Comenzó la cuenta regresiva: en una semana el Senado definirá la suerte de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. El camino hacia el jueves 3 de abril, día de la sesión, es un laberinto con muchas bifurcaciones en el que muchos senadores esconden sus cartas. A pesar de la insistencia de un sector dialoguista, el Gobierno hasta ahora no retira los pliegos y se expone a la posibilidad de una derrota.
La sesión llega con una situación verdaderamente paradójica: Lijo se erigía como el candidato con más consenso, pero no pudo jurar en la Corte porque no le aceptaron la licencia en su juzgado, mientras que García-Mansilla era el más resistido pero ya ejerce funciones en el máximo tribunal. No solo eso: el académico se aferra al nombramiento en comisión para ocupar el cargo hasta el 30 de diciembre aunque el Senado voltee su pliego.
El primer desafío para el próximo jueves es el quórum. La oposición necesita sentar a 37 senadores en sus bancas. Unión por la Patria tendría presentes a sus 34 integrantes y podría conseguir los tres que faltan con ayuda de dos radicales opositores a Javier Milei, Martín Lousteau (titular del partido) y el fueguino Pablo Blanco, más Guadalupe Tagliaferri (PRO), presidenta de la Comisión de Acuerdos.
En los últimos días se generó incertidumbre por la conformación de un nuevo bloque dentro de Unión por la Patria. Se llama Convicción Federal y lo integran cuatro senadores que no responden a la conducción de Cristina Kirchner: el puntano Fernando Salino (presidente), la jujeña Carolina Moisés, el riojano Jesús Rejal y el catamarqueño Guillermo Andrada.
Salino despejó las primeras dudas. “Nuestro bloque va a dar quórum para que esta sesión sea posible”, garantizó el puntano, que responde al exgobernador Alberto Rodríguez Saá. La votación será otra historia. “Voy a votar en contra de García Mansilla y en el caso de Lijo sigo evaluando cual será mi posición”, dijo a un medio local. Moisés votará a favor de Lijo, y Rejal y Andrada seguirían el mismo camino.
Si al momento de votar los 72 senadores estuvieran presentes, la oposición debería juntar 25 votos negativos, ya que para aprobar los pliegos se necesitarían 48 votos positivos, es decir dos tercios. Si hay ausencias o abstenciones (que en el Senado se computan como ausencias), se necesitarán menos votos.
García-Mansilla está en la cuerda floja porque el rechazo de Unión por la Patria es prácticamente unánime: desde un principio no estaban de acuerdo con el perfil del candidato, pero enojó aún más que aceptara ser designado por decreto después de haber dicho lo contrario en la audiencia pública. En el caso de Lijo, tendría algunos avales peronistas (se habla de unos 14), pero al mismo tiempo hay aliados del oficialismo que están en contra, como el cordobés Luis Juez (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni.
Retiro de los pliegos
El sector del radicalismo que se diferencia de Martín Lousteau y es más propenso a colaborar con Milei insistirá hasta el último minuto en que el Poder Ejecutivo retire los pliegos para evitar una derrota. “Sería una salida razonable. Tenemos que abrir una negociación distinta”, se empecinó una importante fuente del bloque ante La Voz. Pero hasta el momento la decisión oficial, ratificada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es mantener los pliegos en pie.
Ambos ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos, pero ese no sería un obstáculo para que el Ejecutivo los retire. Hay un antecedente: en octubre de 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner retiró el pliego de Roberto Carlés, a quien había propuesto para la Corte, y propuso otros dos nombres, los de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín. El pliego de Carlés había sido dictaminado en abril.
En el caso de García-Mansilla, el retiro del pliego sería inocuo, porque según su interpretación y la del Gobierno, el nombramiento en comisión le da estabilidad en la Corte hasta el 30 de noviembre. Pero esta lectura no es compartida por otros como la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, quien sostiene que el nombramiento cae automáticamente con el rechazo del Senado.
El propio García Mansilla se plantó en los últimos días y aseguró que, mientras dure su designación en comisión, solo podrá ser removido de su cargo mediante juicio político. Así lo afirmó en un escrito presentado ante el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, que analiza la constitucionalidad del decreto presidencial que lo colocó en la Corte.
Lijo está en una situación más compleja, porque aún si el Ejecutivo retirara su pliego, para poder asumir en la Corte debe renunciar a su cargo en Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. Hasta ahora no lo hizo porque, si el Senado rechaza su pliego, se quedaría sin ninguno de los dos cargos.
