En la noche del martes pasado, en medio de la catarata de agravios de dirigentes y militantes libertarios -y del propio presidente Javier Milei- en contra de los legisladores que no apoyaron la “ley ómnibus”, el gobernador Martín Llaryora se pronunció públicamente con un mensaje moderado. Aseguró que le ley debe salir “por consenso”.
El día después del fracaso del oficialismo en el Congreso para aprobar la mega ley, el mandatario provincial se mantuvo en silencio, pese a que desde la Casa Rosada lo señalan como uno de los “cabecillas” de los gobernadores “dialoguistas”, cuyos legisladores que les responden votaron en contra de varios artículos de la “ley ómnibus”, que había sido aprobada en general, la semana pasada.
Los funcionarios llaryoristas se respaldaron en el tuit que el gobernador hizo público en la noche del martes pasado para argumentar su postura, en medio del vendaval de críticas de los libertarios.
“Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo. #DefendiendoCordoba”, decía el mensaje en las redes sociales.
El texto de 22 palabras fue analizando durante una larga reunión en el Centro Cívico por el gobernador con su mesa chica de decisiones políticas.
En medio de las repercusiones y acusaciones por parte del Gobierno nacional, Llaryora intentó remarcar en su mensaje público, algunos aspectos que repite entre sus íntimos: debe haber un nuevo proyecto de ley, con consenso, y pidió respeto, ante los agravios, especialmente del propio Presidente de la Nación.
En el final del breve texto también tenía una definición política, pese a que fueron dos palabras pegadas: #DefendiendoCordoba.
Uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador argumentó sobre ese cierre del pronunciamiento de Llaryora.
“Fuimos coherentes desde el principio. Dijimos que estábamos dispuestos a brindarle al Gobierno las herramientas para gobernar, pero eso no significaba bajar nuestra bandera de defender a Córdoba. El oficialismo intentó sacar una mega ley a los empujones, sin consensuar con los gobernadores, que también fueron votados por la gente y tienen responsabilidades de gestión”, explicó el llaryorista puro.
Más allá de que Llaryora no quiere quedar como el negociador con el oficialismo, en la tarde del martes, hubo dos funcionarios muy cercanos al presidente Milei que lo llamaron.
Esta vez no fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que perdió la confianza de los mandatarios provinciales, luego de la reunión de días pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El primero que marcó el número del celular de Llaryora fue Santiago Caputo, el asesor presidencial, quien el martes fue al Congreso a tratar de destrabar la aprobación de la mega ley, “sin cambios”, como fue aprobada en general, según la orden que dejó el presidente Milei, antes de partir hacia Israel.
La propuestas del asesor presidencial, que no recibe un salario, sino que fue contratado como “profesional autónomo” por la secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, la poderosa hermana del Presidente, fue: “Que tus diputados aprueben los artículos en particular, y después Javier (Milei) convocará a todos los gobernadores para consensuar la cuestión fiscal con las provincias”, habría sido la definición del joven dirigente libertario, de extrema confianza del Presidente.
Según fuentes el Centro Cívico, la respuesta de Llaryora fue la que sus diputados habían hecho pública: el llamado a consensuar el tema fiscal con las provincias debía ser previo a la aprobación de la ley.
El segundo llamado al gobernador fue del “otro Caputo”, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien también intentó convencer a Llaryora que le ordenara a sus legisladores de aprobar “los principales” artículos de la “ley ómnibus”.
La respuesta de Llaryora fue la misma que le dio al asesor presidencial contratado: consensuar alguna vía de financiamiento para las provincias, antes de aprobar la ley.
Los cinco diputados del PJ cordobés se defienden diciendo que ellos “no tumbaron” la ley. “En votación de los artículos, el oficialismo perdió por más de 50 votos, ¿de qué nos intentan responsabilizar?”, se defendió uno de los legisladores que responde a Llaryora.
Entre los diputados peronistas cordobeses cayó muy mal que el presidente Milei retuiteara un mensaje de alguien que trató de “traidores” y “extorsionadores del pueblo argentino” a los legisladores que no avalaron los artículos de la mega ley.
En privado, el propio gobernador Llaryora se habría mostraron muy molesto con esta actitud del jefe del Estado.
Postura
El mandatario cordobés se había molestado con sus pares de Juntos por el Cambio, que en la mañana del martes, en un zoom con el ministro Caputo y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían retirado la exigencia de coparticipar el Impuesto País para aprobar los artículos de ley.
“Entregaron algo que habían consensuado los gobernadores dialoguistas”, explicitó un diputado nacional del PJ cordobés.
La postura de los gobernadores era asegurarse alguna fuente de financiamiento para las provincias, teniendo en cuenta la casi eliminación del Impuesto a las Ganancias, que es coparticipable (lo resolvió el Gobierno anterior); la decisión del nuevo Presidente de eliminar las partidas discrecionales a las provincias y la reducción de la coparticipación nacional, por la caída de la actividad económica.
En ese contexto, los mandatarios dialoguistas, entre ellos, Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio, pedían coparticipar el Impuesto País, como una manera de compensar la pérdida de fondos por la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, que determinó que ahora sólo lo paguen 90 mil contribuyentes.
El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), es un tributo que abona por ciertas operaciones en moneda extranjera, que se estableció el 26 de diciembre de 2019.
En realidad, la propuesta de los gobernadores no significaba sacarle recursos al Estado nacional.
La recaudación del Impuesto País se destina en una 70% al tesoro nacional, y el resto a la Anses, el Pami y al fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, para mejorar los barrios populares.
Los mandatarios provinciales proponían que de ese 30%, el 21% se coparticipara a las provincias, y el otro 9% al mencionado programa de mejorar la infraestructura de barrios carecientes.
El presidente Milei ordenó “no desguazar más” la “ley ómnibus”, por lo que los gobernadores no consiguieron “asegurar” ninguna fuente de financiamiento con la aprobación de la mega ley.
El resultado es conocido: se cayó la ley y el Presidente le declaró la guerra a los gobernadores, especialmente a un grupo, entre los cuales está Llaryora.
La pregunta del millón es, ¿qué viene? En el entorno de Llaryora admiten que con Milei puede pasar cualquier cosa.
Un camino sería reencausar el diálogo en el Congreso para consensuar una ley más acotada, sin tantos temas, con los principales que necesita el Gobierno para la gestión.
El otro sendero, que parece es el que emprendió el presidente Milei, es una guerra contra los gobernadores y la oposición, en general.
En este escenario, en las últimas horas, Llaryora prefirió el silencio. No recibió más llamados desde la Casa Rosada, y la misma incertidumbre que este miércoles mostraron los mercados financieros, atraviesa a la política en general.
