En el primer trimestre de sesiones ordinarias del Congreso, La Libertad Avanza no pudo sancionar ni una sola ley propia. Preso su condición de minoría en ambas cámaras, el oficialismo no consiguió instalar una agenda proactiva y dedicó sus mayores esfuerzos a resistir los embates de la oposición con una mano de los gobernadores, que se transformaron en la primera línea defensiva del Gobierno.
Desde el 1ro de marzo a esta parte, el bloque libertario solo avanzó un paso con la reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Apenas logró firmar dictamen y, aunque concedió muchas modificaciones a los dialoguistas, aún no generó las condiciones para aprobarlo en el recinto. El mes que viene se cumplirá un año desde que el expediente ingresó a Diputados.
El Poder Ejecutivo solo envió un proyecto de ley este año, también proveniente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Es el “régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos”, más conocido como “ley antibarras”. Pero ni siquiera comenzó a debatirse en la Cámara baja.
La próxima apuesta fuerte del Gobierno es sancionar los cambios a la Ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Fiscal, como parte del plan para ingresar al sistema formal los dólares “bajo el colchón”. El propio presidente Javier Milei se puso al frente de esa iniciativa al recibir esta semana al bloque de diputados oficialistas, para explicarles detalles de la iniciativa que enviarán próximamente.
Por decreto
Amparado en la Ley Bases y el “mega” DNU 70/23, el Gobierno gestiona por decreto e intenta recurrir lo menos posible al Congreso. En julio ese modus operandi encontrará un límite, ya que vencen las facultades delegadas por la Ley Bases y el Ejecutivo no tiene en mente prorrogarlas, según anticipó el ministro que más acude a ellas, Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
“Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, dijo recientemente a Bloomberg Linea Sturzenegger, que en sus oficinas hizo colocar relojes que marcan el tiempo que queda para echar mano a los “superpoderes”.
Consciente de su debilidad parlamentaria, el Gobierno recurrió a un DNU cuestionado constitucionalmente para autorizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque de esa forma era más fácil que el Parlamento lo convalidara, ya que necesita el aval de una sola de las cámaras, mientras que para sancionar una ley se requieren las dos.
En cambio, la estrategia del decreto no le funcionó a la Casa Rosada para completar la Corte Suprema de Justicia. La designación, por esa vía, de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla detonó el rechazo a ambos pliegos en el Senado, que hizo valer su atribución constitucional para prestar acuerdo. Fue la primera vez desde 1983 que la Cámara alta votó en contra de candidatos propuestos por el Ejecutivo.
En otro orden, el Senado volteó en este período la ley de ficha limpia, aunque el resultado de esa sesión (que fue torcido por el gobierno misionero) puede interpretarse como favorable al Gobierno si se sigue la hipótesis (desmentida por Milei) de que el presidente bajó la ley para no darle un triunfo al PRO y poder competir electoralmente contra la expresidenta Cristina Kirchner.
Por otra parte, el Gobierno salió sorprendentemente airoso del caso $Libra, que avanza en la Justicia de Estados Unidos. La oposición logró aprobar tres proyectos sobre el escándalo cripto en Diputados, pero hasta el momento todos quedaron a medio camino.
De los cuatro funcionarios citados para ser interpelados solo asistió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La comisión investigadora, en tanto, todavía no pudo comenzar a funcionar porque el oficialismo y aliados hicieron una maniobra para forzar un empate en la elección de autoridades. Y un pedido de informes escritos al Ejecutivo nunca fue respondido.
Asimismo, La Libertad Avanza logró frenar en el Senado, con el voto de aliados, la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como también bloqueó por un voto la creación de la comisión investigadora.
Los logros de La Libertad Avanza no hubieran sido posibles sin la ayuda de gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio, de partidos provinciales e incluso dos del peronismo (Catamarca y Santiago del Estero). Los mandatarios (entre ellos el cordobés Martín Llaryora) vienen de jugar para frustrar el quórum en la última sesión en Diputados, el 21 de mayo, cuando iban a tratarse proyectos previsionales.
