El Frente de Todos convocará a sesionar este miércoles en el Senado para tratar la nueva ley del Consejo de la Magistratura, pero se enfrenta a un escenario adverso porque necesita asegurarse al menos dos votos extra y no está dispuesto a ceder al pedido opositor para que la Corte Suprema de Justicia asuma la presidencia del organismo.
En medio de los chispazos internos y después de la fractura que significó la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el bloque oficialista se tomó una tregua y cerró filas en torno al proyecto del Poder Ejecutivo, que recibió dictamen el miércoles pasado. Pero en el recinto, los números son ajustados.
Por mandato constitucional, la norma debe ser sancionada con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de la Cámara. En el Senado se necesitan 37 votos, y el oficialismo tiene 35 propios. Por eso, apunta a sellar el apoyo de sus socios habituales: el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Solari Quintana firmó el dictamen de mayoría, de modo que su voto a favor estaría garantizado. Los esfuerzos apuntan a convencer a Weretilneck, que está enfrentado políticamente a su coterráneo Martín Soria. De hecho, cuando Soria fue designado como ministro de Justicia, Weretilneck amenazó con retacear apoyo en las leyes que modifiquen el sistema judicial.
Como primera señal de esa resistencia, el senador firmó un dictamen en soledad, basado en un proyecto propio. Y dejó saber que solo acompañará si aceptan modificaciones orientadas a “federalizar” la elección, sanción y remoción de jueces, haciendo que las provincias tengan participación en forma de consejeros.
Este lunes, el oficialismo le acercó a Weretilneck dos propuestas para descentralizar el funcionamiento del Consejo en el territorio y que las sesiones y concursos se realicen periódicamente en el interior del país. Pero en el entorno del senador señalaron que esos cambios “no son sustanciales” y afirmaron que continuarán las negociaciones hasta el día de la sesión.
Por el contrario, no se abrió ningún diálogo con la cordobesa Alejandra Vigo, que ya adelantó que no está de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo. Nadie del Frente de Todos se comunicó con la legisladora y ya dan por hecho su rechazo. Tampoco hubo un acercamiento por parte de Juntos por el Cambio, que votará en contra.
El interbloque opositor se reunirá el miércoles por la mañana para unificar argumentos y definir si dará quórum. “Estamos perdiendo una gran oportunidad de sancionar una ley que mejore el funcionamiento de la Justicia”, lamentó la mendocina Mariana Juri (UCR), integrante de las dos comisiones que trataron el tema.
Diputados
En la Cámara de Diputados, el escenario no es menos complicado. Allí se necesitan 129 votos y el Frente de Todos tiene 118, es decir, le faltan 11. Un eventual apoyo de Weretilneck en el Senado aportaría dos votos de diputados de Juntos Somos Río Negro, pero de ahí en más todo es incertidumbre.
Al rechazo de Juntos por el Cambio (que tiene 116 miembros) se suma el de los tres diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, que actuarán en línea con Vigo. Resta conocer qué harán los restantes integrantes del Interbloque Federal, entre ellos Graciela Camaño, actual integrante del Consejo.
La diputada está convencida de que el Congreso debe sancionar una nueva ley antes del 15 de abril y cree que la Corte Suprema tiene que tener participación en el organismo, aunque no necesariamente presidirlo, como exige Juntos por el Cambio. Camaño propone como alternativa una conducción rotatoria.
Durante su presentación en el Senado, Soria le cerró la puerta a la presidencia del máximo tribunal, que fue blanco de fuertes críticas. Es un punto donde parece no haber fisura: tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner comparten los cuestionamientos hacia el desempeño de los jueces supremos.
