Según lo redactado en el proyecto de ley, la medida busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención infantil en todo el país y asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos pediátricos. En la práctica, sin embargo, el foco real está puesto, sobre todo, en el hospital Garrahan.
La propuesta incluye recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, tecnología y mejoras salariales para el personal de salud. Ante esto, el presidente Milei advirtió sobre el riesgo de aprobar leyes que comprometan el equilibrio fiscal, apelando a la necesidad de evitar aumentos de gasto sin financiamiento, por lo que amenazó con vetar la ley. Pero ¿el problema del proyecto está en su impacto presupuestario?
La verdadera falla del proyecto de ley
El proyecto designa al Ministerio de Salud de la Nación como la autoridad de aplicación y coordinación, tanto en la ejecución como en el seguimiento de la ley.
Esto marca el núcleo del problema: la salud pública no es responsabilidad de la Nación, sino de las provincias. Así lo establecen la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, y lo confirma la realidad presupuestaria. El Ministerio de Salud nacional tiene un presupuesto total de 0,3% del PIB, de los cuales el hospital Garrahan recibe un 0,03%. En contraste, los ministerios de salud provinciales suman el 1,8% del PIB.
En otras palabras, la salud pública —incluida la pediátrica— se financia casi por completo con recursos provinciales. Sin embargo, las provincias ni siquiera son mencionadas en el texto del proyecto, lo que lo deja sin sustento técnico ni viabilidad práctica.
Tampoco el alcance es realmente nacional. Según datos del propio Garrahan, solo el 16% de sus pacientes provienen de fuera de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto refuerza la idea de que no se trata de una política nacional, sino de un enfoque centralizado que ignora la organización federal de la salud.
En resumen, el proyecto parte de un diagnóstico errado: atribuye a la Nación una responsabilidad que no le corresponde, excluye a las provincias y concentra la medida en un hospital cuya cobertura geográfica no justifica una intervención nacional.
¿Qué políticas sí pueden mejorar la salud pública?
La manera en que se ha planteado la discusión por la emergencia pediátrica muestra un profundo deterioro institucional. Pero no es un error puntual, es un reflejo más de la desconfiguración del régimen federal. Por eso es tan importante avanzar en un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional que establezca claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
Allí debe establecerse con precisión que la gestión y el financiamiento de la salud pública son exclusivos de cada provincia. El Estado nacional no debe financiar, comprar medicamentos ni administrar hospitales. Su papel debería limitarse a las funciones que se le delegaron (regular medicamentos, obras sociales y prepagas), y a medir y publicar los resultados sanitarios de cada jurisdicción.
En materia de gestión, los hospitales públicos deberían contar con personería jurídica y administración descentralizada para manejar recursos y tomar decisiones sin trabas políticas. El Garrahan, aunque tiene esta estructura, depende financieramente de la Nación, lo que condiciona su gestión. Sería más eficiente si su administración quedara en manos de su equipo médico, financiándose con aportes de obras sociales y prepagas para pacientes con cobertura, y de las provincias para quienes no la tengan.
En provincias sin hospitales pediátricos de alta complejidad, se podrían contratar servicios del sector privado o incluso del Garrahan, reconociendo que este no es el único hospital de referencia en el país.
*Economista de Idesa
