Pese a que el Gobierno nacional cedió en uno de los reclamos centrales que venían planteando las provincias y también diferentes asociaciones agrarias, en el Gobierno de Córdoba siguen las dudas sobre el alcance real de los cambios anunciados, y la gestión de Martín Llaryora aguardará la letra chica del nuevo proyecto de “ley ómnibus” antes de fijar postura.
Lo que los enviados de Javier Milei al Congreso prometieron el jueves es que las producciones de las economías regionales no estarán sujetas al pago de derechos de exportación y se dejará de lado la intención de fijar derechos del 15 por ciento a unas 35 producciones específicas.
Con este cambio, Córdoba tendría un beneficio importante, ya que la producción de maní quedaría excluida, al igual que el vino y la yerba mate. Además de esos tres productos emblemáticos, no pagarán retenciones los siguientes sectores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, aceite esencial de limón, algodón y alfalfa.
No obstante, en el Centro Cívico de Córdoba crecen las dudas respecto de lo que ocurrirá con las retenciones del 15 por ciento previstas para todos los productos industriales. Las críticas de Llaryora contra el proyecto apuntan especialmente al hecho de que se intente gravar al agregado de valor industrial. El gobernador consideró que se trata de una medida que “extermina el empleo y la producción”.
Desde el bloque de diputados del peronismo cordobés recalcaron que hasta no analizar el detalle del nuevo proyecto de ley, no habrá confirmación del respaldo a la “ley ómnibus”. Por lo bajo, sostienen que no acompañarán si la producción industrial queda sujeta al pago de derechos de exportación.
Demás está decir que en las excepciones previstas no se contemplan cereales, oleaginosas ni tampoco las carnes, productos de nutrición animal, pesca ni la industria de la maquinaria agrícola.
Córdoba es la principal aportante de retenciones en varios de esos rubros y la gestión Llaryora mantiene la postura histórica del cordobesismo respecto de los derechos de exportación.
También apunta especialmente a las exportaciones industriales la postura de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera), que propuso una solución alternativa consistente en mantener las retenciones para soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus respectivos derivados, comenzando con una reducción gradual anual.
Es decir, plantea eliminar los derechos de exportación para productos orgánicos, economías regionales, incluyendo pesca y carnes, además bienes industriales. Finalmente, proponen asegurar que no exista posibilidad de restaurar las retenciones en el futuro.
“Esta propuesta afectaría sólo $ 600 millones de recaudación anual actual, pero parte se recuperaría con el Impuesto a las Ganancias, el cual es además coparticipable, con lo cual el efecto neto en el corto plazo sería menos del 1%”, afirmó Cera.
