El directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) está funcionando casi sin oposición en medio de la gran cantidad de votaciones relacionadas con la catarata de pedidos de aumentos por parte de las empresas que conforman el ecosistema de servicios bajo su control.
El último aumento del 66% en los peajes de la Red de Accesos a Córdoba, el sexto incremento del año de Aguas Cordobesas (19,5%), las subas en las tarifas de transporte interurbano y los incrementos de los servicios de energía eléctrica de la provincia, incluido el de Epec, se están autorizando con el voto casi en solitario del PJ cordobés.
¿Por qué? Porque de los seis miembros que conforman el directorio del organismo de control, sólo están en funciones los tres que representan al oficialismo (Mario Blanco, Mariana Caserio y José Luis Scarlatto) y el designado por la UCR (Facundo Cortés).
En efecto, desde noviembre, ya no forma parte del cuerpo el representante de los usuarios y consumidores (se venció el mandato de Walter Scavino) y, desde diciembre, tampoco está en las reuniones de directorio el vocal del Frente Cívico, Daniel Juez, quien asumió en la Legislatura.
Si bien la mayoría de las votaciones en las que hay disidencia los tres representantes de Hacemos Unidos por Córdoba hacen valer el voto doble del presidente del organismo de control (Blanco), lo cierto es que el contrapeso, actualmente, es casi nulo.
Además, la situación se produce a días de una decisión clave: estructurar un nuevo procedimiento exprés para vehiculizar de manera más rápida los pedidos de incremento de las prestadoras de agua y cloacas, de Caminos de las Sierras, de las empresas prestatarias del servicio de transporte interurbano, de Epec y de las cooperativas eléctricas.
La situación fue confirmada por Blanco, que en diálogo con La Voz dijo que el reemplazante de Juez debe ser propuesto al Ejecutivo por esa oposición, y que el Ersep, conforme a la Ley 8835 (Carta del Ciudadano) que rige el funcionamiento del organismo, ya le propuso al gobernador Martín Llaryora una terna para reemplazar a Scavino.
Desde el juecismo confirmaron que ya propusieron quién reemplazará a Juez. Será Rodrigo Vega. “Estamos esperando el decreto de nombramiento”, dijeron.
Vega es un dirigente del Frente Cívico de extrema confianza de Luis Juez con fuerte presencia en el interior, en especial en Tulumba.
Fue candidato a legislador en las últimas elecciones.
Lo cierto es que, en los hechos, las resoluciones del Ersep están siendo votadas sólo por cuatro de los seis miembros.
En estas condiciones, el funcionamiento del directorio del organismo es posible porque según la ley que lo creó, “el quórum se constituye con la mitad más uno de sus miembros, en primera convocatoria; y con tres miembros –uno de los cuales debe ser, indefectiblemente, el presidente–, en la segunda”.
Los candidatos a reemplazar a Scavino como vocal por los usuarios y consumidores son tres: Mario Raúl Peralta (Unión de Usuarios y Consumidores), Martín Lanzo (Asociación Civil de Vecinos Usuarios y Consumidores del Centro) y Roxana Pozzo (Liga de Amas de Casa Cordobesas de Usuarios y Consumidores).
Cambios
El 16 de enero será un día clave para el Ersep y, hasta ahora, sólo habrá un vocal que no sea oficialista.
Para esa jornada está convocada la audiencia pública que debatirá algo que está generando numerosas críticas: activar un mecanismo casi automático que agilizará en este entorno inflacionario los incrementos, reduciendo las audiencias públicas a una sola anual para los peajes, el agua y los interurbanos. Algo similar a lo que ya se hace con Epec y que generó duras críticas cuando se decidió.
Lo que se pondrá en consideración es que cada aumento tome en consideración los índices oficiales propios de cada actividad y rubros que compongan el costo de cada servicio, lo que será establecido por el área de Costos y Tarifas del Ersep a partir de los pedidos de las empresas. Se realizará una única audiencia anual y se tomará como referencia la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica todos los meses el Banco Central para establecer un tope máximo.
Para Cortés, será “literalmente dejar sin efecto las audiencias públicas”. Según el vocal de la UCR, “buscan aprobar un procedimiento de ajuste automático de las tarifas tomando como referencia y límite la inflación”, dejando a las audiencias públicas “relegadas a una instancia posterior para sólo controlar la correcta aplicación de los índices”. “Es la anulación del derecho a ser oídos por parte de los usuarios”, agregó.
Según Blanco, lo que se va a debatir en la audiencia del 16 es la aplicación del REM “para darle previsibilidad al usuario” con el nuevo esquema para que sepa que, por encima de eso, no le va a aumentar la tarifa.
