La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo de Franco Mondino, pidió este lunes la elevación a juicio contra el exconcejal y exfuncionario justicialista Guillermo Kraisman, en el marco de la causa que investiga la contratación de una supuesta “empleada fantasma” en la Legislatura provincial.
El fiscal lo considera probable autor responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.
En la misma resolución, solicitó también la citación a juicio de Luciana Castro, quien estaba a cargo de un polideportivo municipal y fue la mujer que acompañó a Kraisman a la sucursal del Bancor, en barrio General Paz, en un intento por cobrar el sueldo de la empleada contratada de la Legislatura Virginia Martínez. A Castro se la investiga como coautora del mismo delito que Kraisman.
El fiscal Mondino también acusó de falso testimonio agravado a Martínez, la mujer había sido contratada en diciembre de 2024 por la legisladora justicialista y vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, quien tras conocerse la detención de Kraisman aseguró que había ordenado la baja de la relación contractual debido a que Martínez no asistía a su trabajo.
El origen del caso
El expediente se inició en enero, cuando Kraisman y Castro fueron detenidos en una sucursal de Bancor intentando retirar cerca de un millón de pesos de la cuenta sueldo de Martínez, quien figuraba como empleada de la Legislatura pero que –según la investigación– nunca prestó servicios allí.
Martínez negó conocer a Kraisman o haber tenido vínculo laboral con la Legislatura, pero el fiscal Mondino detectó contradicciones en sus declaraciones, lo que derivó en la imputación por falso testimonio.
La Justicia también investigó a la madre de Martínez, Patricia Defunchio, quien tenía una relación con Kraisman como vecinos. Se siguió la pista si esta mujer fue quien habría facilitado un Documento Nacional de Identidad vencido a Kraisman, con el que intentó, junto con Castro, cobrar el salario en la entidad bancaria.
A fines de julio, el fiscal Anticorrupción, quien ya había indagado a Defunchio por ser presunta partícipe necesaria de tentativa de defraudación a la administración pública, pidió el sobreseimiento luego de la realización de una pericia psiquiátrica que determinó que es “inimputable”.
Pedido de Kraisman
El exconcejal ofreció en el marco de la investigación en su contra una reparación económica y solicitó la prisión domiciliaria, propuesta para que fuera evaluada por el juez de Control Penal Económico, Gustavo Hidalgo. Hoy el exconcejal está detenido en la cárcel de Bouwer.
El caso de Martínez, conocido como la “empleada fantasma”, generó que la Legislatura convocara en enero pasado a todo el personal a rubricar sus contratados.
Desde La Voz se realizó un pedido de Acceso de Información que continuó en una instancia ante la Justicia con el objetivo de conocer el personal contratado afectado a tareas en la Legislatura. Finalmente, en mayo último la Unicameral completó un listado de los agentes en relación de dependencia y áreas en las que reportaban. Esa fue la última publicación en el Portal de Datos Abiertos de la Unicameral, que hasta la fecha no fue actualizada.
