El drama que vive la ciudad santafesina de Rosario por la escalada de violencia y narcotráfico volvió a desatar cruces en el terreno político. Esta vez fue en el Senado, donde Juntos por el Cambio acusó a Cristina Kirchner de paralizar una comisión bicameral clave, mientras que el Frente de Todos denunció que la principal oposición “no quiere votar nada”.
“En el Senado el trabajo del Frente de Todos es atender la agenda de Cristina Fernández de Kirchner”, arremetió el interbloque presidido por Alfredo Cornejo en un duro comunicado, donde acusan a la vicepresidenta de obstruir “todo proyecto que no se acomode a su agenda”.
Juntos por el Cambio alertó que Cristina “continúa bloqueando la integración de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, aquella que debe ponerle fecha y hora a la implementación de este nuevo Código en Santa Fe y Mendoza. Un Código que aceleraría los procesos judiciales en un 50%”.
En efecto, esa comisión (que estaba en manos de la camporista Anabel Fernández Sagasti) no se constituye desde que cambió la composición del Congreso, en diciembre de 2021, a pesar de que Diputados ya elevó sus nombres en junio de 2022 y días después lo hicieron los senadores de Juntos por el Cambio. “El oficialismo, mientras tanto sigue en silencio”, lamentaron.
Además de la bicameral, la oposición reclama la cobertura de tres vacantes judiciales: dos en la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Rosario (los candidatos son Eduardo Daniel Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario) y una en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nro.1 de la misma ciudad (el candidato es Gastón Alberto Salmain).
“Lo único que hacen es someter al cuerpo a los intereses particulares de Cristina”, advirtió Juntos por el Cambio, y agregó que el objetivo de la vicepresidenta en estos tres años “fue utilizar este espacio como medio para instalar y concretar su agenda personal, que es la de cooptar a la Justicia en total detrimento de las necesidades de la gente”.
La kirchnerista Juliana Di Tullio salió a responder las acusaciones. “La vicepresidenta no es senadora, es parte del Poder Ejecutivo, entonces claramente no es quien frena el funcionamiento del cuerpo legislativo”, dijo a la radio AM 530.
Además, advirtió que “Santa Fe está en estado de emergencia porque la oposición no quiere votar nada”, y atribuyó la situación al rechazo de Juntos por el Cambio a la reforma judicial que se aprobó en 2020 en el Senado pero se frenó en Diputados.
“Le echan la culpa a Cristina pero antes del atentado al supermercado de la familia Rocuzzo podrían haber tenido toda la estructura para hacerle frente en términos judiciales al tema del narco y robustecer el Poder Judicial en Santa Fe y en todas las provincias, pero los diputados de Santa Fe lo dejaron durmiendo”, recordó la senadora.
La Cámara alta no sesiona desde el 16 de noviembre y tampoco registra reuniones de comisión. El kirchnerismo había tanteado una convocatoria con temas de consenso (como la “Ley Lucio” y la de “alcoholemia cero”) para fines de febrero, pero los planes fracasaron.
Hubo diferentes interpretaciones sobre los motivos. En ese momento, Juntos por el Cambio había decidido no facilitar ninguna ley del Gobierno mientras persistiera el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia en Diputados. “Ellos no dieron quórum”, se quejó Di Tullio.
Sin embargo, la sesión también naufragó por la ruptura del interbloque oficialista, que hizo que el Frente de Todos perdiera la primera minoría y también la posibilidad de conseguir quórum propio con la ayuda de aliados.
En los últimos días, los líderes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio habían iniciado conversaciones para sesionar el 30 de este mes con temas acordados, pero los cruces de este viernes podrían empantanar la negociación.
Paralelamente, Unidad Federal, el nuevo bloque de peronistas díscolos presidido por Guillermo Snopek, se adelantó y pidió su propia sesión para el 29, incluyendo pliegos judiciales de Santa Fe y Córdoba y la “Ley Lucio”.
En Diputados
Mientras tanto, en Diputados, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, intenta romper con el bloqueo legislativo de Juntos por el Cambio para sesionar el martes 28 y aprobar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, que busca viabilizar el sistema acusatorio.
Para eso se propone la creación de 50 cargos, de los cuales 36 serán en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial. El impacto fiscal será de aproximadamente 1.106 millones de pesos anuales, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Con ese informe en mano, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará el proyecto el próximo miércoles y, de obtener dictamen, quedará en condiciones de ser tratado en el recinto, pues ya recibió el visto bueno en Justicia y Legislación Penal.
