El Gobierno provincial trata de destrabar un conflicto salarial anárquico, por momentos asambleario, y que no tiene por el lado de los reclamantes un ordenador o interlocutor, sino múltiples voces, por hospital y por sector; lo que complejiza su resolución.
El foco se inició en el hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto, donde médicas y médicos de guardia comenzaron a renunciar en protesta por los bajos salarios.
El efecto contagio se produjo de inmediato, y se amplió a otros servicios. Para profesionales que realizan guardias, la Provincia anunció un remunerativo adicional de 50 mil pesos para quienes presenten el servicio en Capital y el Gran Córdoba, y de 70 mil para quienes se desempeñen en el interior. ¿Qué pasará con el resto? La respuesta moviliza las asambleas hospitalarias.
El fin de semana, los directores de cada hospital enviaron mensajes a los referentes de la protesta: transmitieron que el Ministerio de Salud comprendía el reclamo, al que consideran “justo” y “alejado de intencionalidad política”, por lo cual la intención es mantener el diálogo abierto.
Asambleario
Como ya se dijo, cada hospital es un foco. En el caso del Córdoba, uno de los más grandes de la provincia, el reclamo es un aumento del 120 por ciento al salario básico, un bono extra en diciembre por 100 mil pesos y el blanqueo de todos los ítems no remunerativos.
La asamblea convocó a un paro por 72 horas desde este lunes, pero el fin de semana la ministra de Salud, Gabriela Barbás, abrió una línea de negociación y recibiría a cinco delegados este lunes a las 15.
Como prenda de cambio, Barbás pide que se levante la medida de fuerza, al menos las primeras 48 horas: el paro del miércoles es de todos los hospitales. La asamblea del Córdoba se reunirá el lunes a las 7.30 y definirá qué hacer.
Este sábado, Pablo Igarzábal, exsubsecretario de Atención Hospitalaria de la Municipalidad durante la gestión de Ramón Mestre y uno de los médicos que lideran la protesta, destacaba el gesto de Barbás, pero admitía que sin plata sobre la mesa para todos los integrantes del equipo de salud será difícil que el conflicto se desactive.
Un caso que ejemplifica el desorden que provoca el estado asambleario es un posteo de la pediatra Natalia Luna, quien se desempeña en el hospital de La Calera, quien reclamó a la nuevas autoridades de Salud por el pago de un bono no remunerativo: ”Déjelo para los planeros, somos profesionales: no al bono, sueldos dignos”, escribió la esposa del ex ministro Diego Cardozo, a quien en las asambleas le asignan una cuota parte mayoritaria por el “hartazgo”.
En este escenario, vale repasar la desorganización de la vocería médica: el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) no tiene incidencia entre profesionales de Salud, salvo en el segmento de enfermería. En los hospitales talla la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que no tiene representación formal en la mesa de negociaciones. Para sumar al desconcierto, médicas y médicos no tienen colegio, dejando para el Consejo Médico un rol ontológico en el otorgamiento de la matrícula, pero no en el aspecto gremial, por lo que las agrupaciones son autoconvocadas.
Recursos humanos “críticos”
Además de cada asamblea, conviven en el conflicto distintas “tribus”. La división es histórica y tiene como ejemplo paradigmático el caso de anestesistas. No es el único segmento que considerado un “recurso humano crítico”, condición que mejora notablemente el salario.
Eso es lo que reclamaron los emergentólogos de Río Cuarto y desató el conflicto.
“¡Vayan por todos, somos unos mansos; ¿cómo vamos a tener un básico de 75 mil pesos?!”, dice en un audio que es viral entre médicas y médicos una emergentóloga que renunció en Río Cuarto.
“Hay una fuerte inequidad salarial. Tanto entre profesionales de diferentes áreas de la salud como entre colegas: un médico recurso humano crítico cobra el doble que uno que no es lo es”, dice Gastón Vacchiani, psiquiatra y secretario General de la UTS.
