El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 inició este martes la séptima jornada de los alegatos de la fiscalía en el juicio conocido como “Vialidad”, que investiga discrecionalidades y corrupción en la concesión de obras en la provincia de Santa Cruz.
La presentación la encabezan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes en las jornadas anteriores aseguraron tener pruebas de que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner beneficiaron al empresario Lázaro Báez con preferencias en el otorgamiento de licitaciones para obras.
Diego Luciani
En esa línea argumental, en el primer tramo de la exposición, Luciani se refirió al proceso de control de la obra pública en la provincia de Santa Cruz como una “mala praxis institucional histórica”.
“Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades de control de acuerdo a la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo. Esto expone una absoluta discrecionalidad sobre los cuantiosos recursos públicos destinados al Grupo Báez. Hubo un conjunto de decretos firmados por Cristina Kirchner que permitieron la ampliación de los créditos reales, esto es decisiones administrativas que modificaron los presupuestos”, comenzó Luciani.
“Fue una decisión de las máximas autoridades, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, para direccionar fondos a favor del conglomerado empresarial de Báez”, añadió el fiscal, que además denunció ”montos millonarios que se modificaron a finales de 2015 cuando sabían que ya no seguían en el Gobierno, pero el único contratista con el que el Estado no tenía deudas era con Lázaro Báez”.
“Con la escasa información cargada de opacidad que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, era imposible ejercer un control real. Lisa y llanamente, le mintieron a los legisladores”, apuntó. De acuerdo con el funcionario, 17 de las 51 obras adjudicadas a la empresa de Lázaro Báez por más de 2.500 millones de pesos, “no pasaron por el Congreso, no fueron informadas y las 34 restantes tenían serias inconsistencias respecto a sus montos reales”.
Para Luciani, “es falaz el argumento (de Cristina Kirchner) de querer extender la asociación ilícita a todo el Congreso por votar esas leyes que contaba con serias falencias informativas por parte del Poder Ejecutivo. El diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido por el Poder Ejecutivo. No es como señaló en su indagatoria, que el Presupuesto es resorte del Congreso”, señaló.
Sergio Mola
El otro fiscal de la causa dijo que existió un “sistema de corrupción generalizada”. “Organizaron la maniobra de modo tal que todo aparentaba tener controles desde los organismos estatales”. Para Mola, existían “funcionarios de la AFIP que realizaban su trabajo de manera eficiente. Hubo un directa intervención por parte del Ejecutivo en desmedro de las funciones investigativas, un claro hostigamiento y corrimiento de sus funciones”.
“Se hizo caso omiso a todas y cada una de las alertas que se presentaron y que posibilitaron el desarrollo de la maniobra delictiva, con organismos parasitados que omitieron ejercer el control”.
“Lázaro Báez representaba los intereses de los entonces presidentes Néstor y Cristina Kirchner”, denunció.
En esa línea, el fiscal habló sobre la falta de controles sobre las adjudicaciones de obras a las empresas de Baez y dijo que “invisibilizar los controles sobre Austral Construcciones fue parte de la maniobra delictiva. La empresa “aumentó en poco tiempo su capital social de 12.000 a 10 millones de pesos, y la IGJ no observó nada”.
“Con la colaboración del administración pública, Austral sorteó todo tipo de control. Lo observó la jueza comercial que intervino en la quiebra de la empresa. Cuando rechazó inicialmente el concurso preventivo, el capital de la sociedad resulta algo secreto, dijo que ascendería en 2012 a 10 millones de pesos, pero a esa fecha no se encuentra inscripto en la IGJ”.
“La defraudación que se llevó a cabo tras el direccionamiento de obras a favor de Lázaro Báez como de los abultados sobreprecios, se evidencia también en el control del organismo recaudador”, abundó Mola, que además expuso que “los organizadores de todo esto, este desajuste, eran Néstor y Cristina Kirchner, para evitar todo tipo de fiscalización y garantizar los beneficios a Báez”..
Para los fiscales, Lázaro Báez “fue un engranaje indispensable para la maniobra defraudatoria”, que representó “los intereses de los ex presidentes en el marco de un plan criminal: la corrupción tiene su costo y necesita del negro para funcionar”.
Otra de las maniobras que analizaron los fiscales fue la facturación apócrifa. “Son facturaciones para dar apariencia de una salida legal al dinero proveniente, por ejemplo, de sobreprecios”. También se utilizan “para la creación espuria de crédito fiscal, para la evasión fiscal, para dar una apariencia y puede, además, estar emparentada con la corrupción administrativa”.
Causa Vialidad
La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, había recusado la semana pasada a los fiscales Luciani y Mola y también al juez Jorge Gorini, a los primeros por cercanía con la gestión de Mauricio Macri y al último por haber visitado la Casa Rosada durante el período 2015-2019.
A fines de la semana pasada, el tribunal rechazó los pedidos de recusación, que la defensa de la Vicepresidenta prometió apelar, y dispuso que se continúe con el proceso y con la exposición del Ministerio Público.
Mola, por su parte, aseguró que consideran probado un “modelo de corrupción generalizada”, con eje en los “organismos de control” como planteó Luciani al abrir la séptima jornada del alegato.
Mola aseguró que “organizaron las maniobras para que parecieran actos administrativos cumplidos”.
”En los 12 años (de gestión kirchnerista) no se designó en el organismo vial provincial, al órgano encargado de realizar la tarea de control, al síndico de la AGVP (Administración General De Vialidad Provincial), ni al titular ni al suplente”, recordó Mola y enumeró que “pasaron cuatro gobernadores y podría decir cinco si incluimos también a Néstor Kirchner: era claro que no había ninguna intención de controlar”.
Los fiscales comenzaron a hablar poco antes de las 9 de la mañana de este martes. Pasadas las cinco de la tarde, continúan con sus alegatos.
