En medio de la fuerte presión de gobernadores para garantizar ingresos a las provincias en el Presupuesto 2023, el Frente de Todos se encaminaba a aprobar en la Cámara de Diputados la prórroga (por cinco años) de seis impuestos nacionales, algunos de los cuales se coparticipan.
Se trata de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales, Cheque, precio final de venta de los cigarrillos, capital de las cooperativas y el monotributo. Son tributos que no solo alimentan en buena medida las arcas provinciales, sino que además significan un tercio de la recaudación nacional.
El proyecto fue incorporado a último momento al temario de la sesión y el Frente de Todos se aprestaba a aprobarlo con respaldo de los interbloques Federal y Provincias Unidas, que fueron los que garantizaron los 129 presentes para abrir el debate, ya que Juntos por el Cambio no aportó al quórum.
El interbloque opositor estaba dispuesto a acompañar la prórroga de los impuestos, pero siempre y cuando estuviera acompañada de un alivio fiscal en Bienes Personales y Cheque. Sin embargo, esta propuesta no tenía chances de prosperar, porque las bancadas federales tenían decidido votar con el oficialismo la mera prórroga, sin modificaciones.
En simultáneo, el proyecto del Poder Ejecutivo extiende la vigencia de las asignaciones específicas de esos y otros impuestos, como el IVA, que financia a la ANSES. Ese artículo, que requería mayoría absoluta, sí contaba con apoyo de Juntos por el Cambio.
Consenso Fiscal
Paralelamente, tras un debate con fuertes cruces, Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal firmado a fines del año pasado entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores. El documento recibió 136 votos a favor, 108 en contra y cuatro abstenciones.
Juntos por el Cambio votó dividido: el grueso de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Evolución Radical se pronunciaron en contra, mientras que los radicales de Jujuy y Corrientes lo hicieron a favor a pedido de los gobernadores de esas provincias, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, quienes adhirieron al documento.
El mandatario mendocino Rodolfo Suárez también suscribió el pacto, pero solo Julio Cobos votó a favor. Los otros radicales de la provincia (Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Jimena Latorre) se abstuvieron, tal como hizo Alfredo Cornejo en el Senado.
“De ninguna manera el objetivo de este Consenso es subir impuestos”, enfatizó Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al aludir al punto más polémico del pacto, que habilita a las provincias a aumentar impuestos locales (como Ingresos Brutos y Sellos) con determinados topes.
Heller señaló que “las provincias cerraron la primera mitad del año con un incremento nominal promedio del 64% en su recaudación y una mejora del 4,2% en términos reales”. “Con este desempeño, el resultado fiscal hace prever que 2022 podría ser el quinto año consecutivo con superávit primario consolidado”, destacó.
Luciano Laspina, uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, sentenció que esta última edición del Consenso Fiscal “es un clavo más en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina” y “terminó de dinamitar el pacto de 2017, que bajaba impuestos en las provincias y congelaba el empleo público”.
Buena parte de la discusión giró en torno a Ingresos Brutos. “Es un impuesto distorsivo, el más brutal, violento, que castiga a la industria nacional. Tiene un poder recaudatorio enorme y las provincias usan y abusan de ese impuesto”, lanzó Laspina.
El oficialista Marcelo Casaretto le salió al cruce. “Si a alguno le parece ineficiente Ingresos Brutos, que representa el 50%, 60% o 70% de la recaudación, ¡avísenle a los de su partido, como (Horacio) Rodríguez Larreta, y que lo eliminen hoy!”, exclamó, y agregó: “Cuando gobiernan tienen una actitud y cuando se sientan una banca tienen otra”.
Desde la UCR, el mendocino Nieri se sumó al contrapunto. “Sin duda nos encantaría eliminar Ingresos Brutos, pero hay que trabajar del lado del gasto ineficiente. Heredamos plantas de personal sobredimensionadas”, advirtió.
Nieri explicó que “las provincias en general están obligadas a firmar porque hay refinanciaciones que están sujetas a la firma de estos acuerdos, hay necesidad de cobrar compensaciones pendientes que son montos importantes”.
En tanto, Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) señaló que “los sucesivos consensos son un compendio de correcciones” sobre el original de 2017, lo cual “sella el fracaso general de esas metas”.
“En todos los casos Córdoba demostró responsabilidad institucional, participó de las negociaciones y aportó su consentimiento sin especulaciones relativas al signo político del gobierno de turno, y hoy lo volvemos a hacer”, dijo Gutiérrez al adelantar el voto a favor.
