A la política cordobesa no le dio el cuero para concretar la faena el año pasado, pero está tomada la decisión de reinstalar la reelección indefinida en los municipios del interior que no tienen carta orgánica y se rigen por la ley provincial.
Unos 280 intendentes cordobeses podrán volver a presentarse para un nuevo mandato en 2023. Hoy lo tienen impedido desde la sanción en la Unicameral de la norma que fijó un tope de hasta dos períodos consecutivos a la posibilidad de comandar un gobierno local. El punto de arranque para la nueva cuenta se fijará en 2019 y no en 2015, como lo establece la ley modificada a finales de 2016 en nombre de mejorar la calidad institucional.
Por el tema, hay sintonía fina entre el peronismo –el partido que más intendentes tiene impedidos de volver a presentarse bajo la regla vigente– y la UCR –con otra buena proporción de inhabilitados, aunque menor que el oficialismo.
En el PRO hay una mayoría abrumadora que apoya borrar con el codo lo que se escribió con la mano. También hay un racimo de vecinalistas y kirchneristas que bregan por lo mismo.
El horno en el que se cocina el acuerdo volvió a encenderse a comienzos de febrero, tras la pausa de fin de año. Resta que los comensales decidan digerir la factura política que representará explicarle a la sociedad qué cambió en apenas cinco años para menguar el avance que significó la modificación de 2016.
Otro baile en la Unicameral
Junio o a más tardar julio es la fecha para sacar del fuego un plato que ya saborean de antemano quienes descuentan la concreción de la jugada.
Hay ministros provinciales que transmitieron el mensaje de tranquilidad a los intendentes preocupados. Sobre la fecha de ejecución en la Unicameral, hubo conversaciones informales días atrás, en las que se coincidió con que realizar la faena a mitad de año da tiempo a que la rosca política se lubrique como la ocasión demanda.
El momento no es menor: la premisa compartida es separar el debate de la “re-re” de la controversia que representó la aprobación del juego online y, a su vez, espaciarlo de la fase preelectoral que se intensificará en noviembre y diciembre próximos.
En el oficialismo, repiten que el gobernador Juan Schiaretti “no está del todo convencido” de manosear las reglas electorales. Pero reconocen que la presión es “fuerte” de quienes temen ser mano de obra desocupada a partir de diciembre de 2023. La responsabilidad será de los intendentes.
Fue Schiaretti quien en 2016 encomendó a sus espadas en la Unicameral ordenar el aspecto normativo que atañe a las reglas electorales. Con esa venia desde el Panal, se creó una comisión especial de Reforma Política, que avanzó en ese sentido.
En el radicalismo, la intranquilidad de los hoy afectados por la ley 10.406 es similar a la de sus pares peronistas. Saben, igual, que tendrán que “dar la cara” y compartir el costo con Hacemos por Córdoba si pretenden cuatro años más en el calor que otorga el poder. La hoja de ruta apunta a la Mesa Provincia-Municipios. Será bajo ese paraguas que se ejecutará la movida. “Tendrán que dejar los dedos puestos y por escrito, si quieren seguir con sus gobiernos”, se sincera, directo, un partícipe de las conversaciones.
Entre la dirigencia de la UCR, hay posiciones ya definidas. Quienes se oponen a modificar la prohibición actual son aquellos que no tienen la soga al cuello. Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y exento de la implicancia de la discusión por tener legislación local propia, es el gobernante radical de mayor peso que rechaza el cambio.
Hay legisladores radicales que tampoco son alcanzados por el impedimento actual –la norma incluye también la prohibición de más de dos períodos seguidos a los parlamentarios y concejales, aunque en estos casos existen antecedentes judiciales que ampararon la reelección indefinida para cargos legislativos– que también se niegan a votar un cambio.
La semana pasada ya hubo una reunión en la Unicameral de la que participaron los intendentes del PRO y del bloque Juntos por el Cambio. El tema se abordó. En el Foro de Intendentes Radicales, el asunto está en agenda, aunque hay cuidado de que se haga público.
El caso Buenos Aires
El reciente desbloqueo al cepo sobre la “re-re” que pesaba en la provincia de Buenos Aires –muy parecido al que aún rige en Córdoba– es un impulso para la maniobra que se busca replicar en la Legislatura cordobesa a mitad de año. Allí, Juntos por el Cambio votó dividido: los alineados a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien impulsó el fin de la reelección indefinida en acuerdo con Sergio Massa, cuando eran socios políticos, se opusieron. Perdieron frente a una mayoría reeleccionista que abroqueló las necesidades de radicales, macristas y kirchneristas. La grieta ahí no los dividió.
En términos políticos, aquella movida inicial de Vidal es bien diferente a la de aquí: persiguió sacar del tablero a los históricos “barones del Conurbano”, en su mayoría de pedigrí peronista. Había en aquella jugada de la hoy diputada nacional un proyecto de reconfiguración de poder futuro para la provincia clave del tablero electoral nacional. Un objetivo que no tuvo la acción de Schiaretti en 2016, que buscó, en cambio, emprolijar leyes electorales que quedaron pendientes de la reforma forzada que derivó de la crisis política de 2007, la cual lo tuvo como protagonista central.
