La deuda de Epec con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alcanza los 8.246 millones de pesos y, si bien subió por el impacto de los intereses, no es por el momento exigible de pago y está sujeta a una negociación, aseguran en la empresa provincial.
De este modo, la acreencia sobre Córdoba de la empresa nacional que realiza el despacho de la energía representa el cuatro por ciento del total de la cartera pendiente de cobro a nivel país. El bache, como se sabe, se cubre con emisión monetaria.
Casi todas las distribuidoras del país se encuentran en este momento en negociaciones con Cammesa para darle una salida a la problemática, ya que algunas provincias han expresado que están imposibilitadas de cumplir con los pagos originados en la compra de energía, intereses, multas o penalidades.
De hecho, a mitad del año pasado, Formosa, Santiago del Estero y Catamarca consiguieron firmar una condonación por cuatro mil millones de pesos bajo el compromiso de ejecutar inversiones por montos equivalentes a esas obligaciones para lograr mejoras en la calidad del servicio.
Los acuerdos se efectuaron en el contexto del artículo 87 del Presupuesto 2021 y de la resolución 40 de la secretaría de Energía de la Nación.
La pandemia
En el caso de Córdoba, esa deuda “vieja” por dos meses siempre se situó en torno de los cuatro mil millones de pesos. Con intereses y otros cargos ahora llega a los 8.246 millones de pesos pero en el Directorio de Epec consideran que Cammesa no podrá escaparle a una negociación a tono con lo que ocurre con otras distribuidoras del país.
La santafesina Epe, por caso, debía 12.316 millones por 11 meses de facturas y consiguió el año pasado que Cammesa la reconociera 9.442 millones y un saldo a pagar de apenas 2.874 millones, a través de un esquema con seis meses de gracia y 60 cuotas, con intereses de financiación con aplicación de una tasa equivalente al 50% de la tasa del mercado.
Lo que debe Epec
La deuda original de Epec (aquellos cuatro mil millones) se ubica en los períodos abril y mayo de 2020, a comienzos de la pandemia. Esa situación, entienden en el edificio de la calle Tablada, lleva la acreencia de Cammesa a situarse dentro de los fundamentos del artículo 87 del presupuesto nacional del año pasado.
En el marco del aislamiento preventivo, el Gobierno nacional dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, entre otras, no podían disponer la suspensión o el corte a los usuarios de sectores vulnerables, jubilados, pensionados, beneficiarios de otras pensiones y planes sociales, monotributistas sociales y de las categorías más bajas, y empleadas domésticas.
Las distribuidoras entonces no podían cortar el suministro en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas (luego se extendió a siete boletas), en una primera instancia. Esto derivó desde marzo de 2020 en un incremento de la morosidad de los pagos de la facturación emitida por el Organismo Encargado de Despacho (OED) en su calidad de administrador del MEM por parte de las distribuidoras.
Los créditos del Tesoro Nacional que reciba cada empresa podrán ser equivalentes hasta cinco veces la factura media mensual de 2020 de la compañía o al 66% de la deuda existente con Cammesa. El resto del pasivo deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el MEM. Esto es lo que se discute.
