En la última semana de las sesiones ordinarias, el oficialismo y los distintos sectores de la oposición trabajan para aprobar el próximo miércoles en la Cámara de Diputados la ley que busca combatir la ludopatía y regular los juegos de azar y las apuestas en línea, en medio de denuncias de lobby proveniente de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (Alea).
El pedido de sesión fue encabezado por Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, que salió a revelar las presiones de Alea. La entidad envió una nota de tono intimidante a los legisladores con la firma de su director ejecutivo, Mario Trucco, para insistir en el rechazo a la ley y, puntualmente, en la prohibición de la publicidad, el tema que más divide aguas.
En la misiva, que surgió de una asamblea realizada el 13 de noviembre en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, Alea reclamó una audiencia con los bloques en un último intento por torcer voluntades, pero el pedido de sesión sigue en pie: solo falta la formalización de la convocatoria por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem.
Aunque hay un consenso generalizado entre los bloques sobre la necesidad de combatir la ludopatía, sobre todo en niños y jovenes (8 de cada 10 adolescentes accedieron a apostar online en el último año, según un estudio de Unicef Argentina y la organización Bienestar Digital), el artículo sobre la prohibición de la publicidad genera discordia y promete una votación dividida en el recinto.
Frade adelantó que en ese punto no aceptará modificaciones al dictamen de mayoría, que tiene el aval de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. “Puede haber modificaciones, pero en el tema de la publicidad no hay posibilidad. Eso es nodal”, anticipó a La Voz.
Ese dictamen tiene una redacción taxativa que busca prohibir propagandas en plataformas y redes sociales, cartelería en la vía pública, medios de comunicación, podcast, camisetas de equipos deportivos, estadios, espectáculos culturales y posteos de influencers, entre otros ámbitos. También prohíbe los “bonos de bienvenida”, como se le llama a las promociones y bonificaciones que ofrecen las plataformas para atraer jugadores.
Por el contrario, el dictamen de minoría (impulsado por el PRO, La Libertad Avanza y la UCR) es más abierto: solo dice que “se prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y/o apuestas en línea y de agencias y/o plataformas de juegos de suerte, envite, azar y/o apuestas en línea, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”.
Karina Banfi, vicejefa del bloque radical y una de las impulsoras de ese texto, no estuvo de acuerdo en enumerar las instancias en que se prohibiría la publicidad porque, consideró, “el avance de la tecnología desactualizará la ley en los próximos años”. En cambio, propuso una redacción que imita la ley contra el tabaco, sancionada en 2011, que según la diputada dio resultados.
“Estamos trabajando los bloques para unificar posiciones y que salga una ley acordada, porque estamos todos ocupados en terminar con el flagelo de la ludopatía y en cómo afecta, sobre todo, a los más jóvenes”, afirmó Banfi, que espera que le acepten modificaciones.
La carta de Alea
“La evidencia en distintos países ha mostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal. Al contrario, esta restricción puede generar un aumento en el acceso a plataformas no autorizadas, ya que al reducir la visibilidad de los operadores legales y regulados, los usuarios pueden recurrir a sitios que operan fuera del marco legal y sin los controles de protección adecuados. Esto no solo afecta la seguridad de los jugadores, sino que también dificulta los esfuerzos de los entes reguladores para controlar la actividad”, advirtió Alea.
Además, consideró que “la prohibición de publicidad limita la posibilidad de informar sobre las herramientas de juego responsable, tales como los programas de autoexclusión y los canales de ayuda, que hoy los operadores legales comunican a sus usuarios”.
“Si agregamos a lo expuesto la prohibición de patrocinios a entidades deportivas, la combinación será letal: no sólo se privará al público de información sobre la existencia de herramientas de juego responsable y canales de asistencia, sino que asimismo se desfinanciará a entidades que en su génesis procuran el desarrollo social”, argumentó la entidad en la misiva enviada a diputados.
La presión de ALEA se suma a otro obstáculo burocrático que atravesó el debate. Los distintos proyectos tuvieron que pasar por un plenario de cinco comisiones: Prevención de Adicciones; Salud; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal; y Familias, Niñez y Juventudes. Son alrededor de 150 diputados; una Cámara en miniatura. Los giros a comisión los dispone la Secretaría Parlamentaria, que depende de Martín Menem.
Qué dice el proyecto
El dictamen mayoritario, que tiene 52 artículos, prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios de apuestas. Los operadores o licenciatarios de la explotación de juegos online deberán implementar sistemas de verificación biométrica para validar la identidad y la edad del usuario, así como para el uso de billeteras virtuales.
Las plataformas también deberán adoptar otras medidas, como emitir señales de “tiempo invertido” en su plataforma, con recordatorios de descanso, y leyendas de advertencia sobre los perjuicios para la salud y líneas de ayuda.
Para poder operar, las empresas deberán estar constituidas legalmente en Argentina, contar con sede física y representación legal en el país y estar registradas conforme las leyes comerciales y tributarias locales.
Por otra parte, se crea un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA) donde los inscriptos (por decisión propia o por intermedio de familiares) no podrán ingresar a las plataformas ni realizar apuestas.
Se habilitan solo dos medios de pago para apostar: las tarjetas de débito bancarias, y las billeteras electrónicas o virtuales solo con dinero en cuenta (no se permite la función crédito). En ambos casos, sujetas a un límite diario equivalente al tope o límite de extracción diario establecido por la entidad bancaria o financiera para los cajeros automáticos.
Quedan prohibidas las tarjetas de crédito y también los medios de pago asociados a cuentas abiertas a solicitud de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
