Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, enfrentará un juicio oral y público tras ser acusado de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y defraudar al Estado con fondos públicos.
El juez federal Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio de Belliboni y otros 17 dirigentes, en una causa que expone un presunto sistema de coacción y desvío de dinero entre 2020 y 2024. La decisión, que también involucra a figuras como Jeremías Cantero y Gianna Puppo, reaviva el debate sobre el manejo de planes sociales en Argentina y pone bajo la lupa a las organizaciones piqueteras en un contexto político tenso.
Un esquema de extorsión y fraude al descubierto
La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y respaldada por organismos como la Oficina Anticorrupción, reveló una “matriz delictiva” que operó entre junio de 2020 y marzo de 2024. Según la acusación, el Polo Obrero, bajo el liderazgo de Belliboni, controlaba 65 mil planes sociales a los que se les exigía asistir a marchas y aportar dinero bajo amenaza de perder el beneficio. Documentos clave, como el “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1″ y listas de asistencia a protestas —como la del 1 de mayo de 2023—, muestran un sistema de control estricto que incluía sanciones como descuentos o bajas del programa para quienes no cumplían.
El juez Casanello determinó que el Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado desviaron fondos públicos mediante facturas apócrifas emitidas por empresas como Coxtex y Ricoprint, destinando el dinero a financiar actividades del Partido Obrero, incluidas campañas electorales. La fiscalía estima que solo entre agosto de 2023 y febrero de 2024, la organización recaudó más de 313 millones de pesos a través de estas maniobras.
“Se aprovecharon de la vulnerabilidad de miles de personas para obtener poder y dinero”, afirmó Pollicita en su dictamen de 279 páginas, calificando a Belliboni como el “jefe” de la estructura delictiva.
Reacciones y un debate que se intensifica
La elevación a juicio, confirmada este 9 de abril tras el rechazo de apelaciones por la Cámara Federal de Casación Penal en enero, generó reacciones inmediatas.
El líder del Polo Obrero rechazó las acusaciones, calificándolas de “fraude” y una campaña política para “amedrentar a las organizaciones sociales”. En diálogo con medios de Buenos Aires, Belliboni anunció que llevará el caso a instancias internacionales como la ONU y la CIDH, alegando irregularidades en el proceso judicial.
El caso, que comenzó con denuncias anónimas al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023, expone tensiones históricas entre el Estado y las organizaciones piqueteras.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Polo Obrero y otras agrupaciones actuaron como intermediarios del Potenciar Trabajo, recibiendo millonarios subsidios que, según la Justicia, fueron malversados. La investigación también apunta a exfuncionarios como Emilio Pérsico del Movimiento Evita, cuya participación aún está bajo análisis por posible lavado de dinero.
