El pliego de especificaciones técnicas del Tramo Mediterráneo de la Red Federal de Concesiones (RFC) establece un esquema mixto de operación y desarrollo de estaciones de peaje. Al momento de tomar posesión, el concesionario tomará a su cargo la operación de tres estaciones actuales en la RN 7: Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna.
Además, deberá instalar cuatro nuevas que operarán bajo el sistema free flow (sin barrera, con cobro electrónico): Malena, Chacabuco, Rufino y Laboulaye. Las dos primeras en Buenos Aires, la tercera en Santa Fe y la última en la provincia de Córdoba. Asimismo, el pliego dice que existe la posibilidad de proponer nuevas estaciones, siempre que se ubiquen entre las estaciones existentes y respeten los requisitos de distancia mínima.
En el caso del Tramo Puntano, quien gane la concesión recibirá cuatro estaciones ya existentes en la RN 8: Larena (en el Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, Solís (en el Partido de San Andrés de Giles, también en Buenos Aires), Venado Tuerto (Santa Fe) y Sampacho (Córdoba). Estas plazas operarán de inmediato.
Además, la empresa estará obligada a “proyectar y construir” cuatro nuevas estaciones de peaje en la misma ruta, ubicadas en Maguire, Hugues, Canals y Reducción, la primera en Buenos Aires, la segunda en Santa Fe, y las dos últimas en Córdoba. También con sistema free flow.
En el caso del Tramo Centro, en lo que se refiere a la autopista RN 9, seguirán las estaciones en Carcarañá y James Craik, y la idea es que la concesionaria instale otra a la altura de Leones (en el kilómetro 454).
La ruta 19 pertenece a este tramo, pero la concesión estará en Santa Fe, hasta el límite con Córdoba. En esa ruta, la empresa que se adjudique la operación recibirá las cabinas en Franck (Santa Fe) y deberá instalar una nueva a la altura de San Francisco.
Desde allí y hasta la Ciudad de Córdoba, se entiende que la concesión será operada por Caminos de las Sierras cuando la obra esté concluida.
Según dicen los pliegos, el plazo de la concesión para los distintos tramos será de 20 años como mínimo, aunque los oferentes podrán proponer extenderlo hasta un máximo de 30 años, de acuerdo con las condiciones previstas.
El contrato contempla además mecanismos específicos para eventuales extinciones anticipadas o para la recomposición del equilibrio económico-financiero.
