El kirchnerismo recurrió este martes a una polémica jugada en la Cámara de Diputados ante el escándalo que se generó con los avances judiciales que revelaron vínculos entre uno de los detenidos por presuntas maniobras de espionaje ilegal con el diputado nacional Rodolfo Tailhade y el subdirector de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja tenía previsto reunirse el martes para que los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda expongan sus descargos de manera presencial ante las múltiples acusaciones por presunto mal desempeño.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió no habilitar las deliberaciones. “Se da por terminada la presente reunión de Comisión ya que se torna abstracta”, dijo la diputada kirchnerista Ana Carolina Gaillard que preside la Comisión.
Gaillard argumentó que la reunión no tenía razón de ser porque Rosenkrantz y Rosatti respondieron el jueves, por separado y por escrito, mientras que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse.
Inmediatamente, en el salón empezaron a escucharse quejas y gritos de algunos referentes de la oposición que pedían continuar con las deliberaciones pero Gaillard los desestimó e insistió: “Con esto damos por terminada la presente reunión porque se ha cumplimentado con el objeto para el cual fue convocada”.
En la oposición no tardaron en salir a criticar la sorpresiva maniobra del oficialismo. “El kirchnerismo hoy perdió por abandono, huyó como rata de la comisión de Juicio Político. Justo cuando algunos de sus integrantes, como Tailhade, que fueron los que impulsaron esta farsa, tienen que ir a tribunales”, lanzó el diputado radical Mario Negri.
Negri precisó que Gailard se apuró a levantar la reunión ya que los descargos de los jueces supremos Rosenkrantz y Rosatti fueron hechos por escrito la semana pasada. “Decidieron levantarse e irse, abandonaron, no sé qué comisión van a llamar otra vez. Es una vergüenza, huyeron como rata, porque no tenían forma de explicar, los que están presentes, lo que inventaron”, gritó Negri.
“Dijimos durante muchos meses que en esta reunión parecía una reunión del comité de inteligencia donde se pasaban por Whatsapp preguntas y re-preguntas a los testigos, inventaron lo que quisieron, y hoy, cuando íbamos a preguntarle a algunos de los que fueron tan agudos en las preguntas durante tantos meses, se levantan y huyen, huyen como rata, es la primera vez que hay un antecedente de esta naturaleza”, remarcó.
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical alertó además que “todo este juicio político está cargado de nulidad”. “El oficialismo kirchnerista huyó de la reunión de comisión de juicio político, por ellos mismos impulsada, para no dejar que nos expresemos desde la oposición. Otro día vergonzoso en la Cámara de Diputados”, completó el legislador del PRO Pablo Tonelli.
Las quejas fueron el puntapié de las gestiones que más tarde resolvieron impulsar los legisladores de Juntos por el Cambio para avanzar sobre Tailhade. Según anunciaron en conferencia de prensa, pedirán que la Bicameral de Inteligencia haga una investigación porque es inadmisible que un “espía” sea parte del Poder Legislativo y avalarán el eventual pedido de un juez para quitarle los fueros al diputado del oficialismo.
En simultáneo, otro grupo de legisladores opositores liderados por la cordobesa Soher El Sukaria (PRO) presentó un proyecto para expulsar a Tailhade de la Cámara baja “por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de su presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal y otras actividades ilegales”.
Con la jugada del martes, el kirchnerismo evitó protagonizar un escándalo en la Comisión ante las novedades en la causa en la que se investigan maniobras de presunto espionaje ilegal que habrían tenido como blanco a los miembros de la Corte, a otros funcionarios del Poder Judicial y a dirigentes políticos.
Uno de los dirigentes que figura en la lista de los espiados ilegalmente es el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien el martes salió a manifestar su preocupación. “Esto es grave para la democracia, esto atenta contra la libertad”, alertó el mandatario radical tras encabezar un acto.
Suárez pidió que se “llegue hasta las últimas instancias en averiguar y esclarecer estos hechos”. “En esto tiene que proceder la justicia. Si yo tengo que acceder a la justicia, voy a acceder, pero vamos a ver qué más información tengo sobre esto”, sostuvo.
El lunes, el fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas acciones en la megacausa sobre espionaje ilegal porque, argumentó, identificó vínculos entre uno de los detenidos con Tailhade, que además se desempeñó como directivo de la Agencia Federal de Inteligencia, y “Conu” Rodríguez, también conocido por su militancia en La Cámpora.
Pollicita llegó a esa conclusión tras analizar la información de dispositivos electrónicos secuestrados al sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta. Y pidió, además de una serie de allanamientos, que Zanchetta se presente a ampliar su declaración indagatoria y que se cite ahora a Tailhade y a “Conu” Rodríguez.
El fiscal busca identificar “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.
El integrante del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación aseguró que “obtuvo y reunió información personal de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia”.
“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etcétera”, indicó el fiscal en su resolución.
Tailhade se pronunció a través de sus redes sociales y señaló: “Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia”.
Pollicita avanzó sobre una serie de denuncias (por hackeos a los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y también del espionaje ilegal a funcionarios judiciales y empresarios durante un viaje a Lago Escondido) que quedaron radicadas en el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi y observó vínculos entre los supuestos delitos.
El fiscal sostiene que Zanchetta “habría sido incorporado como agente ‘inorgánico’ (desde 2009 y hasta fines de 2015) en la Secretaría de Inteligencia de la Nación, rol desde el cual habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de ese organismo.”
“Fueron hallados decenas de correos electrónicos de los años 2009 a 2015 entre Zanchetta y quienes en ese entonces serían agentes de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, en los que estos últimos le requerían la realización de distintas tareas de investigación —informes, consultas de vehículos, antecedentes penales, líneas telefónicas, cruces migratorios, entre otras— las que eran cumplidas por aquél”, afirmó el letrado.
