de remate, con lo cual ya el organismo está en terreno de reservas negativas netas, según algunos economistas.
Por ahora, los turistas siguen ganando la pulseada y tienen el dólar a 222 pesos, al menos hasta la próxima medida.
Es meritorio, entonces, que la ministra haya reconocido que no se puede gastar más a tontas y a locas, y que eso, al menos por ahora, sea parte de un acuerdo global dentro del Frente de Todos.
Vieron el abismo a un metro. Volver a cierto resguardo del acuerdo con el FMI, ensalzar que las metas siguen en pie, es un intento de evitar que la cosa empeore.
Hay muchas dudas en cuanto a si esto alcanza para que la cosa mejore, pero al menos es probable que deje de empiojarse.