Él entiende que aunque lo salarial fogonea el conflicto, éste es “multicausal”: ”mal pago, desigualdad salarial, multiempleo y destrato”, enumera.
Coincide Igarzábal, quien asegura que en la asamblea del hospital Córdoba se percibe “el hartazgo” producto de la combinación de malos salarios, cargos sin cubrir y “verticalismo” generado durante la gestión de Cardozo.
“Si recomponen el salario a los 1.600 médicas y médicos que hacen guardias, ¿qué va a pasaron con las otras 11 mil personas de los equipos de salud?”, se pregunta Igarzábal. Ahí reside la otra dificultad: el efecto dominó de una recomposición especial en los hospitales provinciales.
El viernes por la tarde, los equipos directivos de los hospitales fueron convocados al Ministerio de Salud. Tras la reunión, varios contactaron a los respectivos referentes de las asambleas, con el propósito de abrir líneas de negociación y garantizar las guardias. También dejaron en claro que las protestas “están autorizadas”.
La expectativa en las asambleas es que se anuncie un aumento del “piso salarial mínimo” para todos los integrantes de los equipos de salud.
Récord de cargos en salud tras la pandemia
Los datos oficiales muestran que la cantidad de empleados de Salud está en el techo histórico, aunque la incidencia de los salarios en el presupuesto ha caído en los últimos años.
Según los datos oficiales, en junio de este año dependían de Salud 12.972 personas, que representan el 10,25 por ciento del total de empleados públicos. En 2018, los empleados de Salud eran 11.737, el 9,2 por ciento del total de la planta provincial.
La cantidad de contratados en los hospitales aumentó con la pandemia. ¿Qué pasará en 2023? De acuerdo con el Presupuesto enviado a la Legislatura algunos hospitales tendrían menos personal en comparación con los que había en 2018.
A modo de ejemplo: el Córdoba tendrá 763 cargos contra los 791 que tenía asignados cinco años atrás; el de Niños, 670 cuando tenía 735; y el Nuevo San Roque, 688 contra los 769 de 2018.
En contrapartida, aumentaría la dotación del Neonatal (566 en 2018 y 599 para el año próximo) y el Misericordia (691 el año que viene y 523 en 2018).
Otro dato en el marco del conflicto es cuánto incide la partida personal en un hospital. En el caso del Córdoba, en 2018 el 82 por ciento de su presupuesto se destinó a personal permanente, no permanente y contratación de técnicos; mientras que 2022, ese porcentaje presupuestado es de 74,3 por ciento. Al mismo tiempo, los gastos en productos farmacológicos pasaron del 7,1 por ciento en 2018 al 12,3 por ciento este año, siempre en el Córdoba.
En Río Cuarto, la participación salarial en el presupuesto del hospital provincial de esa ciudad cayó en el mismo período de 83,1 por ciento a 79,5. En contrapartida, el impacto presupuestario de los medicamentos pasó del 5,3 por ciento registrado en 218 al 8,7.
Sueldos de bolsillo, los números del Gobierno
Sin desconocer el reclamo, el Gobierno provincial sostiene –a través del Ministerio de Coordinación– que los salarios testigos de bolsillo no son los que se dicen en las asambleas. A modo de ejemplo, dio estos casos, siempre para el escalafón médico.
Los números de referencia de los salarios que pone sobre la mesa el Ministerio de Coordinación son distintos a los que exponen médicas y médicos en las asambleas. Según la Provincia, un médico de guardia (seis guardias mensuales, con siete años de antigüedad) cobra de bolsillo en Capital 245.251 pesos, y uno del interior, 265.251. Mientras que un médico residente de guardia llega a los 167.815 pesos.
El cálculo para el médico especialista (cirujano pediátrico, con 15 años de antigüedad) es de 240.266 pesos mensuales; mientras que el director de hospital de alta complejidad percibe, de acuerdo con la información del Ministerio de Coordinación, 313.561 pesos.
