El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés en los últimos días con un nuevo escándalo que los salpica de lleno, luego de que se presentaran denuncias en varias provincias que señalan presuntos pedidos de aporte al personal del Pami para financiar a La Libertad Avanza (LLA).
Estos pedidos de aporte partidario se realizarían a los funcionarios políticos de la obra social de los jubilados. El objetivo sería financiar las actividades de campaña de LLA. Ya hay casos reportados en Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Chaco.
De acuerdo a las denuncias, a estos funcionarios se les solicitó un porcentaje de su salario para la actividad partidaria. En Misiones y Santa Cruz se menciona el 10%, mientras que en La Pampa se reporta un 15%, según detalló Clarín.
Según consignó el mismo medio, la mayoría de las delegaciones del Pami en las provincias responderían a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes son armadores territoriales de Karina Milei.
Siguiendo esa línea, existiría una fuerte relación entre las autoridades designadas para manejar las “cajas” de la obra social de los jubilados y la conducción de La Libertad Avanza.
Denuncias y casos en las provincias
En Misiones, el escándalo se desató con una denuncia penal contra Carlos Adrián Nuñez, quien fue elegido por Karina Milei para manejar el sello de LLA en la provincia, junto a otros dirigentes partidarios: Mario Pérez Miranda y Cristian Orlando Sanabria Brítez.
La acusación fue formalizada por Samuel Doichele, productor agrícola y referente libertario, incluye a Samantha Stekler, titular del Pami Misiones, y Nelli Beatriz Guerrero, jefa de la Anses de Eldorado. Estas dos funcionarias también integran la lista de candidatos a diputados.
Se denuncia la retención del 10% del sueldo a funcionarios de Anses y del Pami. Según detallaron, las quejas por las contribuciones compulsivas comenzaron en febrero y los funcionarios ya habían exigido la devolución del dinero.
En La Pampa, la situación se entrelaza con una interna partidaria y denuncias de reparto de cargos en el Pami.
En esa provincia, el titular de la obra social es Luciano Ortiz, quien también controlaba el partido. Karina Milei intentó reemplazarlo en la conducción partidaria por Juan Pablo Patterer, pero la justicia impugnó esa designación y Ortiz recuperó el cargo al frente de LLA.
Una tercera línea libertaria, con referente en María Victoria Rambur, apuntó contra Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo Provincial de LLA. Jamad es quien fue señalado como “el recaudador”. Según reitera la denuncia, los funcionarios depositan el 15% de sus salarios en una cuenta que aparece a nombre de Jamad para financiar actividades de campaña.
Al respecto, el propio Jamad admitió ser titular de la cuenta, pero negó que los aportes sean compulsivos. Este caso terminó por dejar al descubierto la presunta designación de unos 12 militantes libertarios en cargos públicos en delegaciones del Pami en La Pampa.
En cuanto a Chaco, las denuncias ya fueron presentadas aunque la justicia todavía se encuentra investigándolas. Mientras, en Santa Cruz despidieron al titular de la delegación del Pami de Caleta Olivia, Sergio Torres, a pedido del director ejecutivo de la obra social en la provincia, Jairo Guzmán.
Torres dijo que Guzmán le exigió que obligara a una médica a pagar un aporte partidario, pedido al que dijo haberse negado. Él mismo confirmó que aportaba el 10% de su sueldo al partido, pero aclaró que lo hacía de manera voluntaria.
La respuesta del Pami
En medio de todos estos escándalos, el Pami compartió un comunicado en el que reiteraron que iniciarían una auditoría interna, asegurando que las delegaciones ya no serían más “una caja negra al servicio de la política”.
Reiteraron que se inició una investigación interna y prometieron sanciones a los involucrados.
“Pami está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores. Durante años, la política convirtió a Pami en una caja. Usaron el instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país”, indicaron en su mensaje.
Y agregaron: “Esta intervención forma parte de una política clara: desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios. El objetivo es ordenar el instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”.
“Las autoridades del Instituto ya iniciaron una investigación interna y, de confirmarse las irregularidades, se avanzará con las sanciones correspondientes. No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”.
Con información de Clarín
