Un acuerdo amplio y por fuera de la grieta: ese es el objetivo al que apuntan diputados de diferentes bloques para avanzar con el nuevo régimen de licencias parentales. Más allá de algunos matices en la cantidad de días a otorgar, buena parte del arco político coincide en que la reforma es una deuda pendiente.
El proyecto del Poder Ejecutivo para ampliar las licencias por maternidad y paternidad ingresó a la Cámara baja mientras estallaba la puja por la boleta única y, por ahora, quedó relegado en la agenda parlamentaria. Los diputados están a la espera de que sea girado a comisiones para iniciar las conversaciones y trazar un horizonte de votación.
Pero más allá de la fecha de tratamiento, en el oficialismo y la oposición aspiran a lograr un consenso similar al que suele darse con otras leyes de impacto social, como la de VIH, que se trabajó de manera transversal y se aprobó con 241 votos a favor (el 94% de la Cámara) y solo ocho en contra.
“Los acuerdos están. Quizás varía en cómo implementarlo y en la cantidad de días, pero se puede trabajar tranquilamente de forma transpartidaria en los temas de la vida cotidiana de la sociedad. Tenemos miles de grises, pero el acuerdo de que hay que cambiar ciertas cosas está”, señaló la oficialista Jimena López, secretaria de la Comisión de Mujeres y Diversidad.
El diputado Itai Hagman (Frente de Todos), quien presentó un proyecto propio sobre licencias meses después de haberse convertido en padre, coincidió: “No debería ser algo que entre en una lógica de oposición-oficialismo, sino que debería acompañarse en un sentido más amplio”.
Desde el PRO, Camila Crescimbeni, autora de otra iniciativa sobre el tema y madre de una bebé de un año, también anticipó “un acompañamiento mayoritario”. “Espero, por un lado, un trabajo interpartidario muy fuerte, y por otro, un gran acompañamiento de toda la sociedad, reflejado en sus representantes”, expresó.
De todos modos, Crescimbeni mostró cautela. “Esperamos que esta vez se pueda avanzar, porque es un tema que está muy retrasado en relación a lo que sucede en la realidad. El hecho de que el Ejecutivo haya enviado un proyecto marca la voluntad, pero tampoco tengo las expectativas tan altas”, admitió.
Asimismo, Natalia De la Sota (Córdoba Federal) consideró que, más allá de la letra chica, el proyecto oficial “es un paso positivo en materia de igualdad de derechos”. “Está claro que deberá debatirse profundamente para precisar su alcance y financiamiento. Más allá de todo, el debate es necesario porque pone en discusión cambios culturales”, aseguró.
La cantidad de días y el costo
Las propuestas difieren en la cantidad de días de licencia a otorgar. El proyecto redactado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad propone llevar de 90 a 126 días la licencia para la persona gestante desde la entrada en vigencia de la ley; y de dos a 90 días para la no gestante en un lapso de ocho años.
Tanto Crescimbeni como Hagman proponían una licencia de 30 días inmediatos para los no gestantes. Y Hagman planteaba, adicionalmente, 30 días más a ser administrados por la pareja en función de su situación. “En otros lugares del mundo existen licencias compartidas”, argumentó.
Los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, en tanto, proponen 110 días para la persona gestante y 15 para la no gestante, más una licencia adicional de 40 días para alguno de los progenitores, similar a la que propone Hagman, pero con la condición de que al menos la mitad de esa licencia sea gozada por el no gestante.
Por su parte, la izquierda hizo una propuesta de máxima para la licencia por maternidad (180 días) y planteó 90 días por paternidad, como sugiere el Ejecutivo. En el bloque consideran “urgente” el tratamiento de la ley y acompañan el objetivo, aunque miran con recelo el texto oficial.
“Proponen licencias financiadas por los propios trabajadores, sin que las patronales pongan una contraparte significativa. Nosotros queremos un verdadero régimen de licencias que dé respuesta a las necesidades de las trabajadoras y que vaya acompañado de un financiamiento real”, advirtió Romina Del Plá (Partido Obrero).
Desde el Frente de Todos aclaran que el costo no lo asumirán los empleados ni los empleadores, sino el Estado. “Muchas veces se usa el argumento de decir que esto desincentiva la contratación porque es más costo, pero no es más costo porque las licencias no las paga el empleador. El sueldo en esos meses lo paga la ANSES”, explicó Hagman.
La oficialista López, del Frente Renovador, también sostiene que “está demostrado que las empresas que tienen una lógica más flexible en relación a los varones logran menos niveles de ausentismo y mejor calidad laboral”.
“Recién a los ocho años de sancionada la ley vamos a tener 90 días para los varones. Tiene que ser paulatino para que el mundo laboral se acomode y que no ponga como primera excusa el tema de los costos, porque el costo más grande que tienen es cuando los chicos se enferman o cuando no hay lugares de cuidado”, opinó.
