Mientras el Gobierno nacional prepara un nuevo DNU para eliminar organismos públicos y negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las autoridades se toparon con ciertas dificultades en los últimos meses para privatizar empresas estatales y efectuar despidos en organismos clave, por lo que la solución transitoria para reducir las plantillas pasó por la apertura de retiros voluntarios.
En el Banco Nación se fueron 1.300 empleados desde fines de 2023 entre retiros y jubilaciones. De esta forma, la dotación se redujo un 7% y recuperó el tamaño del 2010. En despachos oficiales afirman que las otras previas ampliaron la plantilla sin razón y que el equipo actual de 16.150 personas es una “mejora sustancial”. “El proceso de transformación del banco apuesta a la eficientización más que a la reducción de personal”, señalaron fuentes oficiales al diario Clarín.
El Gobierno busca privatizar la entidad valuada en $ 15 billones, un patrimonio que supera al del banco Galicia, Macro y Santander juntos. Pero su conversión en SA quedó suspendida hasta noviembre tras un fallo en marzo a favor del gremio La Bancaria. Ahora, se rumorea la posible baja de la edad de retiro a 58 años para los hombres y 55 para las mujeres para tentar empleados. El gremio estima que renunciaron 650 personas, una cifra menor a los 1.500 previstos por el banco, presidido por Daniel Tillard.
Por otra parte, el Nación avanza en el cierre de la sucursal Ramos Mejía, en La Matanza, por la pelea por las tasas municipales. El plan es trasladarla a fin de mes desde el municipio gobernado por Fernando Espinoza, a Ciudadela, en Tres de Febrero, bajo el control del intendente, Diego Valenzuela, hoy en La Libertad Avanza. “Hay varias sucursales del conurbano en la mira, son municipios peronistas, la falta de personal está afectando la atención y la falta de inversión en sistemas”, señaló una fuente gremial.
Más “motosierra”
Atento al aumento del 20% interanual real del gasto público en febrero, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reunió a sus pares de cada ministerio en el Palacio de Hacienda para pedirles que profundicen el ajuste. “Este año va a ser absolutamente austero y sigue vigente la motosierra”, les dijo, en un mensaje que fue interpretado por los presentes como un respaldo al ministro desregulador, Federico Sturzenegger.
Al parecer, algunas áreas entorpecen la implementación de algunas medidas impulsadas por el “coloso”. De ahí que la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y Sturzenegger firmaron la decisión administrativa 7/2025 que dispone premios económicos -un mayor gasto salarial- para los funcionarios que reduzcan personal en sus organismos. La intención es “estimular” a las autoridades a que no cedan ante la resistencia de los gremios y los empleados.
Es lo que estaría ocurriendo en la secretaría de Trabajo, donde hay cautela ante la posibilidad de un duro conflicto con ATE si avanzan en despidos masivos tras el vencimiento de 50 mil contratos el 31 de marzo pasado. También hay malestar en la ex-Afip (Arca), donde este jueves el gremio Aefip realizó un nuevo apagón informativo de 9 a 12, sin atención al público, mientras Supara lanzó un paro en la Aduana que continuará este viernes de 9 a 17 en Amba y de 9 a 18 en el interior.
Pese al acuerdo con Camioneros, estos sectores desafían el techo salarial de Caputo del 1% mensual y exigen un 4,7% por enero y febrero. Asimismo, rechazan los cambios derivados del cierre de 100 sedes de distrito y oficinas. En los primeros dos meses de este año, ya hubo 821 renuncias, incluyendo decenas de jefes y directores de áreas sensibles con más de 20 años de antigüedad, como el responsable de Prevención de Lavado de Activos.
La política salarial y fiscal del gobierno tendrá un capítulo clave la semana próxima: el miércoles será la marcha de la CGT y el jueves el paro general, convocatoria a la que ya adhirieron los gremios de Arca, los bancarios, buena parte del transporte público y de carga, otros sectores. La huelga fue convocada tras la represión a la marcha de los jubilados y contempla entre los reclamos el aumento del bono de $ 70 mil, que sigue congelado.
