El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.
Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó que el Ministerio de Seguridad brindará un informe completo de los resultados del operativo realizado con el protocolo antipiquetes en la movilización realizada esta semana a Plaza de Mayo.
Primero adelantó que el Gobierno se presentó en la Justicia para materializar las denuncias que le llegaron a la línea 134 creada para dar a conocer si beneficiarios de planes sociales eran obligados a asistir a la movilización.
“Hemos hecho la denuncia por extorsión y defraudación de planes sociales del Estado en la Justicia Federal. Nos llegaron en total 16.150 llamadas y encontramos que en más de 1.200 había alguna posibilidad de configuración de delito”, agregó.
“Hay 32 personas indentificadas dentro de esas llamadas y que hemos informado a la Justicia”, dijo.
En otro orden, dijo que ya existe una estimación de los costos del operativo de seguridad y reiteró que les serán girados a las organizaciones que motorizaron la marcha.
“Son cerca de 60 millones de pesos, las facturas serán pasadas a las 14 organizaciones sociales que tenemos identificadas como las convocantes. Entre otros están el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Cuba MTR, Libres del Sur, Fol, Barrios de Pie, MTE, Patria Justa, entre otros”.
Protocolo antipiquetes: cuánto costó el operativo y a qué organizaciones se lo cobrarán
Pasadas las 12.30, el Ministerio de Seguridad dio a conocer los detalles finos del operativo de seguridad adelantado por Adorni. Y difundió la cantidad de denuncias recibidas en la línea 134, el costo de la movilización de las fuerzas y a quiénes se lo cobrarán.
En su cuenta en la red social X, difundieron las siguientes imágenes:
