En medio del recrudecimiento del conflicto con los empleados judiciales provinciales, los negociadores del gobernador Martín Llaryora buscarán cerrar en los primeros días de esta semana un acuerdo con el Sindicato de Empleados Públicos Provinciales (SEP), tratando de concluir las discusiones salariales por este 2025 que será electoral.
El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, viene negociando desde hace tres semanas con la cúpula del SEP que conduce Sergio Castro, el sucesor del gremialista delasotista José “Pepe” Pihen.
Las negociaciones están avanzadas, pero hay dos cuestiones que demoran el acuerdo: el gremio exige que se aplique la nueva ley para los equipos de Salud, que repercutirá en un aumento importante para los profesionales, y que se “blanqueen” adicionales para subir el piso del salario básico en la administración pública, que en marzo pasado apenas superó los 400 mil pesos.
Aunque no fue anunciado para no generar expectativas, Consalvi se reunirá mañana con el SEP para tratar de llegar a un acuerdo, que se podría firmar el martes próximo.
En el Centro Cívico buscan cerrar cuanto antes con el SEP, ya que el jueves próximo habrá una manifestación que unificará a todos los gremios estatales cordobeses: irán a reclamar frente a la sede de la Apross.
El organismo provincial que está a cargo del servicio de salud de los agentes públicos está en la mira de los gremios: consideran que la atención es deficiente, en un contexto en el cual en esta gestión llaryorista, a los empleados se le subió en 4 puntos los aportes para la Apross.
La movida del próximo jueves genera preocupación en el Centro Cívico, porque aglutinará el reclamo de todos los gremios, incluidos los docentes que ya acordaron paritaria.
Seguimiento
Si bien el secretario General de la Gobernación encabeza las negociaciones, el gobernador Llaryora está muy atento a las discusiones salariales. Dicen que el mandatario provincial no duda en llamar a los referentes gremiales, si hay que resolver alguna cuestión puntual.
El ministro de Economía, Guillermo Acosta, es otra pata clave en la estrategia de negociación del Gobierno con los gremios.
Si bien a la última palabra la tiene siempre Llaryora, el ministro de Economía es quien le presenta al gobernador el impacto financiero de cualquier ítem que se modifica en la discusión con los gremios.
Las otras negociaciones
En paralelo a la negociación con el SEP, Consalvi también viene discutiendo salarios con la Unión Personal Superior (UPS), el gremio de los jerárquicos provinciales que conduce María Inés Palacios, la única mujer que está al frente de un gremio estatal cordobés.
El miércoles pasado, el secretario General de la Gobernación le entregó a la UPS otra propuesta, luego de que el gremio rechazara la anterior.
El gremio de los jerárquicos exige dos cuestiones para acordar: que los aumentos sean remunerativos para que lleguen a los jubilados, y que se amplíe la brecha salarial entre los jefes de secciones y sus subordinados, que se conoce como personal de ejecución.
“Desde nuestro gremio defendemos los haberes de nuestro jubilados, pero también aspiramos a que el personal de dedicación funcional (jefes de sección) recuperen la brecha salarial con el de ejecución. Con esto defendemos la carrera administrativa”, aseguró Palacios, quien sucedió al fundador del gremio, el histórico gremialista Domingo Ovando, quien falleció en noviembre pasado.
Conflicto en tribunales
Aunque no existe una negociación paritaria, el conflicto con los empleados judiciales provinciales es el que más preocupa al Gobierno.
Los judiciales cordobeses reclaman la equiparación de sus salarios con sus pares federales. Esto ya ocurre con los jueces y funcionarios judiciales provinciales, pero no con el resto de los empleados.
Este lunes y martes habrá un paro de 38 horas en los tribunales de toda la provincia.
El TSJ apuró una “reestructuración” de escalafón de los judiciales provinciales, que redundará en un aumento –promedio– del 12%. El Gobierno provincial aumentó en 600 millones de pesos la partida para el Poder Judicial.
Sin embargo, el gremio exige la equiparación con la Justicia federal, reclamo que el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial consideran “imposible” de cumplir.
